A través de su misión permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), el pasado 9 de julio Venezuela presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares la versión editada de la petición de control judicial, donde se aportan datos relevantes de cara al proceso de examen preliminar al que está siendo sometido el país, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

«En lo que nos parece una decisión acertada, estamos convencidos de que este documento demostrará que los argumentos jurídicos en lo que se basó la petición de control judicial, justifican suficientemente el requerimiento y ofrecen elementos clave para normativizar la complementariedad que vienen demandando las autoridades venezolanas», reza parte del comunicado divulgado por el fiscal en Twitter.

En el documento se aboga por la instalación de «un debate» cuyos resultados impactarían positivamente «a los demás países que se hallen en una situación similar de falta de interlocución y acceso a los materiales que la Fiscalía (de la CPI) maneja en esta fase del procedimiento ante la Corte Penal Internacional».

De otra parte, en nombre del Estado venezolano, Saab puntualizó que aunque la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, alegó que sostuvo «al menos siete reuniones» con la representante permanente de Venezuela en La Haya, «dichas reuniones no se trataron en ningún caso de diálogos sustantivos en el marco de la complementariedad positiva», dado que en ninguna ocasión la Fiscalía orientó o indicó aspecto alguno de las investigaciones «o sobre reformas o medidas a aplicar en Venezuela, limitándose a la recepción de toda la información suministrada por el Ministerio Público y aplazando cualquier diálogo a una fase posterior de investigación».

Esto sucedió, según relató el funcionario, a pesar de que otras instancias de la CPI, como la Sala de Cuestiones Preliminares, reconoció en sus resoluciones «la indiscutible productividad de Venezuela en la prestación de una cooperación fructífera.

(LaIguana.TV)

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