Cuando se buscan los motivos de la ruina de la principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), muchos dedos apuntan a las medidas coercitivas unilaterales y al bloqueo de Estados Unidos y sus aliados y satélites. Esa es, sin duda, una de las causas, pero la corrupción de alto calibre que ha carcomido al holding  tiene un peso igual o mayor en el desastre. En ese proceso continuado de daños al patrimonio público sobresalen dos figuras: el exministro de Petróleo Rafael Ramírez y el exdiputado Juan Guaidó, quien ha actuado desde su rol ilegítimo de seudopresidente encargado de la República.

Sobre este candente tópico versó el programa Desde donde sea, que conduce Miguel Ángel Pérez Pirela, en su emisión del martes 3 de agosto.

Partió de la caricatura del artista plástico Iván Lira en la que dos personajes conversan y uno de ellos dice: “La corrupción es la ciencia que estudia como robar plata de las materias sólidas, líquidas o gaseosas”.

“¡Genial, qué buena ironía!”, comentó el presentador y pasó a leer sobre una novedad alentadora del momento presente de la industria petrolera. El titular de LaIguana.TV dice: “Notición: Venezuela ahora es dueña 100% de Petrocedeño”.

El texto expresa que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), asumió el 100% de participación de la empresa Petrocedeño, después de un proceso de negociación con las empresas TotalEnergies y Equinor.

Así se desprende de una nota de prensa de la estatal criolla que fue compartida por el ministro para el Petróleo, Tareck el Aissami.

De acuerdo con el documento, en el marco de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, se inició un proceso de reactivación de la actividad petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, que incluye como estrategia fundamental la recuperación de todas las unidades del mejorador de Petrocedeño.

En un video de la sección Tienes que verlo, El Aissami leyó, durante un acto con el presidente Maduro, el comunicado titulado “Soberana y exitosa negociación para la adquisición de 100% de Petrocedeño”.

El documento expresa que: “La Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), asume el 100% de participación de la empresa Petrocedeño, después de un proceso de negociación sumamente exitoso con las empresas TotalEnergies y Equinor, que le otorga plena soberanía sobre esta empresa venezolana.

En el marco de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, se inició un proceso de reactivación de la actividad petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, que incluye como estrategia fundamental, la recuperación de todas las unidades del Mejorador de Petrocedeño, logrando la puesta en marcha de sus operaciones después de mucho tiempo de paralización. Este importante complejo será el eje central del desarrollo de esta importante cuenca petrolera, a través de la transformación de los hidrocarburos.

Las empresas Total Oil and Gas Venezuela y Equinor, socios históricos de la industria petrolera venezolana, en el marco de la transformación de sus modelos de negocios a nivel global en el ámbito de la transición energética hacia el desarrollo de las energías limpias, siguen manifestado interés en nuestra industria de hidrocarburos y participar en otros negocios adaptados a su nuevo modelo energético”.

Contexto geoestratégico

Pérez Pirela señaló que a propósito de la reciente salida de la petrolera TotalEnergies de Petrocedeño, el portal de periodismo de datos La Tabla difundió una pesquisa en Twitter en la que se muestran los nexos de esta compañía con la estadounidense ConocoPhillips, implicada en la explotación de petróleo en la Libia post-Gadafi y en los intentos de apropiación de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela en EE.UU.

Esto significa que se sacó del juego, indirectamente, a empresas que tienen relación con la mafia de Juan Guaidó.

Para ahondar en este punto, presentó una nota de LaIguana.TV  titulada: “Petroleras con negocios en Venezuela, el expolio a Citgo y la mano negra de Guaidó (+Petrocedeño)”.

En este trabajo se abordan las demandas de ConocoPhillips contra PDVSA. La Tabla advierte otra “coincidencia” entre las empresas petroleras, pues ConocoPhillips “es la transnacional con la mayor indemnización por una expropiación en Venezuela”. 

