Como parte de la divulgación del informe presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que se documentan exhaustivamente los efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington sobre el pueblo venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez enumeró los efectos que han tenido siete órdenes ejecutivas sobre la economía venezolana.

Rodríguez relató que las sanciones ilegales contra el país iniciaron en marzo de 2015, cuando el entonces presidente Barack Hussein Obama dictó la primera de ellas, en la que se declaraba a Venezuela «una amenaza» para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A esto siguieron decretos sancionados entre 2017 y 2019 para bloquear la industria petrolera, cuyo propósito era «asfixiar, como lo dijeron sus autoridades, a la economía venezolana, causar el colapso de la economía venezolana y, principalmente, causar la caída drástica, dramática y severa en los ingresos en divisas de la República Bolivariana de Venezuela», comentó la funcionaria.

La vicepresidenta recordó que el panorama se agudizó aún más cuando autoridades británicas decidieron desapoderar al Estado venezolano de más de 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, a lo que se añadió «el bloqueo en cuentas extranjeras de recursos líquidos» superior a los 7.000 millones de dólares.

Adicionalmente, señaló, el gobierno estadounidense sancionó a 192 personas, 150 empresas –10 de propiedad estatal y 140 pertenecientes a particulares–, que tienen impedido realizar cualquier clase de operación en 26 países.

Para terminar el recuento, precisó que también resultaron sancionadas ilegalmente 69 embarcaciones, 30 buques petroleros y 58 aeronaves.

Así, refirió, según datos del Observatorio Contra las Medidas Coercitivas unilaterales, en apenas cinco años, Venezuela «ocupa en el quinto lugar en medidas coercitivas unilaterales, en comparación con otros países, una treintena de países sancionados ilícitamente en el mundo».

(LaIguana.TV)

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