La mañana de este jueves 19 de agosto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá (Colombia), defendió la necesidad de identificar a los migrantes extranjeros de la capital neogranadina para luego crear un grupo «comando» que desarticulara «estructuras criminales que involucren a población migrante», reseña EFE.

«Las estructuras criminales de población migrante que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad están operando con un altísimo nivel de violencia», aseguró en encuentro con los medios, tras una reunión con el Consejo de Seguridad Distrital.

López intentó apoyar su postura en el reciente asesinato de dos efectivos policiales que, según su versión, presuntamente murieron a manos de organizaciones delincuenciales de migrantes.

Además, la burgomaestre defendió el sistema de prerregistro basado en identificación biométrica que se aplica a la población extranjera residente en Bogotá, bajo el argumento de conocer quiénes son «y acogerles a los servicios de la ciudad», lo que serviría como base para identificar posteriormente a supuestos criminales.

«Los criminales no van a venir a registrarse, pero una vez tengamos esa identificación cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra Policía y que esté sin identificar vamos a hacer forzosamente su identificación», alegó en favor de su tesis.

Empero, el evidente tinte xenófobo de su propuesta obligó a su oficina de prensa a matizar sus declaraciones y puntualizar que «no es precisamente un comando. Son acciones conjuntas y coordinadas e interagenciales que deben garantizarse para lograr el 100% de registro de migrantes, para lograr las ayudas sociales y también identificar y procesar legalmente a quienes cometan delitos».

La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su lado, también cuestionó a López.

En Twitter, la agencia manifestó su «preocupación» por el anuncio y reiteró que «mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes, promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados».

Asimismo, la CIDH conminó a Colombia para que adoptara medidas orientadas a «prevenir y eliminar situaciones» en las que se promuevan o garanticen las condiciones para acciones estigmatizantes y discriminatorias en contra de los migrantes.

Las aclaratorias de la oficina de López no bastaron para frenar las críticas y la tarde de este jueves, se confirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque anuló la creación del «comando» anunciado más temprano por la alcaldesa bogotana, refiere la agencia RT.

A pesar de haber acompañado el anuncio matinal, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, fue el encargado de comunicar esta decisión, tras haberse reunido con Duque.

Espinosa indicó que el Ejecutivo había decidido echar marcha atrás a la medida, que sería aplicada exclusivamente en la capital, porque esa clase de acciones eran de competencia exclusiva del gobierno central.

Pese a esto, la alcaldesa se mantuvo en su posición. En Twitter escribió que aunque respetaba el dictamen del Ejecutivo, no lo compartía. Incluso, se atrevió a insistir en la necesidad de «identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos».

Internamente, su postura también ha sido tildada de xenófoba y estigmatizante. La Defensoría del Pueblo colombiana alertó en Twitter que «estigmatizar a la población venezolana o a cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia» y rechazó categóricamente el anuncio de crear un comando «para combatir delincuencia de ‘criminales de población migrante'».

Esta institución también subrayó el carácter inconstitucional de la medida y precisó que cualquier acción «dirigida a mitigar la inseguridad debe partir de una comprensión de la misma, y debe estar dirigida contra los actos de delincuencia sin ningún criterio de discriminación».

Por su parte, el senador Gustavo Petro, quien también fue alcalde de Bogotá, calificó la propuesta como «simplemente fascista» y señaló que el incremento de la delincuencia en la capital colombiana tiene «una raíz social», que la gestión de López no ha sido capaz de atender eficientemente, por priorizar obras de infraestructura frente a políticas de atención a la población más vulnerable.

(LaIguana.TV)

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