En marzo de 2019, un tribunal internacional le ordenó a Venezuela cancelar 8 mil 700 millones de dólares a la estadounidense “en compensación por la expropiación supuestamente ilegal por parte del Gobierno de las inversiones de ConocoPhillips en Venezuela en 2007”, incluyendo los intereses.

En abril de 2018, en una acción legal separada e independiente, un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) otorgó a ConocoPhillips aproximadamente 2 mil millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

Un reportaje del canal internacional RT evidencia otra de las conexiones de ConocoPhilips con las tramas de corrupción de la banda Guaidó, en este caso, en relación a la empresa Monómeros, con sede en Colombia.

Señala que se han revelado los detalles de una estafa contra Monómeros dirigida por allegados a Guaidó. Bajo un esquema de extorsión y chantaje, la empresa habría sido utilizada para el enriquecimiento ilícito de los políticos que la manejan desde la Asamblea Nacional que entonces estaba en desacato. El propósito era el financiamiento de las organizaciones políticas opositoras. Desde que fuera usurpada por Guaidó, la empresa ha acumulado pérdidas por más de 20 millones de dólares.

En total, ConocoPhillips logró arrancarle al Estado venezolano casi 11.000 millones de dólares en acciones legales emprendidas en tribunales internacionales.

La Tabla recuerda que la trasnacional estadounidense fue una de las empresas que se benefició del esquema de la llamada “apertura petrolera”. Esta era una tentativa de privatización de PDVSA que se creó e implementó durante el gobierno del presidente Rafael Caldera (1994-1999). 

Concretamente, fue socio de la estatal venezolana en Petrozuata desde 1996, pero en 2007, cuando entró en vigor el nuevo modelo de empresas mixtas, se negó a ajustarse a las reglas. 

La respuesta del ejecutivo, encabezado por el para entonces presidente Hugo Chávez, fue ocupar sus activos en el país, a lo que ConocoPhillips replicó con una demanda a Venezuela.

Otro reportaje de RT destaca la importancia de Citgo para PDVSA. Apunta que Citgo, empresa de refinación, transporte  y mercadeo de combustibles y otros derivados petroleros con sede en Houston, tiene presencia en 29 estados de EE.UU. Es filial de PDVSA y posee una red de 5 mil 500 estaciones de servicio. Es la octava empresa refinadora más grande de EE.UU.

A finales de 2016, PDVSA puso en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo a los tenedores de bonos de PDVSA 2017 por el canje de los bonos de 2020. El restante 49,9% de las acciones fue puesto en garantía para un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares entregado por Rosneft a la empresa estatal. Coincidencia o no, en 2017 se produjeron los actos terroristas que procuraban un cambio de gobierno con apoyo de EE.UU.  En agosto de 2017, Trump firmó varios decretos prohibiendo al gobierno de Venezuela obtener préstamos en los mercados financieros estadounidenses, lo que impidió la reestructuración de la deuda externa. Cinco días después de la autoproclamación de Guaidó en 2019, el gobierno de EE.UU. incluyó a PDVSA y Citgo en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Al bloquearle el acceso a Citgo, el gobierno de EE.UU. privó a Venezuela de unos 5 mil 200 millones de dólares en activos netos. Guaidó nombró una supuesta junta directiva de Citgo bajo la excusa de proteger los bienes de PDVSA. En octubre del año pasado se detuvieron todas las operaciones relativas a Citgo, pero el caso seguirá dando de qué hablar.

Las ansias de ConocoPhillips en hacerse con el capital de PDVSA no se detuvieron con la milmillonaria compensación que recibió en razón de la expropiación de la que fue objeto en 2007, sino que ahora, de acuerdo con lo reseñado por la agencia Argus, “es el segundo acreedor detrás de Crystallex” de Citgo Petroleum, principal activo venezolano en el extranjero.

