La mancha del ciberespionaje se extiende sin pausas sobre el mundo. Así lo corrobora el más reciente escándalo que involucra a la compañía israelí NSO Group y más específicamente a su software Pegasus, que fue adquirido por gobiernos de   20 países para interferir en las comunicaciones de políticos, periodistas, activistas de diversas causas y académicos.

Por ello y motivado por las primeras revelaciones de la investigación sobre este caso de cibervigilancia que realizaran conjuntamente Forbidden Stories y Amnistía Internacional, este miércoles 21 de julio, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela expuso ante la audiencia de su programa Desde Donde Sea los detalles que han trascendido de esta trama.

Pegasus, el software espía de nivel militar empleado para vigilar a ciudadanos

Para iniciar la discusión mencionó que el pasado fin de semana, diversos medios hicieron públicos los primeros hallazgos de una investigación periodística que revela una megatrama de ciberespionaje internacional a periodistas, políticos y personalidades y a su círculo más próximo.

La herramienta usada para estos fines fue Pegasus, un software espía de nivel militar creado por NSO Group, compañía con sede en Israel, que permitió infectar los celulares de las personas definidas como blanco, explicó el experto.

Refirió, asimismo, que de acuerdo con la cadena estadounidense CNN en español, NSO ha otorgado la licencia de su programa a «varios gobiernos», pero entre los afectados destaca el caso de México.

Forbidden Stories, la Organización No Gubernamental que dirigió la pesquisa junto con Amnistía Internacional, precisa en su portal web que en el trabajo participaron más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación de 10 países.

Siguiendo a esa fuente, aseguró que las dos entidades detallaron que «tuvieron acceso a una filtración de más de 50.000 registros de números de teléfono que los clientes de NSO seleccionaron para vigilancia. Y, «según un análisis de estos registros realizado por Forbiden Stories y sus socios, los teléfonos de al menos 180 periodistas fueron seleccionados en 20 países por al menos 10 clientes de NSO».

En este punto, trajo a colación las declaraciones de Carmen Aristegui, periodista mexicana que participó en la investigación, quien aseguró a CNN que el peritaje forense realizado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional arrojó algunos datos de interés.

Entre ellos mencionó que se demostró que en muchos teléfonos cuyos propietarios lograron ser identificados con nombre y apellido, había rastros del programa de espionaje y en otros casos se comprobó directamente que había sido utilizado.

De acuerdo con esta fuente, México fue el país más afectado en este caso de espionaje masivo internacional, puesto que más de 15.000 de los teléfonos investigados pertenecen a personas residentes en esa nación.

Gobiernos de Calderón y Peña Nieto espiaron con Pegasus a rivales políticos y periodistas

De los espiados, sin duda el caso de más alto perfil corresponde al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puntualizó Pérez Pirela, que seguidamente compartió la reacción del mandatario tras las revelaciones.

En ese orden, sintetizó que en un intercambio con los medios, López Obrador aseguró que la clase política mexicana estaba al tanto de las operaciones de espionaje que se implementaron con recursos públicos durante el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Con respecto al modo de operación, el presidente mexicano explicó que los espías contaban con «equipos sofisticados» que les permitían escuchar no solo las llamadas de la persona de interés, «sino de todo su entorno».

En su caso, las escuchas no autorizadas incluyeron a su esposa e hijos, así como a su médico de cabecera.

El mandatario destacó que el espionaje no ha tenido ni tiene lugar en su gestión, gracias a que «desapareció» el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancia dentro del Estado mexicano que habría servido como base para estas operaciones ilegales.

Empero, advirtió el comunicador venezolano, AMLO no sería el único personaje de alto nivel cuyas comunicaciones fueron escuchadas o que cuando menos, se hizo el intento de interceptarlas.

De regreso a la periodista Aristegui, también espiada por la administración de Peña Nieto, subrayó que dijo a CNN que los intentos de espionaje telefónico alcanzaron a mínimo 12 jefes de Estado, 500 diplomáticos, 180 periodistas, así como a un número no precisado de empresarios, abogados, defensores de los derechos humanos y activistas de diversas causas.

Esta comunicadora en 2017 fue una de las denunciantes de espionaje ante la Procuraduría General de la Nación (PGR), indicó, y en su conversación con CNN admitió que el caso mostraba pocos avances, aunque se manifestó optimista sobre el rumbo que podía tomar el caso, una vez divulgados los detalles de la trama de espionaje internacional.

¿Qué dijo la empresa NSO Group, desarrolladora de Pegasus?

