En la edición 334 de su programa Desde Donde Sea, transmitido la noche de este jueves 15 de junio, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela presentó una radiografía de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), el brazo financiero de Washington para la desestabilización en América Latina, particularmente en países como Cuba, Venezuela o Bolivia.
Ladrón que roba a ladrón…
Para iniciar la discusión, compartió una ilustración del artista venezolano Iván Lira, en la que se muestra a Guaidó abrazando un saco de dólares, acompañado por la viñeta: «Guaidó no se aferra al poder sino a la corrupción», lo que en su juicio es un indicio de que el interés del político ultraderechista no es conquistar el poder político en Venezuela, sino conseguir dinero, razón por la cual impera preguntarse de dónde salen esos fondos.
Seguidamente, compartió fragmentos de un trabajo periodístico publicado en el portal de LaIguana.TV intitulado: «Fraude? USAID desconoce qué hizo Guaidó con 98% del dinero de la ayuda humanitaria a Venezuela».
Así, indicó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) criticó a través de un informe la gestión de los fondos destinados a supuesta ayuda humanitaria en Venezuela, entregados al exdiputado Juan Guaidó.
Específicamente, puntualizó que aunque el documento titulado «Procesos Mejorados y Requerimientos del Implementador Necesarios para los Desafíos y Riesgos de Fraude en la Respuesta de USAID con Respecto a Venezuela», fue publicado en abril pasado, apenas en los últimos días, los medios locales venezolanos han publicado algo al respecto.
En el texto también se menciona que, de acuerdo con la USAID, su financiamiento ascendió a 507 millones de dólares para los años fiscales 2017-2019, de los cuales 260 millones de dólares se destinaron a la «asistencia humanitaria» y 247 millones a la «asistencia al desarrollo».
Estos fondos se le otorgaron a la oposición venezolana para que los invirtiera en su país. Otras naciones, como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago también recibieron dinero de la institución estadounidense, pues a su juicio, dan «respuesta a la crisis regional de Venezuela».
El comunicador enfatizó que de estos cuantiosos montos, nunca llegaron a Venezuela, como tampoco llegó la asistencia humanitaria de la USAID que debía tramitarse a través de Colombia y que fue repartida, finalmente, entre este país y Somalia.
En ese orden, detalló que la asistencia humanitaria fue administrada por la oficina de asistencia para desastres en el extranjero de Estados Unidos (OFDA, por sus siglas en inglés), la oficina de Alimentos Para la Paz (FFP) y la Oficina para América Latina y el Caribe (Oficina LAC) de la USAID.
En particular, en el informe, la USAID hace referencia a un caso puntual y señala que la OFDA y FFP gastaron aproximadamente 2 millones de dólares para comprar y transportar 368 toneladas métricas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia y Venezuela y Curazao, entre febrero y abril de 2019.
En este punto, Pérez Pirela contrastó la desaparición de estos fondos, con la vida de lujos que viven personeros del ala antidemocrática que residen en el extranjero, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges o Miguel Pizarro y especuló que acaso se financiaba con ese dinero.
Especificó, asimismo, que en el reporte de la USAID se señala que «para agosto de 2019, solo se entregaron 8 toneladas métricas de productos a Venezuela, y las 360 toneladas métricas restantes se distribuyeron dentro de Colombia o se enviaron a Somalia», lo que en términos prácticos significa que apenas un 2 % de la ayuda humanitaria llegó a manos de los supuestamente necesitados, mientras que el 98 % restante tuvo usos distintos a sus propósitos originales.
Según la agencia estadounidense, también se firmó «un acuerdo de subvención en especie» con Guaidó en febrero de 2019 para proporcionar 334.000 dólares en artículos humanitarios para que serían transportados desde Cúcuta, Colombia, hasta Venezuela. Estos insumos, enfatizó, jamás llegaron a territorio venezolano.