En esta operación, reporta esta fuente, habría jugado un papel fundamental José Ignacio Hernández, uno de los corruptos que más daño le ha hecho a este país, pseudoprocurador designado por Juan Guaidó en 2019 y que para entonces representaba a la trasnacional canadiense. 

En el trabajo periodístico, que data del 19 de junio de 2020, se precisa que una vez consumado el embargo, “buscará igualdad de derechos sobre las acciones de Citgo” y se destaca que “el equipo de Guaidó favoreció a ConocoPhillips por encima de Citgo en la disputa legal.

Esa fuente también indica que en unos audios cuya veracidad fue verificada, Hernández aludía a un “entendimiento” con ConocoPhillips para que pausara “un caso estancado contra PDV en Portugal para centrarse en un caso en curso en un tribunal de Delaware”.

Este ya dictaminó que las acciones de Citgo pueden venderse para satisfacer una deuda con ex compañía minera canadiense Crystallex, ahora propiedad del fondo de cobertura de Nueva York Tenor Capital Management.

De otra parte, La Tabla apunta que “el consejero senior para este arbitraje es Alberto Federico Ravell Nolck, hijo del editor de La Patilla y ‘ministro’ de información de la ‘banda Guaidó’, Alberto Federico Ravell Arreaza”.

Mostró la foto en un tuit de La Tabla y expresó: “Este es el ladronzuelo, hijo de su padre, que nos ha quitado miles de millones. Da asco. Lo único que me da un fresquito es que LaIguana.TV enterró a La Patilla en el ranking de medios digitales venezolanos y ahora es cuarta o quinta, bien lejos”.

Pérez  Pirela pronunció entonces la interrogante que se hacen muchas personas dentro y fuera del país: “Si Guaidó ha hecho perder a Venezuela miles de millones de dólares, ¿por qué sigue en libertad? No lo entiendo”.

Prosiguió con el largo expediente de los daños a PDVSA cometidos desde el exterior con el patrocinio de Guaidó. Un titular de LaIguana.TV dice: “Junta usurpadora de PDVSA designada por Guaidó ahora asegura que Citgo no se perderá”. En la nota se indica que Horacio Medina, presidente de la junta directiva paralela de Citgo, que fue nombrada de manera ilegal por el exdiputado Juan Guaidó, afirmó el 23 de julio que la citada filial con sede en Estados Unidos “no se perderá” porque, a su juicio, “defenderán” sus activos en el extranjero.

“Este es el colmo del cinismo: hicieron todo lo posible para facilitar el robo de Citgo y salen diciendo que la van a defender”, comentó Pérez Pirela.

En 2019 Citgo registró pérdidas por 24 millones de dólares y el entonces “presidente” paralelo, Carlos Jordá, culpó de esta situación a la tormenta invernal Uri debido a que complicó en su totalidad las operaciones en la refinería de Corpus Christi.

Asimismo, y de acuerdo con Reuters, Citgo presentó una pérdida de 667 millones de dólares en 2020 mientras que los primeros meses de este año registró una pérdida de 180 millones, recordemos, bajo la gerencia de esta seudojunta que fue nombrada por el ladrón de Guaidó tras ser arrebatada en el 2019 al Estado venezolano.

Tramas viejas, tramas nuevas

 “Claves para comprender el fenómeno de la corrupción en Venezuela: PDVSA, fraude y robo”, es otro titular de LaIguana.TV sobre este tema. En el texto se informa que investigaciones adelantadas por el Ministerio Público de Venezuela desde 2017, apuntan a que la estatal Petróleos de Venezuela fue una de las piedras angulares de una tentativa de largo aliento entre sectores de la burguesía, dirigentes de la oposición y un funcionariado corrupto para hacerse del control del aparato gubernamental.