Al estar los ojos sobre NSO Group, la compañía a cargo del desarrollo de Pegasus, Pérez Pirela citó las declaraciones que ofrecieran a CNN, en las que negaron «rotundamente» los hallazgos de la investigación periodística coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional.

A este respecto, destacó que la empresa alegó que su software tiene como objetivo «salvar vidas», al tiempo que se comprometió con avanzar su propia investigación sobre las denuncias.

La compañía israelí también destacó que su programa fue diseñado para rastrear a delincuentes y a terroristas, pero ya en 2017, el periodista Azam Ahmed habría dado un abreboca en una investigación para el diario estadounidense The New York Times.

En su trabajo, Ahmed aseguraba que Estados Unidos y presuntas víctimas de Pegasus en México desconfiaban de la investigación que adelantaba el gobierno de Peña Nieto sobre el caso, refirió el analista político.

En parte del trabajo de este periodista para el diario estadounidense se lee que «los funcionarios estadounidenses han rechazado las reiteradas solicitudes de México para asistir en la investigación del uso de un programa espía –que solo pueden adquirir los gobiernos– en contra de civiles, ante la preocupación de que las autoridades mexicanas quieren sumar a Estados Unidos a la pesquisa para encubrir lo que sería una indagatoria simulada, según han dicho oficiales de alto rango», se lee en parte de su trabajo de entonces.

En el mismo texto, aseguró el experto, se refiere que entre los alegatos que habrían ofrecido oficiales del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para poner en cuestión el interés de la administración mexicana de entonces, El Times precisa que para contestar las preguntas enviadas por los responsables de la investigación en México, «apenas y era necesario un título básico de ciencias computacionales o informáticas».

Por esta razón, los agentes estadounidenses estimaban que «el gobierno mexicano, que operaba directamente la tecnología de vigilancia, era más que capaz de resolver el caso por sí solo si realmente quería hacerlo».

A este respecto, el también director de LaIguana.TV matizó que, aunque esto no fue confirmado directamente por el FBI, parecía estar claro que «a los estadounidenses les preocupaba que los mexicanos enaltecieran su participación con la intención de darle una apariencia de credibilidad a lo que consideran una fachada».

De este modo, las reservas del FBI relativas al compromiso del gobierno de México en investigar las denuncias de espionaje acabaron por tener asiento en la realidad, pues este miércoles, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que entre 2012 y 2018 las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contrataron al Grupo Tech Bull para la adquisición de software de espionaje.

Con base a lo dicho por el funcionario en una rueda de prensa, especificó que el contrato de 32 millones de dólares contemplaba la adquisición de Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, a la que terminó transfiriéndose los recursos.

Según Nieto, el Grupo Tech Bull es una compañía con «características de fachada» constituida por Balam Seguridad Privada, que además habría estado implicada en actos de corrupción, pues vendió servicios a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto muy por encima del precio de mercado.

En el mismo tenor, este vocero destacó que, a poco de haberse constituido, la empresa comenzó a recibir fuertes sumas de dinero «de recursos procedentes de cuentas concentradoras del gobierno federal mexicano, a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad».

Agregó que compañías como Aeronautic Ltd., y Aerocentinel Ltd., asentadas en Italia e Israel, también habrían recibido fondos de Tech Bull presuntamente justificados a partir de la adquisición de tecnología y equipos para realizar labores de inteligencia.

En todo caso, el comunicador venezolano puntualizó que la versión divulgada por el gobierno de López Obrador precisa que los contratos para adquisición de tecnología de inteligencia ascendieron a los 295 millones de dólares, de los que fueron retirados 145 millones de dólares.

De este monto, detalló, 45 millones cayeron en manos del Grupo Tech Bull y 26 millones en las de Balam Seguridad Privada, que habrían sido empleados para costear la adquisición del programa de ciberespionaje Pegasus.

A pesar del escándalo, la pesquisa realizada no permite concluir que en México se haya acabado el espionaje con Pegasus, como refrendara en su entrevista Aristegui.

La extensa tradición en ciberespionaje de Occidente

Como el caso no se limita a México, Miguel Ángel Pérez Pirela trajo a colación otros casos de ciberespionaje internacional que involucran a agencias estadounidenses y gobiernos europeos.

En primer término, destacó que en 2007, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) puso en marcha el proyecto PRISMA, que le ha permitido a Washington escuchar en secreto más de 250 millones de comunicaciones al año e interceptar millones de llamadas.

Gracias a este recurso, explica un trabajo de RT consultado en la investigación del programa, distintas oficinas de la mencionada agencia pudieron solicitarles a las grandes compañías tecnológicas acceso a su ‘big data’ –grandes bases de datos– bajo cualquier pretexto.

