El 1 de agosto próximo ocurrirá en México la primera consulta popular a nivel federal en la historia de esa nación, la cual fue solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para decidir si expresidentes del país podrían ser juzgados por delitos de corrupción cometidos durante sus mandatos.

Esta consulta tendrá el propósito de que los ciudadanos aprueben o rechacen que, en el marco de la ley, se realicen acciones para esclarecer decisiones políticas tomadas por esos funcionarios.

AMLO ha reiterado que la solicitó al Legislativo con la intención de decidir si se lleva ante la Justicia a Presidentes del país en el denominado periodo neoliberal: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En torno a este hecho inédito confluyen varios ejes de la Cuarta Transformación que impulsa el Gobierno de AMLO, entre ellos propiciar mayor participación popular y promover una revolución ética que incida en la lucha contra la corrupción y el cese de la impunidad.

¿Cómo se concibe este ejercicio democrático?

La Ley Federal de Consulta Popular establece que las consultas populares son un mecanismo para que los ciudadanos, a través del voto, participen de manera directa en las decisiones de los poderes públicos.

Según la Constitución, las convoca el Congreso federal a petición de: el Presidente de la nación, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de las dos cámaras del Legislativo y al menos el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista de electores. Estas peticiones han de ser aprobadas por mayoría en cada cámara del Congreso.

Para que la consulta tenga carácter vinculante y su resultado conduzca a acciones ejecutivas y legislativas obligatorias, debe participar en ella al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en el registro de electores.

La pregunta que aparecerá en la boleta será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Esta interrogante fue formulada por la Suprema Corte de la Nación.

En México se han realizado consultas de este tipo con carácter local, pero es primera vez en la historia del país que se convoca a nivel federal.

Desde el 15 de julio pasado y hasta el 1 de agosto rige la veda electoral, periodo en que cesa la propaganda y ningún actor político puede hacer publicidad en radio y televisión para influir sobre la opinión ciudadana.

Detalles organizativos

Según las estadísticas del INE, se han registrado en el padrón electoral un total de 93.597.559 personas, por lo que la consulta requerirá que participe un mínimo de 37.439.023 electores (40 por ciento) para adquirir carácter vinculante.

Se habilitaron 57.000 casillas electorales (o mesas receptoras de votos), las cuales estarán abiertas desde las 08H00 hasta las 18H00 hora local. Cada mesa será atendida por personal que se capacitó para las elecciones municipales del 6 de junio pasado y recibirá hasta 2.000 ciudadanos.

Se prevé que la afluencia a los locales sea más rápida porque la boleta solo tiene dos opciones y en los locales habrá menor congestión.

El ejercicio tendrá lugar en medio de un repunte de contagios de la Covid-19 en todo el país. Al respecto, representantes del INE han reiterado la obligatoriedad de usar mascarillas sanitarias, aplicar gel antibacterial y guardar distanciamiento físico, entre otras medidas.

Los resultados numéricos de la votación deberán estar listos entre el 1 y 2 de agosto. Como podrían presentarse juicios de inconformidad, el INE prevé un plazo de tiempo para su solución, tras lo cual se declarará la validez del proceso.

Ataques de la derecha

Organizaciones populares denuncian que el INE ha obstaculizado la consulta y realizado acciones para disuadir la participación.

Entre ellas mencionan que la autoridad presentó obstáculos al presupuesto destinado al acto electoral y con posterioridad redujo la cifra de casillas, lo que en algunos casos obliga a los electores a trasladarse a lugares alejados para votar.

Los medios de prensa hegemónicos también han atacado la iniciativa, al presentarla como resultado de un supuesto discurso de odio y no como un esfuerzo en favor de la transparencia y la honestidad de los funcionarios públicos.

Pese a estos contratiempos, el presidente López Obrador ha instado a los ciudadanos a participar de manera masiva en la votación.

(teleSUR)

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