El intento de ingresar esta presunta ayuda humanitaria, recordó el analista, ocurrió el 23 de febrero de 2019, pero un día antes, el Gobierno venezolano ordenó el cierre de la frontera debido a amenazas de acciones militares y ante lo que el presidente Nicolás Maduro catalogó como un «show barato».
Así, continuó relatando, en la frontera colombovenezolana se usó este supuesto intento de ingresar ayuda humanitaria hacia Venezuela, para intentar invadir el país con paramilitares y militares venezolanos desertores, mientras se sucedía un concierto.
Ese día, agregó, uno de los camiones fue quemado y la oposición venezolana se lo atribuyó a la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, luego se descubrió que se trató de un falso positivo, puesto que el incendio fue provocado por los mismos opositores apostados en el lugar, como puede constatarse en videos tomados desde el sitio.
Asimismo, en su reporte, la USAID reprochó que «no todos estos productos humanitarios se colocaron previamente sobre la base de evaluaciones de necesidades». Por ejemplo, añade, se incluyeron alimentos complementarios listos para usar que la OFDA y la FFP «ya habían determinado que eran innecesarios, porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento».
El día del supuesto ingreso de la ayuda humanitaria, el canal colombiano NTN24 difundió una versión en la que bombas lacrimógenas disparadas por las fuerzas del orden de Venezuela, a pesar de que las imágenes que transmitían en vivo mostraban que manifestantes de la oposición incendiaban con gasolina.
El experto destacó que este no es el primer escándalo en torno a recursos manejados por Guaidó y otros dirigentes opositores venezolanos, pues a mediados de junio de 2019 se hizo público el denominado caso ‘Cucutazo’, en el que representantes de Guaidó se apropiaron de fondos para la ayuda humanitaria, proveniente de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta.
¿intervención disfrazada? La verdad detrás del ‘Live Aid’ Venezuela
De este modo, explicó el analista, con la supuesta premisa de recaudar fondos para el envío de «ayuda humanitaria» a Venezuela y bajo una gran promoción comercial y mediática, se llevó adelante el 22 de febrero de 2019 en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, el concierto ‘Live Aid Venezuela’ organizado por el magnate británico Richard Branson.
El evento contó con la presencia de más de 15 cantantes internacionales y coincidió con el cínico ultimátum establecido por Guaidó, que fechó para el sábado 23 de febrero de 2019 el ingreso al país de un cargamento de «ayuda humanitaria» proveniente de Estados Unidos a través de la USAID y el departamento de Estado, que permanecieron acopiadas en un almacén en las inmediaciones del puente internacional de Tienditas, escenario del megaconcierto.
Se trata, en opinión de Pérez Pirela, de la vez que más cerca estuvieron estos agentes de invadir a Venezuela. En ese entonces, el autoproclamado «presidente encargado» Juan Guaidó anunció en febrero de 2019 la creación de una “coalición de ayuda humanitaria” coordinada entre la USAID y los gobiernos de Colombia, Brasil y Curazao, junto a una red de «voluntarios», con la que se pretendía, según él, garantizar el ingreso de las donaciones a Venezuela.
Personeros como el opositor Ismael García, amenazaron desde el centro de acopio: «Esto lo vamos a meter pase lo que pase y cueste lo que cueste y en el mismo sentido se pronunció Léster Toledo, representante designado por Guaidó para la logística de la distribución, que detalló que las cargas ingresarían en la nación suramericana a través de Cúcuta, Colombia; Roraima, Brasil; y desde Curazao en «una flotilla de barcos» hasta el estado venezolano de Falcón.
Del lado estadounidense, el comunicador trajo a colación las declaraciones de Steve Olive, funcionario estadounidense de la USAID para América Latina, quien indicó que el organismo tenía planes de participar y supervisar la entrega «una vez que sea seguro».
En el mismo orden, el propio director de la USAID, Mark Green, al ser consultado sobre cuál sería la respuesta de Estados Unidos si fallaban los planes para distribuir la «ayuda», expresó en línea con declaraciones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que «todas las opciones están sobre la mesa» para Venezuela.
