Este martes 28 de septiembre, organizaciones feministas, mujeres y otras individualidades agrupadas en la iniciativa «Ruta Verde», marcharon desde la Plaza Morelos al Palacio Federal Legislativo para exigir la despenalización legal y social del aborto en Venezuela. 

Concretamente, las demandantes exigen la «derogación inmediata de los artículos 430, 431,433 y 434 del Código Penal», que son los que tipifican como delito la interrupción del embarazo en prácticamente cualquier situación, cuando en realidad, sostienen, se trata de «un problema de salud pública y de derechos humanos». 

Lo consagrado en las leyes venezolanos, que no ha sufrido modificaciones «desde hace más de cien años, «no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos y mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica», reza un comunicado que consignaron ante el parlamento. 

Otro de los aspectos que se subraya en el documento es el carácter «doblemente discriminatorio» que entraña la criminalización del aborto, pues no solamente afecta a mujeres, niñas y adolescentes, sino que vulnera todavía más a las que están en situación de pobreza, en tanto son las más expuestas a ser encarceladas, a padecer efectos graves sobre su salud reproductiva e, incluso, perder la vida, lo que supone un problema de salud pública. 

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

COMUNICADO | CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

Nosotras, las organizaciones, colectivas, movimientos e individualidades feministas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y niñas, desde nuestros diversos posicionamientos sociopolíticos, coincidimos y unimos nuestras voces para develar que:

No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela. Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos y mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica. 

La criminalización del aborto vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud, al libre desenvolvimiento de la personalidad; el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a vivir una vida libre de violencia, en suma, a la dignidad humana. 

Esta violación de los derechos humanos es doblemente discriminatoria. Por una parte, solo afecta a las mujeres, las niñas y las adolescentes dada su condición reproductiva específica, y por otra, golpea particularmente a aquellas que se encuentran en situación de pobreza, que quedan expuestas a ser privadas de su libertad, disminuidas en su integridad física o a morir en el intento de aspirar a un proyecto de vida viable.

La criminalización del aborto es un problema de salud pública, que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes. Por una parte, oficialmente es reconocido que el aborto inseguro es la tercera causa de la alta mortalidad materna en nuestro país; por otra parte, origina la morbilidad que incapacita a cientos de mujeres, adolescentes y niñas, que además deben vivir con el estigma de la ilegalidad. Ello sin contar el importante subregistro de abortos clandestinos.

Por lo expuesto, exigimos:

1. Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal.

2. Redactar, con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022.

3. Promover el debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico.

4. Los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las más vulnerables.

(LaIguana.TV)

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