El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, brindó detalles este jueves sobre el acuerdo al cual llegaron este miércoles el Estado venezolano, representado por el presidente Nicolás Maduro, y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y sobre el cual resaltó como una victoria el reconocimiento de la CPI a la institucionalidad venezolana.

Saab reiteró el posicionamiento expresado por el presidente Nicolás Maduro de respetar, aunque no compartir, la decisión de comenzar una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos desde las protestas violentas del año 2017.

Según el fiscal general, no se cumplen requisitos del Estatuto de Roma para pasar de la fase preliminar a la fase de investigación, a pesar de los ocho informes enviados por Caracas a la CPI desde hace cuatro años y su propia visita a la sede de La Haya, en el año 2020.

Manifestó que la CPI no cumplió con las reglas de la fase preliminar, las cuales estipulan que tras el envío de información por parte de Venezuela desde hace un año debía producirse un intercambio desde La Haya, el cual no sucedió.

Celebró, no obstante, que de esta manera, el acuerdo del miércoles obliga a la CPI a acompañar al Estado venezolano para investigar y sancionar en el marco de las instituciones venezolanas.

Explicó que de esta manera se pone en práctica la llamada complementariedad positiva entre la CPI y el Estado venezolano.

Asimismo, repasó los términos del acuerdo firmado, en el cual destacó que significa el reconocimiento de la jurisdicción nacional venezolana en la investigación preliminar de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos.

Instó a que la colaboración entre ambas partes sea real, en lo cual resaltó que ha sido posible tras la salida de la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

En su opinión, lo importante es que la investigación de la CPI se hace sin elementos suficientes para ir en contra de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano.

Resaltó que ahora la CPI deberá informar a la Fiscalía venezolana, con la cual deberá llegar a consensos sobre el uso de las denuncias y sus formalizaciones.

De acuerdo al fiscal general, resulta importante que en el propio documento se revela y se establece algo decisivo, fundamental, que es que Venezuela, con su sistema de Justicia hará una investigación propia de los hechos por los que fue objeto de examen.

En ese sentido, dio detalles de los casos investigados en los procesos abiertos tras las manifestaciones violentas de 2017, como expresión de las acciones del Estado venezolano, y puntualizó los casos de policías que cometieron delitos.

No obstante, subrayó que casi la mitad de los fallecidos durante esas protestas tuvo que ver con acciones violentas de los manifestantes, que emplearon armas convencionales y no convencionales.

En este momento hay más de 700 causas abiertas, puntualizó el fiscal general, quien resaltó su labor al frente del Ministerio Público y recordó que su oficina está abierta a la cooperación con la CPI.

Contrastó la actuación del Gobierno bolivariano con las actuaciones de los ejecutivos y órganos de justicia antes de 1999, período que calificó de «impunidad total».

(teleSUR)

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