A contrapelo de la conducta que exhibieran los artistas que respondieron al llamado de Branson, Roger Waters, legendario músico británico fundador de Pink Floyd, rechazó la realización del concierto en la frontera colombo-venezolana. «No tiene nada que ver con ayuda humanitaria», aseguró.
«Esto tiene que ver con Richard Branson y no estoy sorprendido por ello, habiéndose unido a Estados Unidos” en su afán “de apropiarse a Venezuela, por cualesquiera sean las razones”, las cuales “no tienen nada que ver con democracia, nada que ver con libertad y nada que ver con ayuda», fustigó Waters en un video difundido a través de las redes sociales.
Al otro lado del péndulo, Pérez Pirela comentó que varios de los artistas convocados, entre ellos Juanes, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Carlos Vives y Ricardo Montaner, también participaron en 2008 del concierto paz sin fronteras, luego de que la fuerza aérea de Colombia emprendiera la Operación Fénix, que contempló la incursión militar en territorio ecuatoriano y desató un conflicto diplomático.
La trama multiforme de corrupción e injerencismo que involucra a la USAID y al ala antidemocrática de la oposición fue reconocido por la propia agencia estadounidense, que en un documento oficial admitió que la «ayuda humanitaria» de 2019 en realidad pretendía derrocar al presidente de Venezuela.
Por ese motivo, Pérez Pirela citó extensamente el artículo «USAID admite que la ‘ayuda humanitaria’ de 2019 perseguía un cambio de gobierno en Venezuela», publicado en el portal de LaIguana.TV en el que se aportan detalles sobre esta nueva injerencia estadounidense, salpicada, además, de corrupción: «El cargamento de insumos que pretendió ingresar esa agencia estadounidense a Venezuela el 23 de febrero de 2019 usando como pretexto brindar ‘ayuda humanitaria’ al pueblo venezolano, perseguía en realidad conseguir el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro».
El texto añade que: «En un trabajo investigativo del periodista Joshua Goodman para The Associated Press (AP), se detalla que el informe ‘plantea dudas sobre si el envío de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían’. ‘El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión sobre Maduro en vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la necesitaban’, sintetiza Goodman».
Uno de los puntos más polémicos del reporte es que se cuestiona que la carga arribó a Colombia en aviones C-17 de la fuerza aérea en lugar de opciones comerciales más económicas que estaban disponibles, destaca AP, según el artículo citado por Pérez Pirela.
«Para impulsar a Guaidó, la USAID —creyendo que maduro se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas— recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para distribuir las provisiones’, refiere la agencia estadounidense. En su lugar, recibió fondos ‘un organismo venezolano sin fines de lucro’ –cuyo nombre no trascendió en el reporte–, ‘con base parcial en su alineación con la política exterior de Estados Unidos, a pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia’, lo que se compadece con las denuncias relacionadas con los manejos dolosos de los fondos recabados para prestar ‘ayuda humanitaria’ al pueblo venezolano surgidas en el seno de la oposición», precisa la nota.
La USAID el brazo financiero de EEUU para la desestabilización regional
Miguel Ángel Pérez Pirela resaltó que esta no es la primera vez que la polémica agencia es señalada de injerencia por un gobierno extranjero. Así las cosas, es pertinente dilucidar de qué se encarga y cuál es su verdadero papel.
Explicó entonces que la USAID fue creada por una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy en 1961, luego de que el mandatario pensara que hacía falta «una oficina que se encargara de administrar la ayuda a países extranjeros, para promover el desarrollo social y económico», según se lee en su página web.
Cinco décadas más tarde, la agencia dispone de más o menos el 1% del presupuesto federal que le asigna el Congreso para «prestar ayuda» y gobiernos de distintos países la han acusado de injerencia en los asuntos internos de las naciones, puntualizó.
