El fiscal de la capital, Berd-Ford Claude, emitió el 15 de julio una prohibición de salida del país contra cuatro de los principales responsables de seguridad presidencial, a los cuales calificó de presuntos asesinos del jefe de Estado, Jovenel Moïse.
«Se les prohíbe salir del territorio Nacional por aire, mar y tierra por serias sospechas de asesinato del presidente de la República Jovenel Moïse», reza la misiva enviada por Claude, al director de Inmigración y Emigración, Joseph Cianciulli.
La disposición afecta a Dimitri Hérard, responsable de la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional, Léandre Pierre Osman, inspector principal de la Unidad de Seguridad Presidencial, Amazan Paul Eddy, jefe de la Unidad Anti-Emboscada, y el coordinador general de Seguridad Presidencial, Jean Aguel Civil.
Los oficiales debieron comparecer esta semana en el Palacio de Justicia, para esclarecer su participación en el ataque que provocó la muerte del mandatario durante la madrugada del 7 de julio, sin embargo, no se presentaron.
Hérard envió una carta al Ministerio Público en la cual explicó que estaba sujeto a medidas cautelares dictadas por la Inspección General de la Policía.
El director de la Policía, León Charles, confirmó en conferencia de prensa el 15 de julio que se abrió una investigación administrativa que debe arrojar luz sobre el accionar de los agentes durante el magnicidio.
Por ese archivo se tomaron 24 medidas cautelares contra policías, y cuatro de ellos se encuentran en aislamiento, aunque no detalló si están encarcelados.
Charles declaró también que la Inspección General realizó 27 audiencias como parte de la investigación, aunque no comunicó ningún resultado concreto.
El mandatario fue baleado en su residencia de Puerto Príncipe, presuntamente por un comando armado integrado por 28 personas, de ellos 26 colombianos.
La Policía arrestó a 21 sospechosos, entre ellos uno de los cabecillas del crimen, el médico haitiano Christian Enmanuel Sanon, con vínculos con la empresa CTU Security, que supuestamente reclutó a los mercenarios y la consultora Worldwide Capital Lending Group, señalada como la que financió la operación.
(Sputnik)