Presentó un trabajo de Telesur sobre las tramas de corrupción investigadas desde que en 2017 Tarek William Saab  fue designado fiscal general de la República. La reportera cita declaraciones de Saab en las que afirma que en la cruzada anticorrupción había para ese momento 69 exfuncionarios detenidos, 18 de ellos de alto rango. Además, habían sido emitidas 18 órdenes de aprehensión. Asimismo el fiscal informó que fue desmantelada otra trama de corrupción en PDVSA, que entre 2009 y 2015, le costó al país 4 mil 800 millones de dólares. El centro de este grupo, que operaba como un gran cartel de delincuencia organizada era la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada en 2006 y que operaba en Austria.

En otro video, este del canal RT, se explica el desfalco en la Faja. El reportaje se basa en las declaraciones del fiscal Tarek William Saab, quien denunció un grave hecho que había sido engavetado durante la gestión de su antecesora, Luisa Ortega Díaz. Se trata de irregularidades en doce contratos suscritos con diez empresas que ofrecieron servicios con sobreprecios para labores en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se ubica la reserva de crudo más importante del planeta. El propio presidente Nicolás Maduro habría ordenado abrir una investigación sobre este hecho que ocurrió entre 2010 y 2016, con responsabilidad de la junta directiva de aquel entonces. El daño patrimonial a la nación asciende a unos 200 millones de dólares y podría aumentar cuando se complete el trabajo de los auditores que ha designado el Ministerio Público.

En un trabajo periodístico realizado por La Tabla se destaca que si bien se trató de una estrategia multifactorial, prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), PDVSA estuvo en la mira de los expoliadores.

Por ello, precisa el medio, “surgió como opción la compra o contratación de los funcionarios claves y operativos de los procesos fundamentales para que las decisiones a su cargo favorezcan los intereses de quienes pagan y corrompen».

La extensa trama de corrupción, que se prolongó por cerca de una década, implicó la participación de diversas instancias del estado además de la propia petrolera.

Entre los que se cuentan los entes encargados de adjudicar divisas y contrataciones, así como el propio Ministerio Público, particularmente durante la prolongada gestión de otra corrupta mayor, ahora en fuga en Colombia, la exfiscal Luisa Ortega Díaz.

Para abundar sobre los aspectos planteados por La Tabla, Pérez Pirela presentó varios fragmentos de la entrevista que se le hizo en el programa de LaIguana.TV Cara a cara a Víctor Hugo Majano, director de ese portal de periodismo de datos. “En esa entrevista, Majano habla sobre la relación de la corrupción y el estado actual de PDVSA. Da muchas luces sobre este robo continuado que ha dejado al país en bancarrota, mientras los corruptos viven como grandes magnates”.

En el primer segmento, el entrevistado explica cómo la operación de corrupción ayudó a que la industria se hiciera aún más vulnerable a las sanciones de  EE.UU. que vendrían luego. “Uno pudiera especular que fue parte de un proceso de conspiración para que luego cualquier restricción de acceso a insumos, activos, materiales o tecnología  pudiera, de manera muy quirúrgica, deshabilitar, anular la capacidad productiva de la industria”, dijo.

“Las decisiones tomadas en materia de inversiones pueden haber apuntado en el mismo sentido. Las dirigidas a la Faja tal vez solo sirvieron para que una cantidad de empresas nacionales e internacionales tuvieran acceso a recursos, mientras paralelamente de descuidaban cuestiones fundamentales como la producción de crudos livianos en el noroccidente y el sur -añadió-. En materia de refinación, que ahora ha pasado factura con los problemas de combustible, se pudieron haber programado mantenimientos mayores en Amuay, hasta que en 2012, el complejo sufre el accidente fatal y prácticamente queda deshabilitado”.

Esta fue la condición necesaria para que, según apunta el portal venezolano, se comenzara «a adoptar una dinámica que pudiera calificarse de industrial por su carácter profesional, masivo y sistemático». Más precisamente, «se crearon y desarrollaron estructuras organizativas como despachos legales y contables que se dedicaban a gestionar y procurar las adjudicación de divisas. Un robo y corrupción que se escapa de vista.