Citada por la BBC, la revista Foreign Policy recuerda en un artículo que durante las décadas de 1960 y 1970, la agencia se asoció con la ahora clausurada Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento señalado de formar a cuerpos de seguridad extranjeros en «técnicas de terrorismo y tortura».
En este sentido, refirió que aunque la USAID siempre ha negado participación en este tipo de actividades, en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa, debido a que tales acusaciones estaban dañando la imagen pública de Estados Unidos, mas en el precitado artículo se señala que «cuando el programa fue cerrado, la USAID ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia y otros países que ahora son tristemente célebres por su trato a los disidentes políticos».
En épocas más recientes, las actividades de intromisión por parte de Estados Unidos han sido denunciadas no solo por Cuba, sino también por países como Venezuela, Bolivia y Rusia.
Esta misma semana, el largo brazo de la USAID se hizo sentir nuevamente, con la campaña #SOSCuba, con el que pretende para socavar al gobierno de la isla y a este respecto, señaló que el canciller Cubano, Bruno Rodríguez, retó a Washington a desmentir que una compañía asentada en Miami (Florida), que promovió la reciente campaña mediática contra la isla con apoyo de la red social Twitter, habría recibido financiamiento por parte del Gobierno estadounidense a través del departamento de Estado o de la USAID.
Además de gobernantes, indicó el especialista, académicos como George Ciccariello-Maher, profesor de la Facultad de Historia y Política de la Drexel University han vinculado a esta agencia estadounidense y a otras relacionadas, de injerir en asuntos de otros países, particularmente de Venezuela.
Así, Ciccariello-Maher explicó a la BBC que «lo que ha hecho la USAID, al igual que otras organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), es proveer una especie de cubierta para que el departamento de estado financie directamente actividades de la oposición venezolana, incluso a organizaciones que estuvieron vinculadas con el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez».
Según el académico, el IRI jugó un papel importante en la creación del partido opositor venezolano Primero Justicia, de donde salieron los dirigentes Henrique Capriles y Leopoldo López.
«Con la llegada de Chávez al poder –que coincidió con la desintegración de los partidos políticos tradicionales–, Estados Unidos se dio cuenta de que la oposición necesitaba un vehículo político y comenzó a financiar y organizar entrenamientos para perfeccionar a estos líderes», asegura el profesor.
Los atentados de la USAID en Cuba son de larga data, pues, refirió el también director de LaIguana.TV en 2009, las autoridades cubanas arrestaron al empresario Alan Gross que luego fue sentenciado a 15 años de prisión por «actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado», al intentar ofrecer acceso a internet a opositores como parte de un programa financiado por la USAID.
Tres años después, Rusia expulsó a la agencia de su territorio por «intentos de influenciar los procesos políticos a través de sus programas» y en 2013, el entonces presidente boliviano Evo Morales acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y «seguir conspirando» contra su gobierno.
Más recientemente, este domingo 11 de julio, Morales alertó que está en marcha un nuevo Plan Cóndor que atenta contra los procesos democráticos, la libre determinación de los pueblos y la voluntad de las mayorías.
La alerta del líder boliviano tiene lugar tras la denuncia del Gobierno del presidente Luis Arce de que los exmandatarios Lenín Moreno, Ecuador, y Mauricio Macri, Argentina, apoyaron el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en noviembre de 2019, explicó el comunicador venezolano.
En opinión de Morales, añadió, Estados Unidos no perdona a Bolivia por la capacidad que tuvo de recuperar sus recursos naturales, nacionalizar sus empresas estratégicas y de cerrar la base militar estadounidense en Chimoré, ubicada en la provincia de José Carrasco, en el departamento de Cochabamba.
En general, dijo para cerrar la radiografía de la USAID, se ha sugerido que esta agencia funciona como un frente civil de la CIA que lleva a cabo operaciones secretas.
