El pasado 3 de agosto, un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó otra declaración con la que pretende presionar a la Corte Penal Internacional (CPI), para que inicie la investigación formal de la causa que se sigue contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. 

En el texto, que fue divulgado por el organismo el pasado 4 de septiembre, cuando inició en México la segunda ronda de conversaciones entre representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición agrupados en la Plataforma Unitaria, se refiere que en el documento presentado por la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se ratifican las conclusiones presentadas por el panel en su informe de mayo de 2018 «acerca de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el cumplimiento con los requisitos para la apertura de una investigación».

En particular, se precisa que Bensouda «reiteró su conclusión sobre la existencia de fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte y asimismo consideró que también se cumplía con el requisito de complementariedad, por lo cual era necesario abrir la investigación». 

Además, los firmantes alegan que la posición de la exfuncionaria, coincidente con la del panel, establece la admisibilidad de los casos «debido a la inacción de la justicia venezolana, que se evidencia en el limitado número de procedimientos relevantes a nivel interno, en relación con los casos potenciales identificados por la Fiscalía y la falta de medidas concretas para establecer la responsabilidad penal en estos casos». 

Este punto de vista se extiende, sin justificación alguna, a las investigaciones en curso. En su decir, los funcionarios venezolanos no tendrían la «capacidad para llevar a cabo realmente el procedimiento» o los procesos estarían viciados de entrada.

A contrapelo de estas aseveraciones, el Ministerio Público de Venezuela ha ratificado en múltiples ocasiones su interés en colaborar con la Corte, «en el marco de un trato justo e igualitario», como se lee en una comunicación formal difundida por el Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, el pasado 4 de agosto, a propósito de otro acto de pretendida intromisión de la OEA. 

Sería, cuando menos, la tercera tentativa de esta especie, en tanto, como se lee en el texto compartido por Saab en esa ocasión, «el 2 de diciembre de 2020 la OEA ya intentó presionar a la Fiscalía de la CPI. En tal ocasión, la señora fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, manifestó que su ‘Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua'». 

En la misma comunicación, en nombre del Estado venezolano, el funcionario cuestionó el papel de lo que denominó «autoproclamados ‘expertos independientes'», que han sido usados por el ente asentado en Washington para intentar «influir en el buen desarrollo de la justicia internacional», asunto que el que persiste desde 2018, cuando avanzó gestiones para enjuiciar a las autoridades de Venezuela en tribunales internacionales, como medida de presión para deponer al Gobierno Bolivariano.  

De otra parte, aunque Venezuela solicitó abandonar el Sistema Interamericano en 2017 y la resolución se hizo efectiva dos años después, la OEA insiste en argumentar una supuesta falta de independencia del Poder Judicial del país suramericano, con base en  «numerosos pronunciamientos de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», así como haciendo referencia a «tres condenas de la Corte Interamericana que evidenciaban ‘un patrón generalizado de falta de independencia judicial'».

El «panel de expertos» asegura que las determinaciones presentadas por la exfiscal son suficientemente «concluyentes» como para que la CPI inicie un «proceso adecuado en relación con los máximos responsables de los crímenes cometidos en Venezuela», dejando de lado que el Examen Preliminar no ha concluido y que el caso ya está en manos del nuevo Fiscal General de la CPI, el británico Karim Kahn. 

«Dado que no se ha realizado ningún progreso significativo desde las conclusiones confidenciales de la Fiscal saliente –ni por parte de su Oficina, ni en Venezuela_ es necesaria una acción inmediata de la CPI para promover la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela», finaliza el texto.

Hasta el momento, las autoridades de Venezuela no han respondido al pronunciamiento. 

(LaIguana.TV)

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