Adicionalmente, puntualizó que este proyecto se mantuvo en secreto hasta 2013, cuando el ciberactivista Edward Snowden publicó un conjunto de trabajos que se difundieron ampliamente en la opinión pública.

Gracias a esta y a otras revelaciones, recordó, Snowden hoy está refugiado en Rusia, tras padecer feroz persecución por parte de los organismos de inteligencia estadounidenses.

Seguidamente, explicó que de un modo similar opera el proyecto conocido como “Los Cinco Ojos”, del que forman parte Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que se creó con el fin de compartir información entre gobiernos bajo la bandera de la «seguridad internacional».

Refirió que en el caso particular del Reino Unido existe el programa «TEMPORA», lanzado en 2011 con colaboración de la NSA y que desde entonces ha permitido intervenir 600 millones de comunicaciones por día. También estuvo fuera del conocimiento general hasta 2013.

Para redondear este punto, precisó que en Francia está en vigor desde el 2011 el «Tratado Lustro», puesto en marcha con la cooperación de la NSA y la alianza de Los Cinco Ojos. RT asegura que hasta el presente ha logrado interceptar más de 70 millones de datos telefónicos de la ciudadanía.

EEUU sigue espiando a todo el mundo, incluso a sus aliados

Además de apelar al espionaje para buscar presuntos enemigos o identificar potenciales amenazas, Estados Unidos está familiarizado con el espionaje de «aliados» internacionales.

Así las cosas, Pérez Pirela explicó que con este fin nació la Operación Dunhamemer en Dinamarca, que, con colaboración con la NSA, implementó un plan de escuchas telefónicas entre 2012 y 2014 a dirigentes políticos europeos, incluyendo a la canciller alemana, Angela Merkel.

Según la información disponible, este escándalo estalló en 2013 e impuso tensiones entre Washington y Berlín, al punto de que Merkel confrontó al entonces presidente Barack Obama, y tildó la situación como un «inaceptable espionaje entre amigos».

Por si ello no bastara, el escándalo reflotó en mayo de 2021, cuando se hizo pública la implicación del gobierno danés en el caso.

El filósofo apuntó que diversos medios alemanes, tanto públicos como privados, los servicios de inteligencia de Dinamarca apoyaron a la NSA para interceptar las comunicaciones de Merkel y de su entonces ministro de Asuntos Exteriores y actual presidente de Alemania, Walter Steinmeier.

A su parecer, no puede obviarse que la práctica de espionaje «amigo» no es nueva para la Casa Blanca, pues sucesivos trabajos periodísticos mostraron evidencia de que Copenhague estaría cooperando con la NSA desde la década de 1990, para espiar no solo a líderes alemanes, sino también de Suecia y de Noruega.

En su criterio, es claro que, aunque desde hace varios años Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales han estado implicados en denuncias de espionaje masivo a sus ciudadanos, hasta la fecha no se les ha impuesto ninguna sanción por su conducta.

Y aunque el argumento usualmente socorrido es que los Estados no espían a ninguna persona en particular, pero suele dejarse de lado que existe la tecnología para procesar grandes volúmenes de datos y que con estos análisis pueden elaborarse perfiles y segmentaciones de interés que pueden facilitar el trabajo de espionaje de las agencias de inteligencia, sin que las personas estén al tanto de tales movimientos.

¿Qué arrojó la investigación de Forbidden Stories sobre los espionajes a activistas?

Otro de los grupos sobre los que se aplicó cibervigilancia y espionaje a través de los teléfonos móviles fueron los activistas y periodistas, información que corroboró un representante de Forbidden Stories a DW, que inclusive aseguró que Pegasus estaba relacionado con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Sobre este tema, Pérez Pirela también recuperó las revelaciones de la periodista mexicana Carmen Aristegui a CNN, en las que informó que entre los posibles afectados se encontraban líderes magisteriales y personas relacionadas con el Caso Ayotzinapa, del estado de Guerrero.

A modo de contexto, recordó que la policía local está sindicada de desaparecer forzosamente a 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en un conjunto de incidentes en que resultaron asesinadas al menos nueve personas y 27 más resultaron heridas, incluyendo periodistas y civiles.