Los otros «guisos» de Guaidó I: la Fundación Simón Bolívar
El autodenominado «gobierno interino», liderado por Guaidó, además de la ayuda humanitaria, maneja fondos de las empresas públicas venezolanas en el exterior, entre ellas, Citgo Petroleum Corporation y Monómeros Colombovenezolanos, pero hasta ahora no ha presentado cuentas sobre el uso de esos recursos en ninguna instancia.
Por esto, Pérez Pirela no pudo dejar de mencionar que la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y otros países sobre Venezuela, ha afectado al país de muy diversas formas, pero destaca en particular el ámbito sanitario, como precisara Jorge Artigas, asesor jurídico internacional de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), al ser entrevistado el periodista Michel Caballero para su programa «Las Reglas del Juego», que se transmite en las plataformas de LaIguana.TV.
En este caso en particular, el representante jurídico de Fundalatin sostiene que la usurpación de funciones de Juan Guaidó ha jugado un rol estelar, pues el control que ejerce sobre Citgo, filial estadounidense de petróleos de Venezuela (PDVSA), además de derivar en un latrocinio sin precedentes sobre los activos del Estado venezolano, ha comprometido la salud y la vida de 141 niños cuyos tratamientos médicos eran subvencionados a través de la Fundación Simón Bolívar.
Por si ello no bastara, Artigas refiere que Fundalatin ha computado el lamentable deceso de 10 niños del grupo de 141, que murieron esperando a que quienes manejan la Fundación Simón Bolívar, designados írritamente por Guaidó, aprobaran los recursos necesarios para sufragar los gastos de sus intervenciones quirúrgicas. Además, los familiares de los restantes 131 menores recibieron una notificación en la que se les advierte que hasta el venidero 31 de julio de 2021 serán beneficiarios del programa subvencionado con fondos de Citgo.
Para el abogado, el responsable directo de estos decesos y de los que puedan producirse en el futuro dentro del grupo de afectados, no es otro que el exparlamentario venezolano, ello a pesar de que no le asiste legitimidad alguna para «arrogarse representación sobre bienes de la República y de ninguna manera de carácter de representación» sobre sus los intereses.
En opinión de Pérez Pirela, esta actuación, que podría calificarse de inhumana, encuentra explicación cuando se exponen las razones reales por las cuales Juan Guaidó y el grupo que le secunda se habrían aprestado a echar mano de la lucrativa empresa de refinación venezolana en los Estados Unidos –el principal activo del Estado venezolano en el extranjero–, cobijados bajo el ala de la administración Trump. O, más precisamente, para servir de instrumento para que Washington se apoderara de la compañía a partir de argumentos leguleyos.
Sobre esto, trajo a colación los reportes del Gobierno de Venezuela en los que se sostiene comprobadamente que, tras su autoproclamación en 2019, Guaidó y sus socios consiguieron apropiarse indebidamente de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano o bien facilitaron con sus acciones la pérdida de la riqueza nacional, enarbolando siempre las banderas de la lucha por la libertad y la democracia.
A modo de ilustración, relató que en octubre de 2020, el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que dineros provenientes de la refinadora venezolana habían sido usados para la desestabilización, para sufragar gastos personales, para adquirir bienes de lujo y para atentar contra la integridad de dirigentes del chavismo a través de fuerzas paramilitares.
Entonces, para sustentar sus acusaciones, Rodríguez mostró ante las cámaras conversaciones del periodista y militante de Voluntad Popular –grupo sedicioso de extrema derecha al que pertenecen tanto Juan Guaidó como Leopoldo López– Roland Carreño, en las que se da cuenta del desvío de fondos de la Fundación Simón Bolívar, brazo social de Citgo, para financiar las actividades antes mencionadas.
Estas actividades, de acuerdo con el parlamentario, iniciaron con la designación en 2019 de Mariela Poleo, la pseudofuncionaria que hizo posible la articulación de esta trama de corrupción, en desmedro de niños que esperaban por el pago de tratamientos médicos costosos.
