“Los asesinatos a líderes sociales y políticos son una política sistemática del Estado colombiano”, aseguró el analista neogranadino Javier Calderón, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en entrevista exclusiva para LaIguana.TV.
“El gobierno colombiano siempre asegura que no existe sistematicidad, pues si lo admite estaría aceptando que el Estado colombiano tiene responsabilidad en esos crímenes, pues la sistematicidad supone que existe un plan para llevarlos a cabo. Del lado de los defensores de derechos humanos y de los partidos de izquierda y progresista, existe la convicción de que esa sistematicidad es una realidad y puede ser comprobada”, explicó el investigador, quien forma parte del Grupo Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente completa un doctorado.
-¿Cuál es el factor común de estos asesinatos?
-Todos los asesinados son parte de organizaciones que rechazan el modelo neoliberal, que están en contra de los procesos despojo de tierras; están en contra de los agronegocios en sus territorios; y se oponen a los proyectos de megaminería. Es decir, que las personas son asesinadas porque repudian los tres pilares del modelo económico colombiano.
-¿Son ex guerrilleros?
-Existe una matriz mediática que procura señalar que todas esas personas son cercanas a la insurgencia. Durante toda la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siempre se justificaban los asesinatos diciendo que eran amigos, aliados o militantes de la guerrilla. Ahora el gobierno no tiene esa excusa, entonces en las últimas semanas, el ministro del Interior, (Guillermo) Rivera, se ha dedicado a instalar la idea de que esos asesinatos están asociados a vendettas de bandas criminales residuales que quedaron en esos territorios. El gobierno colombiano no quiere hacerse responsable del derecho a la vida de esos líderes sociales y niega cualquier posibilidad de que exista sistematicidad, para garantizarse la impunidad tanto a nivel interno como internacional.
Calderón puntualizó que la mayor parte de los líderes asesinados son miembros de organizaciones campesinas que han luchado contra el desplazamiento forzado perpetrado por una alianza de empresas transnacionales y grupos paramilitares. Durante la guerra, esa alianza les arrebató a los campesinos cerca de 8 millones de hectáreas de tierras cultivables lo que produjo el desplazamiento de unos 7 millones de habitantes. Ese despojo ha sido legalizado porque se les permitió a quienes se habían apropiado de las tierras que formalizaran documentos y pudieran usufructuarlas. “Los líderes que están siendo asesinados en esta nueva ola de violencia son los campesinos, indígenas, gente de la ruralidad colombiana que resistieron ese despojo o que están regresando, luego de los acuerdos de paz, a recuperar sus tierras. Por eso es que puede decirse que existe una plena coincidencia en los móviles de esos crímenes: se trata de una defensa de un modelo económico que se basa en el despojo de tierras a pequeños productores, para favorecer la acumulación de los terratenientes, los proyectos de grandes agronegocios y la explotación minera a gran escala”, enfatizó el sociólogo.
Incumplimiento de los acuerdos
Según el entrevistado, el gobierno de Juan Manuel Santos ha incumplido los acuerdos de paz que establecían la obligación de crear una unidad policial y judicial para controlar los brotes de violencia paramilitar. “Después de la firma del acuerdo, sectores del poder se han opuesto a que eso se desarrolle. Especialmente lo ha hecho el uribismo, pero también el partido Cambio Radical del que es parte el fiscal general de la Nación, Humberto Martínez. Eso ha hecho muy difícil que el Congreso de la República legisle sobre la prohibición del paramilitarismo, que en Colombia estaba permitido como forma de autodefensa. Aunque se aprobó esa prohibición, la unidad de persecución del paramilitarismo casi se desmontó porque se colocó al mando una figura vinculada al uribismo”.
Señaló que durante las discusiones de los acuerdos estaba claro que una vez que los sectores de la guerrilla entregaran sus armas se iba a producir una ofensiva paramilitar para tomar más tierras y por eso se había tomado esa previsión. “Esta es otra prueba de la existencia de un plan sistemático, tal vez no del gobierno pero sí de factores del poder, para continuar con el desplazamiento forzado de masas campesinas y con la apropiación de tierras que antes no habían podido tomar por la existencia de la guerrilla”, dijo Calderón.
Con Duque se agrava el problema
Calderón subrayó que luego del triunfo del candidato presidencial del uribismo, Iván Duque, se ha registrado un aumento en el número de asesinatos contra líderes sociales y políticos, incluyendo a varios que estuvieron ligados a la campaña de su oponente, Gustavo Petro.
-Como se sabe, en la coalición Colombia Humana estuvieron grupos políticos y sociales diversos como Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, movimientos sociales, sindicales, comunales… y contra ellos es que se han centrado las amenazas, la violencia y los asesinatos. La semana pasada fue asesinada en el Bajo Cauca antioqueño, en Cáceres, una dirigente de la campaña de Petro. Eso tiene dos explicaciones: primero que los sectores paramilitares y latifundistas sienten que con el triunfo de Duque tienen patente de corso para continuar con el proceso de despojo que fue legalizado por Uribe durante su mandato. En segundo lugar, es una forma de amedrentamiento porque en esos territorios ganaron ampliamente las fuerzas del cambio. Ellos saben que si no atemorizan y obligan a la gente a desplazarse, esos grupos políticos adversos al neoliberalismo van a imponerse en las próximas elecciones municipales del año 2019. Es lo mismo que ocurrió en los años 80 con la Unión Patriótica: en las regiones donde este movimiento obtuvo mayoría en las alcaldías, municipalidades y gobernaciones, se desataron terribles masacres y asesinatos sistemáticos contra sus líderes, al punto de que esa organización fue extinguida nacionalmente. Las élites ven amenazado su poder por el crecimiento de estos movimientos sociales y políticos y deciden vencerlas mediante la violencia.
Calderón indicó que las Fuerzas Armadas colombianas, las más grandes de América Latina, son cómplices por acción o por omisión ante estas acciones violentas, ya que no garantizan la vida de los líderes sociales.
(ClodovaldoHernández/LaIguana.TV)