En paralelo, precisa La Tabla, se levantaron estructuras semejantes a las empleadas por la mafia o el crimen organizado, cuyo propósito era «articular los aspectos menos ‘industrializables’ del negocio».

Este tinglado se sostenía sobre la base de una combinación entre el manejo de relaciones familiares, personales y políticas, prácticas extorsivas, aspiraciones personales, explotación de intereses en actividades artísticas, culturales o recreativas.

A partir de lo anterior, se tejió una red de «compromisos y complicidades» que permitieron consolidar una gran estructura delincuencial, cuyo centro operativo eran los contratos de las empresas mixtas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Majano, en la entrevista, resaltó la importancia de la decisión del fiscal italiano que le dio el visto bueno a la solicitud de Venezuela de extraditar a Ramírez. “Es importante que se desestimó la objeción de la defensa de que podría ser víctima de persecución política;  o que el proceso no fuese ajustado a derecho o que hubiese retrasos en la revisión de la causa”.

Una nota más de RT resume la decisión de Italia. Dice que Ramírez está acusado de peculado doloso y asociación para delinquir, entre otros delitos. El juez consideró que la acción de Ramírez infligió daño a Venezuela y no aceptó el alegato de que el juicio sea producto de una persecución política. En febrero, la Fiscalía venezolana abrió una investigación contra Ramírez por supuestas implicaciones en el pago de sobornos, incluyendo un caso de una empresa española que habría pagado más de 3 millones de euros en comisiones a una red criminal encabezada por el ex ministro.

El caso Petrosaudí

Entre los casos que motivan la solicitud de extradición se cuenta el de la estafa que Rafael Ramírez hizo con Petrosaudí.

 Se trata de una adquisición fraudulenta de barcos taladros a la firma Petrosaudi Saturn, que fue expuesta en detalle en otro trabajo de investigación publicado por La Tabla el 17 de diciembre de 2017.

El barco taladro Songa Saturn  debía encargarse de la perforación gasífera en la Costa Oriental Caribe y en su día fuera presentado por el exministro como «de última generación», en unas declaraciones que se recogieron en una nota de prensa institucional fechada el 24 de septiembre de 2010.

Sin embargo, el buque en realidad fue construido en 1983 y refaccionado en 2006 y 2009, por lo que la afirmación de que se trataba de un equipo de ‘última generación’ era absolutamente insostenible.

En otro segmento de la  entrevista con Víctor Hugo Majano, explica que las irregularidades que carcomieron a PDVSA, a su juicio, pudieron ser detectadas cuando estaban ocurriendo y no tantos años más tarde. “Evidentemente una de las fallas mayores es el acceso, la difusión y el debate sobre la información disponible. En aquellos años era muy sencillo haberlo auditado en su momento. Todos los elementos estaban a la mano y no se usaron, no se sabe por qué. El aparato de corrupción no pretendía solo obtener beneficios individuales o familiares, sino favorecer a corporaciones internacionales y a sus representantes en términos locales”.

La usuaria Mariale comentó que  “el daño que Ramírez le hizo a Venezuela es, desde lejos, uno de los más graves que haya sufrido el  país”.  Pérez Pirela concordó en ello: “Es cierto, se cuenta en miles de millones de dólares”.

La operación fraudulenta de Ramírez no se limitó a la adquisición de un equipo obsoleto a precio de uno nuevo, sino que aseguró que la alianza entre Petrosaudi y PDVSA en ese proyecto del barco taladro, formaba parte de la estrategia para la conformación de una empresa mixta entre Arabia Saudí y Venezuela.

En ningún caso esto podría haberse concretado, puesto que la petrolera saudí es propiedad de un particular asentado en Londres y no del Estado saudí.

Aun al corriente de esta situación, Ramírez afirmó entonces que sería «la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)».

