Más de una semana después de que la Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo  (Usaid, por sus siglas en inglés) admitiera en un informe que desconoce qué hizo el pseudogobierno de Juan Guaidó con el 98% de los fondos entregados por concepto de ayuda humanitaria, el exparlamentario salió al paso de las acusaciones de malversación que se ciernen sobre él, asegurando que se trata de una operación de propaganda adelantada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En su mensaje, que intentó ser respuesta a la demanda de una usuaria de Twitter con base en lo sostenido por la Usaid, alegó que la situación era efecto de una supuesta censura mediática y compartió capturas de pantallas de diversos organismos que, sostuvo, se habrían encargado de administrar los montos otorgados por la agencia estadounidense.

En primer término, recuperó un trino de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios en Venezuela (Ocha, por sus siglas en inglés), en el que se precisa que 1,9 millones de personas recibieron «algún tipo de ayuda humanitaria en los primeros cinco meses de 2021» y que «133 organizaciones han implementado proyectos en los 355 municipios».

En otra captura de pantalla se detalla que a través de programas de la ONU, Venezuela recibió asistencia en inmunizaciones, material médico y medicamentos.

Sin poner en cuestión las cifras aportadas por la Ocha, las agencias de Naciones Unidas tramitan las ayudas humanitarias con los gobiernos de los países y no con particulares, por lo que, en todo caso, los beneficios que habrían recibido venezolanos en situaciones de vulnerabilidad se deberían a las gestiones de la administración del presidente Nicolás Maduro y no de él.

En lo que corresponde concretamente a los dineros aprobados por su pseudogobierno para el bono Héroes de la Salud, el exfuncionario aportó como pruebas de ejecución «transparente» de los recursos, un par de reseñas aparecidas en medios de comunicación que forman parte de su plataforma política y el testimonio de James Story, diplomático designado por Washington para manejar asuntos de Venezuela desde Colombia.

Finalmente, en un intento por deslindarse de los manejos dolosos del dinero de la Usaid en los que presuntamente habría incurrido la dirigencia opositora, indicó que, según el informe de la organización, los 500 millones de dólares bajo escrutinio se habrían otorgado entre 2017 y 2019, en unas fechas en las que él no ejercía el «interinato».

Lo dicho por Guaidó es, cuando menos, parcialmente falso, pues según una investigación realizada por The Associated Press (AP) con base en un reporte realizado por el inspector general de la Usaid, se precisa que esa instancia «gastó dos millones de dólares entre enero y abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela» para fortalecer la posición del exdiputado Juan Guaidó, a quien Washington se aprestó a reconocer como «presidente interino» –figura no existente en la Constitución venezolana–, tras su autoproclamación en una plaza a inicios de ese año.

En el reportaje, firmado por el periodista Joshua Goodman, se destaca que el cargamento de insumos que pretendió ingresar esa agencia estadounidense a Venezuela el 23 de febrero de 2019 usando como pretexto brindar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano, perseguía en realidad conseguir el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Guaidó debía coordinar la distribución de las provisiones financiadas por Estados Unidos dentro de Venezuela, pero ello no fue posible, debido a que las fuerzas aliadas Maduro impidieron su ingreso. Previamente, Caracas advirtió que se trataba de un intento soterrado de golpe de Estado.

La Cancillería venezolana reaccionó a la publicación, recordando que «el Gobierno Bolivariano advirtió en febrero 2019 la falsedad del show de la supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos en Cúcuta» y destacando que «la propia Usaid reconoce que era parte de una operación política de cambio de gobierno».

En el texto elaborado por la Usaid también se menciona que el camión que incendiaron partidarios de la oposición contenía provisiones valuadas en el orden de los 34 mil dólares. Esta pérdida, combinada con que «en los meses siguientes», se perdió «la atención mediática» y se desvaneció «la lucha de Guaidó por derrocar a Maduro», hizo que Washington modificara «discretamente la ayuda».

«Para impulsar a Guaidó, la Usaid —creyendo que Maduro se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas— recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para distribuir las provisiones«, refiere AP.

De este modo, pese a que en sus trinos Guaidó alude a la Ocha, una de las agencias de Naciones Unidas, por decisión de la propia Usaid, su dinero no ingresó a Venezuela por esa vía, como pretendió hacer creer.

En su lugar, apunta la agencia de noticias, recibió fondos «un organismo venezolano sin fines de lucro» –cuyo nombre no trascendió en el reporte–, «con base parcialmente en su alineación con la política exterior de Estados Unidos a pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia», lo que se compadece con las denuncias relacionadas con los manejos dolosos de los fondos recabados para prestar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano surgidas en el seno de la oposición.

En su respuesta de este martes, Guaidó no especificó cuál fue la organización a la que la Usaid entregó los fondos de la ayuda humanitaria de febrero de 2019, a cuánto ascendió el monto de la ayuda y tampoco cuántas personas se beneficiaron, en qué fueron apoyadas y dónde estaban ubicadas.

En el informe de la Usaid usado por AP en su trabajo periodístico se reconoce que el traslado de insumos humanitarios hacia Venezuela, «no se condujo con pericia técnica ni se alineaba con los principios humanitarios de neutralidad, independencia y estar basada en la evaluación de las necesidades», razón por la cual la agencia estadounidense se vio obligada a reconocer que el objetivo de su investigación –que se prolongó casi un par de años– era ofrecer insumos «para abordar los desafíos y los ‘riesgos de fraude’ en su «respuesta (…) a la crisis venezolana».

(LaIguana.TV)

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