Este viernes, Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal (Colombia) protagonizó una controversia, cuando en una rueda de prensa declaró que desde su despacho se giraron instrucciones a los habitantes de un barrio popular para que no alquilaran viviendas a venezolanos, alegando que estos migrantes participaban en actividades delictivas.
Según recogieron medios colombianos, en su encuentro con la prensa, el burgomaestre se refirió al incremento de la delincuencia en varias zonas de la cuidad y relató que había recibido informes de que en el barrio San Martín, personas arrendaron viviendas a venezolanos que luego habrían sido convertidas en sitios para la comisión de delitos.
«Entendemos los esfuerzos que se están haciendo para la recuperación de la seguridad, pero en el sentir de la comunidad hay unos aspectos claves. Hablan del barrio San Martín. Me comunican en el día de hoy que tres familias que se especializaron en arrendar viviendas a venezolanos para convertirlas en prostíbulos y sitios de consumo. Me enviaron los nombres de las personas», detalló al respecto.
Castro justificó su posición, asegurando que en Yopal habría «territorios vedados para la fuerza pública».
Se trata de la segunda autoridad local del vecino país que en menos de una semana promueve la implementación de medidas xenófobas y estigmatizantes de los migrantes, especialmente de los venezolanas, que según cifras oficiales corresponde al grupo más numeroso.
Este 18 de agosto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, informó que crearía un «comando especial» para la desarticulación de bandas criminales supuestamente conformadas por migrantes –a quienes responsabilizó del incremento de la violencia delincuencial en la capital–, con base en un mecanismo biométrico de registro de extranjeros que ya está en operación.
Sin embargo, tras recibir fuertes críticas y alertas, incluso por parte de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo colombiano dio marcha atrás a la medida, indicando que la implementación de esa clase de acciones era competencia exclusiva del gobierno central.
(LaIguana.TV)