Sin embargo, a pesar de las promesas de Ramírez, el mes de agosto de 2015, la estatal petrolera venezolana inició un arbitraje comercial en la ciudad de París, con el propósito de «resarcir los daños sufridos por el deficiente desempeño de la unidad de perforación contratada para los yacimientos gasíferos del estado Sucre».

Investigaciones posteriores han determinado que Venezuela pagó una cantidad muy superior al precio de mercado por un barco que estaba prácticamente inutilizado, a lo que se suma que canceló importes milmillonarios en muelles extranjeros donde el barco permaneció atracado.

Por otro lado, en claro daño a los intereses nacionales, en el contrato suscrito en 2009 entre PDVSA y Petrosaudí se establecía que en caso de litigio, habría de ser la estatal venezolana la que debía cancelar lo que restara y solo después tendría acceso al arbitraje.

El fallo de la Alta Corte de Inglaterra de octubre de 2016 favoreció a nuestro país. En él se declaraba que las acciones emprendidas por Petrosaudí para ejecutar garantías y obtener pagos a partir de la prohibición del acceso a dinero en disputa, eran «fraudulentas» y «nulas».

Sin embargo, Petrosaudí introdujo una demanda en la Corte de Apelaciones de Londres y en enero de 2017, la empresa logró que se obligara a PDVSA a cancelarle  129 millones de dólares demandados en septiembre de 2016.

PDVSA debía proporcionar una carta de crédito standby (SBLC, por sus siglas en inglés) para asegurar el pago. La carta se emitió con un banco portugués, Novo Banco, bajo la normas de la ley inglesa y «Petrosaudi ejerció los derechos que le otorgaba el documento y exigió los 129,8 millones de dólares, y el Estado venezolano perdió esa misma cantidad”.

En 2020, el gobierno de Malasia adelantó acciones para que Petrosaudí International accediera a más de 340 millones de dólares de su subsidiaria venezolana que reposan en un banco del Reino Unido, bajo el alegato de que «provienen de actividades ilegales».

La trama de corrupción en este caso involucra al exprimer ministro malayo Najib Razak, a Rafael Ramírez, a estrellas del jet set hollywoodense como Kim Kardashian y Leonardo Di Caprio, así como al expresidente estadounidense Barack Obama.

¿Qué pasará con Ramírez?

En otro pasaje del diálogo en Cara a cara, Majano habló acerca del peso político que tuvo y el que podría seguir teniendo Ramírez. “La actuación política de él no es novedosa. Algunas gobernaciones de los estados petroleros respondían a él durante su época de ministro y dirigente del PSUV. Algunos exfuncionarios se han ido del país por tener algún tipo de relación con Ramírez.  En el atentado al presidente Maduro, de agosto de 2018, está involucrado un exsecretario de gobierno de uno de estos estados que aparecían vinculados a Ramírez”, dijo.

“También hay otros exministros que están fuera del país y que pretenden representar posiciones de izquierda. En uno de estos giros absurdos que  muchas veces da la historia, pudieran presentarse a escala global como factores progresistas. Es posible que él intente volver como un elemento de negociación para el levantamiento de las sanciones, por sus relaciones con los gobiernos y las corporaciones, bajo la promesa de restablecer lo que él ha logrado vender como una política petrolera exitosa, y que puede parecérselo a mucha gente, sobre todo si se comparan los números de su gestión con lo que hemos vivido en los últimos dos o tres años, en los que la caída de la producción ha sido sustancial”, puntualizó.

Interacción

En los minutos finales del programa, abundaron los comentarios acerca de lo terrible que es no solo la larga historia de corrupción, sino también la impunidad de la que gozan los principales autores de los delitos: el exministro Ramírez quien vive como un magnate al norte de Italia; y el exdiputado Guaidó, que anda libremente por Caracas.

“Es la verdad: la justicia no ha llegado”, sentenció Pérez Pirela.

(LaIguana.TV)

 

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