Tras una breve pausa, este martes 9 de noviembre, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela regresó a su programa Desde Donde Sea para abordar temas de actualidad política venezolana, que vista la proximidad de los comicios regionales y municipales, podría tildarse de «polvorín».  

Entre otros temas, el experto analizó la reciente visita a Venezuela de Karim Kahn, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las implicaciones del memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con esa instancia.  

A este respecto, avanzó que se intenta enjuiciar al presidente Nicolás Maduro en la CPI con un interés evidentemente político, lo que contrasta con el tratamiento que reciben graves violaciones a los derechos humanos en la región.  

De otro lado, recordó las advertencias que ha formulado el intelectual venezolano Luis Britto García, quien insiste que Venezuela no puede delegar su soberanía en cortes internacionales, todavía más cuando muchas de las supuestas denuncias que se han interpuesto ante esas instancias no han sido procesadas por las instituciones nacionales, como establece el Derecho Internacional.  

Además se refirió a las recientes revelaciones del portal británico The Canary relacionadas con nuevos desfalcos cometidos por el exdiputado Juan Guaidó y el grupo que le secunda, así como al complicado escenario electoral con el que lidia este sector político, producto de sus propios fallos.  

También le merecieron interés las recientes declaraciones del ex enviado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en las que admite que la administración Trump falló en su empeño para derrocar al presidente Nicolás Maduro y a las advertencias que formulara el diputado Diosdado Cabello en torno a las intenciones que tendría la Misión de Observación Electoral enviada por la Unión Europea.  

Antes de entrar en materia, hizo referencia al reciente escándalo protagonizado por el dirigente ultraderechista Freddy Guevara, que aún de soslayo, puso en la palestra una presunta motivación política tras las actuaciones de la CPI, como se lee en el trabajo periodístico Medio opositor destapó nuevo chanchullo de Freddy Guevara mientras dialogaba en México (+Maduro), publicado en el portal de LaIguana.TV.  

Según Panam Post, el militante de la ultraderecha Freddy Guevara manifestó recientemente en una reunión estar dispuesto a solicitar que la Corte Penal Internacional (CPI) no inicie un juicio contra el presidente Nicolás Maduro, a cambio de ciertas concesiones a los factores de oposición, refirió el analista. 

Desde su punto de vista, esta suerte de chantaje que trató de implementar el dirigente extremista, deslegitima las denuncias que ha intentado presentar ese grupo ante la CPI en contra del Estado venezolano.  

Así, precisó, el citado medio indica que en el audio al que tuvo acceso, se escucha a Guevara señalar «que está dispuesto a negociar todo, pero también a ‘cobrarlo caro'» y al ahondar sobre las implicaciones que tendría pactar con el chavismo, el político se refiere posteriormente a la Corte Penal internacional, a la que tildó de «corte política». 

Pérez Pirela destacó que Guevara señala en el audio que bastaría una declaración para que se active un supuesto juicio contra el primer mandatario,  pero que él está dispuesto a negociar y a «cobrarlo caro». «No tenemos que ir por algo intermedio, sino que tenemos que ir por algo que realmente nos sirva», asegura en la grabación. 

El dirigente explicó, asimismo, que tras conversar con supuestos conocedores del tema, estos le señalaron que «si hay una corte política es esa corte, que responde mucho a los incentivos políticos que hay», citó el filósofo, que a continuación procedió a citar íntegramente lo dicho por Guevara y reseñado por PanamPost.

Todo esto, indicó el también director de LaIguana.TV, reviste de mayor gravedad porque esto se produjo durante la visita de Karim Kahn a Venezuela.  

No obstante, matizó, a contrapelo de lo sostenido por medios y periodistas desde el extranjero, el que el funcionario haya pisado suelo venezolano no significa en modo alguno que ya serán enjuiciadas –y eventualmente removidas– las autoridades venezolanas.  

Visita a Venezuela del Fiscal de la CPI, Karim Kahn 

Sobre este tema, el comunicador detalló que Kahn visitó Venezuela entre el 1 de noviembre y el 3 de noviembre. Lo invitó el presidente Nicolás Maduro y tras extensas jornadas de trabajo y el pasado miércoles 3 de noviembre las partes suscribieron un memorándum de entendimiento que guiará la cooperación, de cara a la fase que iniciará la CPI del llamado caso Venezuela I, en el que se investigará la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano en las protestas violentas –guarimbas– de 2017.  

Explicó, asimismo, que el acuerdo se firmó a consecuencia de la discrepancia entre Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en torno a la superación de la fase de examen preliminar del caso Venezuela I y en él se establece que la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano continuarán trabajando en el resguardo de los derechos humanos en el país, con base en el respeto y la complementariedad, de cara a la próxima fase de investigación que iniciará la CPI.

Entre las consideraciones que motivaron al memorándum, reseñó, se destaca que «la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes, creadas para tal fin». 

