Un juez mexicano solicitó la detención de 10 personas vinculadas al presunto desvío de recursos que se le imputa a las empresas de la conductora Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, entre quienes se encuentran exfuncionarios federales y estatales.

Fue el juez Aarón Zeferín Hernández del Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano quien giró las órdenes de aprehensión contra 10 personas acusadas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de empresas fantasmas que están a nombre de la comunicadora mexicana y su esposo.

De acuerdo con reportes periodísticos, entre las 10 personas acusadas se encuentra Eduardo Guerrero Durán, quien fungió como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y se encargó de los centros penitenciarios de Chihuahua.

Asimismo, se giró una orden de arresto contra Jorge Arnaldo Nava López, exfiscal de la Zona Norte de Chihuahua y exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

También se acusa al exdirector general de Desarrollo Tecnológico, Jesús Gabriel Pérez; al exresponsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS, Emmanuel Castillo Ruiz, y al exdirector general de Administración, Paulo Uribe Arriaga.

El resto de las órdenes fueron giradas contra José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López, Ricardo Cortés Contreras, Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado, quienes habrían formado parte de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, desviaron hasta 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares).

Luego de darse a conocer la lista de presuntos implicados, la conductora Inés Gómez-Mont se deslindó nuevamente de las acusaciones y acusó que se le coloca «en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista».

La conductora televisiva aseguró que tiene un «temor fundado» por «más casos fabricados» en su contra de los que ya tiene conocimiento, aunque no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.

«Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso», se lee en su pronunciamiento.

(Sputnik)

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