«Utilizaron la fachada de construcción de hospitales, de la ayuda a niños, pero en realidad utilizan el dinero para proselitismo político (…). El dinero de la Fundación Simón Bolívar, que hubiese servido para cancelar el tratamiento para niños con leucemia, trasplantes de pulmón, etcétera, era traspasado a la Fundación Futuro Presente de Yon Goicoechea en Colombia, para planificar acciones contra Venezuela», aseguró Jorge Rodríguez en aquel momento.
A modo de contexto, refirió que la Fundación Simón Bolívar fue establecida en 2005 durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y tenía como funciones desarrollar campañas de apoyo a personas de escasos recursos en los Estados Unidos, a través de un programa que se materializó tras el paso de los huracanes Rita y Katrina, así como atender casos de enfermedades catastróficas en niños venezolanos que implicaran trasplantes de médula espinal, hígado o pulmón.
Especificó también que entre 2005 y 2013, el Gobierno Bolivariano, en colaboración con Citizen Energy Corporation, una organización sin fines de lucro fundada por John Kennedy II, Citgo Petroleum distribuyó 860 millones de litros de gasoil a dos millones de estadounidenses entre 2005 y 2013.
Los otros «guisos» de Guaidó II: el robo de Citgo
Entreverado con el caso de la Fundación Simón Bolívar y acaso como botín mayor, pero del Gobierno de los Estados Unidos, está la propia Citgo, hoy a punto de ser liquidada, gracias a la inestimable cooperación que prestada por Juan Guaidó y sus agentes.
En este respecto, relató que a inicios de enero de 2021, un juez federal de los Estados Unidos ordenó la venta de los activos de Citgo y de su casa matriz, PDV Holding, aduciendo el pago de una presunta deuda contraída por el Estado con la transnacional minera canadiense Crystallex por el orden de los 1.400 millones de dólares.
Además, especificó que en esto que ya parece un triste desenlace para Venezuela, jugaron un papel estelar pseudofuncionarios designados por Guaidó en su gobierno de usurpación, como es el caso de su expseudoprocurador, José Ignacio Hernández, que antes de actuar en la defensa de los intereses nacionales, estaba al servicio de Crystallex, que es en este caso la parte acusadora y beneficiaria directa del expolio.
En el fallo, Leonard Stark juez responsable de la causa contra Citgo, alegó que «cada día que Crystallex no recibe una compensación a su demanda, es una posible afrenta al sistema judicial estadounidense» y, de otro lado, indicó que para que este dictamen pueda entrar en vigor, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe emitir una licencia especial en favor de Crystallex que autorice la venta de activos de PDV Holding, casa matriz de Citgo y sobre la que pesan medidas coercitivas unilaterales.
El analista apuntó que en este caso media además el aprovechamiento de una disputa no resuelta en los tribunales internacionales –donde el favoritismo hacia los intereses de la Casa Blanca suele ser la norma–, que se remonta a 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expropió Las Cristinas, una mina aurífera que había sido otorgada en concesión a la minera canadiense.
Esta situación acabó por llegar al tribunal del Banco Mundial, que a través de un laudo arbitral, ordenó al Estado venezolano el pago de 1.200 millones de dólares por compensación y finalmente, fue a parar a las manos de la justicia estadounidense.
Por su parte, señaló el experto, el Gobierno venezolano rechazó el proceso judicial desarrollado en los Estados Unidos, reiteró el robo de la empresa y calificó la venta de acciones que fuera ordenada por el juez Stark como una «aberración jurídica».
Asimismo, Caracas responsabilizó a Guaidó y a su expseudoprocurador, José Ignacio Hernández, por haber concebido un entramado pseudojurídico para apropiarse de los activos de Venezuela, al tiempo que denunció que al país se le había impedido ejercer una defensa efectiva, puesto que no se permitió que funcionarios debidamente calificados asumieran el caso, con la excusa de las sanciones.