«No se puede saltar las instituciones venezolanas porque Venezuela es una República soberana» y no una «República bananera» en la que cortes internacionales deciden, sin considerar las leyes locales, tal y como lo establece el Derecho Internacional, apuntó.   

Del mismo modo, señaló el experto, tanto el Gobierno de Venezuela como la Fiscalía de la CPI se comprometieron a «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela». 

Subrayó también que en su intervención, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el memorándum expresa «la síntesis» de las jornadas de trabajo entre las partes y lo calificó como «un paso en positivo», a pesar de las diferencias existentes en torno al examen preliminar.  

Maduro denunció que al Estado venezolano no se le permitió conocer la documentación que estaba siendo analizada por la Fiscalía de la CPI y actuó «a ciegas», situación que sería subsanada con el recién firmado acuerdo, comentó el analista.  

Por otro lado, indicó que el mandatario manifestó que era el primer interesado en que se sepa la verdad y que se disipen todas las dudas existentes sobre este tema, que atribuyó en buena medida a «campañas mediáticas».  

A modo de contexto, recordó que el primer encuentro entre Kahn y el Jefe de Estado se produjo el pasado 1 de noviembre y en él debatieron temas relacionados con los derechos humanos. En este primer acercamiento también participó el canciller, Félix Plascencia.  

Pérez Pirela precisó que Kahn viajó acompañado del asesor legal Thomas Edward Lynch, la asistente jurídica María Eugenia Valenzuela y la asesora adjunta de relaciones exteriores Nuria Vehils.  

De otra parte, refirió que tras la firma del memorándum, Maduro detalló que en las reuniones, el Estado venezolano, en diálogo «franco», «constructivo» e «interactivo», presentó sus alegatos en relación con el examen preliminar asociado a la causa Venezuela I.  

Con respecto a la postura de la Fiscalía de la CPI, puntualizó que el Fiscal Kahn dejó en claro que la instancia que encabeza está guiada por los principios del derecho internacional y rechazó cualquier intento de politización de su trabajo. 

De este modo, en su intervención sostuvo que su despacho operará de conformidad con el Estatuto de Roma y enfatizó que está comprometido en trabajar de forma «colaborativa e independiente» con el gobierno de Venezuela, sus instituciones y su pueblo, en el marco de la complementariedad positiva.  

Para Pérez Pirela, estos decires del Fiscal de la CPI son una respuesta directa a Freddy Guevara y al sector extremista de la oposición, que pretendieron presentar su visita como el preludio de un enjuiciamiento a Maduro gracias a sus esfuerzos, dejando de lado que Kahn acudió a Venezuela por invitación directa de su presidente.  

«Hay que aclarar que el Estado venezolano no es solamente la presidencia, al Poder Ejecutivo, sino solo uno de los poderes que estructura el entramado burocrático del Estado venezolano», puntualizó el comunicador, esto antes de dar paso a la explicación de la posición del Poder Judicial en torno a la conclusión del examen preliminar y el memorándum de entendimiento.  

La posición de Venezuela en torno a la conclusión del examen preliminar y el memorándum de entendimiento 

Así, precisó, una vez se firmó el memorándum, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles acerca de las razones que soportan el rechazo de Venezuela a la conclusión de la fase de examen preliminar y el inicio de la fase de investigación en el caso Venezuela I.  

En su encuentro con el Fiscal de la CPI y su delegación, el Ministerio Público puso al corriente a la CPI sobre los casos de violaciones a los derechos humanos que están bajo investigación o ya fueron sancionados, indicó Saab. 

En este marco, refirió el experto, el funcionario informó que fue comunicado directamente por Kahn de la decisión de su despacho de dar por concluida la fase de examen preliminar y abrir una investigación «para determinar la verdad», mas el Ministerio Público estima que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para cerrar la fase preliminar.

A este respecto, mencionó que Saab alegó que desde noviembre de 2020, su despacho consignó a la Fiscalía de la CPI ocho informes con más de 3.000 folios con las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos que avanzan los fiscales del Ministerio Público.  

Más específicamente, relató el analista, el Fiscal General indicó que durante la gestión de la anterior titular, Fatou Bensouda, nunca se produjo un intercambio de información con esa instancia, sino que el Estado venezolano únicamente recibió acuses de recibo de los documentos consignados, en clara violación a lo que contempla el principio de complementariedad positiva.  

Empero, a pesar de los señalamientos previos, el Fiscal Saab destacó que el memorándum rubricado por el presidente Nicolás Maduro y el Fiscal de la CPI, Karim Kahn «apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía», pues esto permitirá hacer valer el principio de complementariedad positiva, que obliga a la CPI a cooperar activamente con el Estado venezolano.   

Otro señalamiento de interés compartido por Saab y reseñado por Pérez Pirela en su análisis es que en una porción significativa de las denuncias que fueron presentadas por el Grupo de Lima y por la Organización de Estados Americanos (OEA), se obviaron los protocolos jurídicos, pues no fueron denunciadas oportunamente ante los órganos competentes de la Nación. 