La larga cola de Pegasus, la complicidad de Israel

Para concluir la edición y antes de dar paso a los comentarios de la audiencia, citó extensamente el análisis exclusivo realizado por LaIguana.TV a partir de un artículo aparecido en inglés en The New York Times, que versa sobre los amplios antecedentes de espionaje de NSO Group, compañía israelí que desarrolló y es responsable de la comercialización de Pegasus, así como de los nexos que la unen al gobierno de Israel:

«Pegasus es el programa espía que se usó para intervenir o intentar intervenir los teléfonos inteligentes de miles de políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y disidentes, de acuerdo con la investigación de Forbidden Stories.

En un trabajo realizado para The New York Times, Ronen Bergman y Patrick Kingsley, recuerdan que ya desde 2016 NSA ha estado bajo escrutinio, debido a las denuncias de que su software habría sido usado para espiar a periodistas y políticos de México y Arabia Saudí.

Los más recientes hallazgos dejan ver que en realidad Pegasus habría sido usado para intentar acceder irregularmente cuando menos a ’37 teléfonos inteligentes propiedad de periodistas de países que incluyen Azerbaiyán, Francia, Hungría, India y Marruecos’.

Otra fuente familiarizada con el caso dijo al diario estadounidense que ‘los sistemas de NSO se vendieron a los gobiernos De Azerbaiyán, Bahrein, India, México, Marruecos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos’.

El gobierno de Israel también ha tenido que hacer frente a estos señalamientos, pues se le sindica de permitir que una compañía asentada en su territorio hiciera negocios con lo que algunos llaman ‘regímenes autoritarios’ y les vendiera Pegasus para usarlo más allá de los fines oficialmente declarados.

Bergman y Kingsley refieren que ‘la oficina del primer ministro israelí se negó a comentar, y el ministerio de Defensa israelí dijo que no se le había dado tiempo suficiente para responder a una solicitud de comentarios’.

Si bien previamente ese despacho aseguró que ‘revocaría las licencias de exportación otorgadas a cualquier empresa israelí que vendiera software que infringiera los términos de la licencia, ‘especialmente después de cualquier violación de los derechos humanos’.

La declaración no resulta superficial, cuando, según reportes aparecidos en The Washington Post y el propio Times, ‘Israel permitió a NSO hacer negocios’ con el régimen de Arabia Aaudita «y lo alentó a seguir haciéndolo incluso después de que el gobierno saudita estuviera implicado en el asesinato en 2018 de un periodista y disidente saudí, Jamal Khashoggi’.

La compañía desestimó los hallazgos de la investigación, negó cualquier implicación con los hechos y amenazó con contrademandar a las organizaciones responsables.

‘Negamos firmemente las acusaciones falsas hechas en su informe. Sus fuentes les han proporcionado información que no tiene base fáctica, como lo demuestra la falta de documentación de respaldo para muchas de sus afirmaciones’, reza parte de un comunicado en que también amenazaron contrademandar por difamación.

Shalev Hulio, director ejecutivo de NSO Group también negó que Pegasus fuera usado para rastrear las comunicaciones de políticos, activistas, periodistas y académicos no vinculados con el mundo criminal o con actividades terroristas.

‘Insistimos encarecidamente en que estas [personas] no son objetivos de Pegasus, o seleccionadas como objetivos de Pegasus, o potenciales objetivos de Pegasus. Esto no tiene relación con ningún cliente nuestro ni con la tecnología de NSO’, dijo Huilio a The Financial Times.

El directivo también desmintió que NSO sea usada por el gobierno de Israel como herramienta para definir su política exterior, asegurando que los accionistas ‘son fondos privados del Reino Unido’, a pesar de que existe evidencia de lo opuesto.

Por un lado, la compañía requiere de autorización gubernamental para operar y, por otro, en 2019 sus representantes legales alegaron en un pleito que la divulgación de su lista de clientes ‘perjudicaría significativamente las relaciones exteriores del Estado’.

En el mundo periodístico, se extiende la preocupación sobre el ciberespionaje, pues muchos periodistas no se sienten a salvo del largo brazo de sus gobiernos o de cualquier otra persona que tenga acceso a tecnología de cibervigilancia.

Aunque para comunicarse con sus fuentes utilicen servicios de mensajería que prometen cifrar los mensajes de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, la amenaza existe.

La consecuencia de esto, señala el diario neoyorquino, es que al carecer de ‘comunicaciones libres de vigilancia, los periodistas ya no podrán contactar a las fuentes sin temor a exponerlas a represalias del gobierno. Y los activistas de derechos humanos no podrán comunicarse libremente con las víctimas de abusos dirigidos por el Estado'».

Al cierre, Pérez Pirela alertó: «No se confíe, porque la amenaza ya existe (…) A todos nos están espiando y esto atenta contra los derechos humanos».

(LaIguana.TV)