La Fundación Nobel concedió este año el Premio Nobel de la Paz a los periodistas Dmitry Muratov (Rusia) y María Ressa (Filipinas), dos periodistas que, según una pesquisa publicada por La Tabla, son financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). 
 
De acuerdo con el comunicado divulgado por el comité, fueron reconocidos con el galardón «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión» y se les refiere como representantes de «todos los periodistas que se pronuncian en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan crecientes condiciones adversas».
 
El premio despertó el interés porque, como refiere La Tabla, «es la primera vez que el Nobel de Paz se entrega a periodistas desde que el alemán, Carl von Ossietzky, lo ganó en 1935 por revelar el programa secreto de rearme de su país tras la I Guerra Mundial». 
 
Además, se precisa que «los galardonados compartirán un premio que incluye un cheque de 1,1 millones de dólares estadounidenses».
 
Empero, si bien el medio especializado no pone en tela de juicio la calidad de sus trabajos, sí aporta datos públicos que permiten perfilar a los distinguidos este año con la prestigiosa condecoración y que sugieren que méritos aparte, hay un claro interés político detrás. 
 
Sobre Muratov, se refiere que «es cofundador del diario independiente ruso Novaja Gazeta», un medio en el que suelen publicarse acusaciones –»reales o no»– de casos de corrupción y abuso de las autoridades en ese país. 
 
Además, en el trabajo de investigación se precisa que «seis reporteros del medio han sido asesinados en los últimos años». Y si bien no se aportan detalles sobre el contexto que ocurrieron estos crímenes, el dato, en sí mismo, es digno de atención, particularmente porque Muratov  «ha firmado manifiestos contra la política de las autoridades rusas en Crimea (2014) y en apoyo a las acciones de protesta contra el gobierno de Bielorrusia (2020)». 
 
La contracara de este perfil es que Novaja Gazeta está financiado por las fundaciones Soros y Rockefeller, ligadas con el Departamento de Estado y directamente de la National Endowment of Democracy (NED), una institución con un amplio historial de injerencias en la soberanía de países cuyos gobiernos no están alineados con Washington. 
 
De acuerdo con lo reportado por La Tabla, citando medios locales rusos, estos fondos se canalizarían a través de la editora Tasha Sokolova. Solo en 2017 recibió 1,9 millones de rublos (unos 265.000 dólares al cambio actual). 
 
Adicionalmente, el jefe de edición, Roman Anin, recibió el premio Knight que otorga el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que ha coordinado las investigaciones que derivaron en la publicación de los ‘Panama Papers’, ‘Paradise Papers’ y más recientemente, los ‘Pandora Papers’.
 
Siempre siguiendo lo sostenido por el medio venezolano, en 2019, Anin recibió una beca de la Universidad de Stanford, en California, «cuyos patrocinadores» son todos parte del aparato de seguridad del Estado estadounidense: la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y el Pentágono. 
 
Quizá por esto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, leyó una felicitación para Muratov –que La Tabla especula que podría «considerarse como una condena»–, en la que se resaltaba que «él trabaja persistentemente de acuerdo con sus propios ideales, está dedicado a ellos, tiene talento y es valiente».
 
Cuando se mira al lado de la otra galardonada, María Ressa, el panorama presentado por La Tabla es semejante: relación hostil con un gobierno que no es bien visto en La Casa Blanca y financiamiento por parte de agencias estadounidenses. 
 
Ressa, quien es cofundadora del sitio de noticias Repple, ha sido encarcelada «y acosada» por denuncias formuladas en contra de la campaña antidrogas avanzada por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte en Filipinas, lo que le valió el elogio del Comité del Nobel de la Paz –que tildó la política del mandatario de «asesina», en virtud de los múltiples decesos que se han derivado de ella– por «usar la libertad de expresión para denunciar el abuso de poder».
 
La Tabla apunta que la otra arista de los esfuerzos de la periodista se concentran en denunciar el uso de las redes sociales por parte del gobierno de su país, «para propagar noticias falsas, acosar opositores y manipular el debate público». 
 
El Nobel de la Paz no es el primer galardón internacional que recibe Ressa, pues ya le fueron conferidos los premios Mundial de la Libertad de Prensa Unesco, Guillermo Cano y a la Democracia del Instituto Nacional Demócrata, a lo que se suma que en 2018 fue calificada como la «personalidad del año» por la revista Time.
 
Lo que no se suele destacar de la trayectoria de la periodista filipina, es que, según datos recabados por La Tabla, fue jefe de la cadena estadounidense CNN en Manila (Filipinas) y Yakarta (Indonesia) y que Rappler, el medio del que es copropietaria, «es financiado desde el exterior, principalmente por la NED», además de que «desde hace unos años, compara las políticas de China y Rusia con las del presidente filipino». 
 
Como colofón, el portal especializado indica que «los medios de los periodistas ganadores, Novaja Gazeta de Rusia y Rappler de Filipinas, pertenecen al ecosistema digital de noticias impulsado y auspiciado por el gobierno gringo como en Venezuela Efecto Cocuyo y Armando Info».
 
Un Nobel de la Paz cada vez más cuestionado
 
Otro dato de interés que para La Tabla merece atención, es que «desde hace algunos años» el galardón ha sido puesto en cuestión, pues se ha convertido en «un instrumento –diplomática y públicamente– de la política exterior» de Noruega. 
 
Los señalamientos han alcanzado al Comité, que según sus críticos, usaría el premio «para impulsar sus propios intereses», apunta La Tabla. Abona a esta tesis que sus integrantes, designados por el Parlamento noruego, «poseen cada vez un perfil más politizado», al punto tal de que «antiguos políticos con lazos con la OTAN y Estados Unidos» ha pasado a engrosar sus filas. 
 
Para el medio especializado en periodismo de datos abiertos, el peor antecedente de este proceder fue el premio otorgado al expresidente colombiano Juan Manuel Santos por la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso en el que Noruega fungió como mediador. 
 
Bajo este cristal, el galardón sería «un autopremio» dirigido a «apuntalar el desempeño diplomático» de la nación escandinava. 
 
(LaIguana.TV)
 

 

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