La empresa que contrató al grupo de mercenarios para perpetrar la madrugada del 7 de julio el magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse, se trata de la misma que suministró el software para procesos comiciales en Colombia.
El senador colombiano Gustavo Petro denunció este caso durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.
«Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia. (…) O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití», afirmó el político.
Explicó que estas compañías —vale acotar que solo una está relacionada al crimen de Moïse— inspeccionaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, el cual se concretó en octubre de 2016, además de otras votaciones.
De acuerdo con Petro, estas empresas contarían con una comunicación con sectores «uribistas» en Miami.
«¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia», apuntó.
CTU Security vinculada con el reclutamiento y contratación de mercenarios
Pese a que el dirigente progresista no precisó en la identificación de la firma comercial relacionada con sus señalamientos, la enlazada en la actualidad con el magnicidio es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, administrada por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera, reseñó RT.
En este contexto, las autoridades policiales haitianas y neogranadinas mencionaron que CTU Security captó a exmilitares del vecino país, los cuales quedaron reconocidos como Duberney Capador y Germán Rivera, quienes incorporaron a los demás integrantes del grupo armado que ingresó a la residencia privada del gobernante haitiano en Puerto Príncipe para asesinarlo.
Dueño de CTU Security se asume como «víctima»
En su defensa Intriago, a través de sus abogados en Miami, indicó que es «víctima de un esquema para asumir el poder en Haití».
De igual manera, agregó que su corporación solo fue concertada para prestar la seguridad a un plan de infraestructura «humanitario» en Haití, posteriormente le notificaron que la misión había «cambiado de dirección», y que los colombianos contratados se encargarían de acompañar a un juez y a la policía para llevar una orden de detención al presidente.
Funcionarios ligados a las investigaciones reciben amenazas: Un muerto
Las averiguaciones del magnicidio se convirtieron en un caso complejo. Por ejemplo, en las últimas semanas de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos que llevan las investigaciones denunciaron amenazas contra sus vidas.
En este sentido, el pasado jueves 11 de agosto fue localizado muerto en el hospital de la Universidad Estatal de Haití el secretario judicial Ernst Lafortune, el hombre trabajaba en el crimen del presidente.
La Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés) comunicó que Lafortune fue enviado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, específicamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, quien recientemente fue designado para indagar el magnicidio, publicó Alter Presse.
La ANAGH consideró el suceso como un «asesinato» y declaró estos hechos se registraron después que la víctima discutió con Chanlatte sobre el expediente del atentado que estremeció a Haití y al mundo.
(LaIguana.TV)
