¿Están a salvo las reservas soberanas de cualquier Estado en el Banco de Inglaterra? Este dilema afronta el Tribunal Supremo británico en el pulso de Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el oro venezolano, según expone a Sputnik Leigh Crestohl, abogado en Londres del presidente chavista.

El enfrentamiento entre Maduro y la oposición venezolana liderada por Guaidó alcanzará un pico judicial la semana próxima en Londres. Cinco jueces del Supremo del Reino Unido escucharán, en audiencias orales a partir del lunes 19 de julio, a los representantes legales de un caso «desafiante, inquietante y problemático», según describe Crestohl, socio en la asesoría legal Zaiwalla, en una entrevista telefónica.

Precedente mundial

En liza está el futuro de 23 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. Ambas partes reclaman el control y la entrega de los estimados mil millones de dólares –y una partida adicional de 125 millones que retiene el Deutsche Bank– a través, respectivamente, del consejo de administración del Banco Central Venezolano (BCV), nombrado por Maduro en 2018, y de la junta ad hoc, designada posteriormente por Guiadó.

Pero la apelación ante el Supremo, que interpuso el bando opositor y en la que intervendrá directamente el Gobierno británico, puede tener consecuencias de más largo calado, según advierte el especialista en litigios internacionales.

«El Tribunal se enfocará en los puntos legales y no creo que cargue un peso excesivo en las cuestiones políticas. Pero, al mismo tiempo, los jueces tendrán en mente el impacto potencial de este caso en la escena internacional, en futuros casos con diferentes países, líderes y recursos«, señala Crestohl.

El precedente que sentarán los cinco jueces lores es particularmente importante dado los hechos y cuestiones suscitadas por este duelo eminentemente político. Los abogados de Guaidó defienden la aplicación de la llamada «doctrina de Estado» por la que sus acciones y decretos –entre ellos, el nombramiento de la junta ad hoc del BCV– no pueden juzgarse en un país cuyo Gobierno le reconoce como «presidente constitucional interino».

Por encima de la ley

El despacho Zaiwalla no solo disputa el alcance del reconocimiento del Gobierno del Reino Unido, sino advierte también que la Sala Constitucional del Supremo venezolano denegó la autoridad y los poderes que Guaidó se atribuye en función a su anterior cargo como presidente de la ya disuelta Asamblea Nacional de 2015. Implica, según Crestohl, que el opositor pretende «estar por encima de la ley» en ambas jurisdicciones y que una declaración política daría luz verde a la «confiscación de activos sin recurso a la justicia».

«Es muy preocupante. Si esa interpretación es la correcta, a la mayoría de Estados les inquietará guardar sus reservas en Londres, porque efectivamente podrían ser confiscadas sin ningún control de la judicatura«, sostiene el experto canadiense.

El canciller británico, Dominic Raab, se adhiere a la posición anunciada por su antecesor, Jeremy Hunt, en febrero de 2019: «El Reino Unido reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, hasta que pueden celebrarse elecciones creíbles». El ministro reiteró su postura en un tuit del pasado 13 de julio en el que condena el arresto del también opositor Freddy Guevara y la «intimidación del presidente interino». En el mismo mensaje denuncia al «ilegítimo régimen de Maduro» y pide «elecciones justas y libres» para «poner fin a la crisis de Venezuela».

Lejos de la realidad

«Es lamentable que se sintiera obligado a hacer este tipo de declaraciones en vísperas del juicio. Tiene ecos de la decisión gubernamental de hace dos años, pero realmente le lleva a uno a enfocarse en la realidad sobre el terreno. Suena más absurda cuanto más la repite y más tiempo pasa, cuando uno se apercibe de que Guaidó ya no es diputado, su partido ni se presentó a las elecciones y su reclamación como presidente interino constitucional es incluso más tenue que entonces«, expone el socio de Zaiwalla.

El asesor legal recuerda que la Unión Europea y diversos países le retiraron el trato de presidente provisional, pero «el Reino Unido no parece haber registrado los cambios y su posición es menos realista que en el pasado».

Confía en una decisión favorable del Supremo, que ratifique la aparente estrategia dual del Gobierno conservador de reconocer a Guaidó como «presidente de jure» y tratar a Maduro como «presidente de facto».

«El Gobierno de Maduro retiene el control del país, el control del BCV y debería seguir controlando sus reservas, aunque estén en Venezuela o en el extranjero, a fin de que puedan utilizarse en beneficio de los venezolanos que afrontan la pandemia», subraya Crestohl.

(Sputnik)