El Gobierno Bolivariano también acusó a la administración de Donald Trump de poner en marcha una serie de «recursos leguleyos», por medio de los cuales Washington logró apropiarse de los activos de Venezuela.
En se momento, indicó el analista, Juan Guaidó aseguró que las órdenes que emitiera Washington sobre Citgo perseguían «proteger el activo» y ante el robo casi consumado, justificó el decurso de los acontecimientos, acusando al Gobierno de Venezuela de haber cometido acciones ilegales cuando expropió Las Cristinas y de no haber defendido efectivamente a PDVSA.
A su parecer, el Gobierno Bolivariano parecía estar consciente de la llegada de «puertas giratorias gringas» a Citgo, pues en junio de 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió a la población venezolana y a la prensa: «No crean que nuestros activos financieros que han sido congelados están en cuentas, no. Muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal».
Rodríguez demostró que en estas operaciones de saqueo imperialista fue necesaria la cooperación de Juan Guaidó y divulgó un audio en el que se demostraba la vinculación de José Ignacio Hernández y el presidente del Banco Mundial, quienes acordaron actuar en complicidad en perjuicio de los activos de Venezuela.
En esa misma ocasión, la funcionaria aludió a un pacto suscrito entre los dirigentes de la oposición extremista Henry Ramos Allup, Leopoldo López y Juan Guaidó para conspirar contra PDVSA. Ricardo Ramos, hijo de Ramos Allup, hizo parte de la conspiración, que estaba dirigida por Hernández, remató Pérez Pirela.
De otra parte, comentó que una vez anunciada la liquidación de Citgo, el Estado venezolano emitió órdenes de captura y congelamiento de cuentas para José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, quienes fueron designados ilegítimamente por Guaidó para ejercer funciones directivas en la compañía, razón por la cual el Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, anunció que a ambos se les imputan los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, asociación y obstrucción de la justicia y se les impuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de cuentas.
Además, Saab respaldó a la cancillería, pues indicó que al autoproclamarse presidente encargado, Juan Guaidó impidió a la justicia venezolana ejercer la defensa frente a Crystallex y rechazó la creación de instancias artificiales con las cuales pretendió crearse un estado paralelo, cuyo propósito era apropiarse de los bienes del país.
A pesar de que aún no ha logrado consumarse la liquidación de la compañía venezolana, Estados Unidos parece empeñado en arrebatar todo cuanto pueda del capital de una empresa que ha caído en picada bajo la administración de los aliados de Guaidó. Es decir, puntualizó Pérez Pirela, antes de liquidarla, pretenden quebrarla.
Así, el pasado 19 de junio, el departamento de Justicia reportó en un comunicado que Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela asentada en la ciudad de Houston, acordó pagar al fisco estadounidense una indemnización de 19,6 millones de dólares por el daño ambiental que sufriera la cuenca del río Calcasieu desde que la compañía instalara un mecanismo de tratamiento de aguas residuales procedentes de su refinería de Lake Charles en 2006.
El supuesto «acuerdo», explicó, en realidad implica una admisión de culpabilidad que se traduce en la disminución del monto de la multa impuesto a la empresa refinadora, que además tendrá que sufragar los gastos asociados con «la evaluación de lesiones pendientes de pago de los fideicomisarios», cuyo monto supera los 528.000 dólares.
Para concluir, indicó que desde que Citgo se encuentra bajo el control de Juan Guaidó, ha reportado pérdidas en el orden de los 871 millones de dólares. Solamente en el primer trimestre de 2021, la compañía, que corre el riesgo de ser rematada en favor de un fondo fiduciario heredero de la minera canadiense Crystallex, registró 180 millones de dólares en mermas, de acuerdo con una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos e investigación La Tabla, basada en los informes oficiales de la empresa.
Según lo reseñado por La Tabla, la «administración» designada por Guaidó anunció que haría frente a las dificultades financieras, recortando beneficios a los empleados.
(LaIguana.TV)