Para añadir más gravedad, de acuerdo con lo expuesto por el alto funcionario, las fuentes que las soportan son notas de prensa aparecidas en medios digitales, denuncias interpuestas en el extranjero sin que las instituciones venezolanas conocieran de los casos y un par de documentos sustentados en «más de cuatro millones de tuits» cuyo fin era criminalizar al Estado venezolano.  

El analista apuntó que Saab enfatizó que el último punto del memorándum de entendimiento pretende reparar la vulneración al principio de complementariedad positiva que caracterizó las relaciones de Venezuela con la CPI bajo la gestión de la anterior titular de la Fiscalía, Fatou Bensouda y manifestó su confianza en que la situación cambie después de la visita de Kahn a Venezuela.  

¿Qué ha hecho el Estado para investigar y sancionar a los responsables de las muertes en las ‘guarimbas’ de 2017? 

Ubicándose al otro lado del péndulo, Miguel Ángel Pérez Pirela presentó un recuento de las acciones que ha realizado el Estado venezolano para investigar y sancionar a los responsables de las muertes acaecidas en las «mal llamadas guarimbas» –a las que tildó de «actos terroristas».  

En primer término, puntualizó que en función de lo expresado por Saab, en la fase de investigación que recién comienza, la Fiscalía de la CPI está obligada a informar al Estado venezolano cuáles son los casos específicos que investiga y a precisar qué información posee acerca de los procedimientos penales asociados que se están realizando en el país.  

Además, indicó que el Fiscal General de Venezuela especificó que esto es de particular interés para decantar aquellos casos formulados por denunciantes anónimos o que han cursado fuera de las instituciones venezolanas, pues la omisión de este paso, en términos formales implica que ni las víctimas ni sus deudos han sido reconocidos como tales por el Estado.  

Seguidamente, puntualizó que en el contexto de violencia sediciosa del año 2017 perdieron la vida cerca 155 personas, de las cuales 65 (42%) son atribuibles a la acción de manifestantes violentos y 42 casos (28%) a la acción de miembros de la fuerza pública y también se refirió al fallecimiento de dos personas debido a problemas de salud preexistentes, a los 16 casos (10%) en los que aún no se ha establecido la causa de la muerte y a los 29 casos que se produjeron por la acción de «civiles no identificados».  

Sobre esto último, el funcionario precisó que estos decesos se produjeron a consecuencia de la colocación de guayas en la vía pública e incluso a la quema de personas por portar franelas rojas o por su color de piel.   

«La extrema derecha pagada por la USAID (…), agentes desestabilizadores pagados por Estados Unidos y otras naciones» crean desestabilización y zozobra, el Estado trata de defenderse y ahora son ellos, los que crearon estas condiciones, los que acuden a la CPI para denunciar al Estado por la comisión de delitos de lesa humanidad, reflexionó al analista.  

Frente a la narrativa predominante, que asegura que en Venezuela reina la impunidad y no se sanciona a los violadores de los derechos humanos, Saab apuntó que en el país se investigan 780 causas por presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto en las protestas violentas de 2017 como en otros hechos ocurridos con posterioridad, detalló el experto.  

Siempre siguiendo a Saab, precisó que en total han sido acusados 1.061 funcionarios y 50 civiles que habrían estado implicados en crímenes de derechos humanos y ya han sido condenados 196 exfuncionarios.  

«¿Cuándo van a condenar, por ejemplo, a Guaidó, que ha atentado a contra los derechos humanos» y a personajes como Leopoldo López, Freddy Guevara o Julio Borges, que han violentado todas las leyes y los artículos de la Constitución?, fustigó. «Es el mundo patas arriba» donde los victimarios denuncian y se presentan como víctimas, agregó.  

También el Fiscal General aseveró que estas cifras fueron comunicadas a la Fiscalía de la CPI y que la documentación que las soporta, incluyendo los expedientes individuales, podrán ser consultadas por la oficina de Kahn, si así lo desea.  

Con respecto al trabajo conjunto que realiza su despacho con la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michel Bachelet, apuntó que producto del diálogo entre las dos instancias se han acelerado más de 100 causas relacionadas con muertes en manifestaciones, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad, sintetizó el también director de LaIguana.TV.  

Continúa el robo de Guaidó: se autocanceló 1,9 millones de dólares  

Pasando a otro tema, Pérez Pirela aludió al más reciente escándalo de corrupción protagonizado por el exdiputado Juan Guaidó. Sobre este tema, indicó que el pasado 4 de noviembre, el medio británico The Canary dejó al descubierto los manejos turbios con los dineros de Venezuela que ha hecho su pseudo gobierno de usurpación en los últimos meses. 

Esta información, refirió, la difundió el periodista John McEvoy, quien el pasado agosto también reveló las millonarias cifras que ese sector político pagó a bufetes de abogados ligados a ‘lobbies’ estadounidenses para hacerse con el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.  

«Se siguen robando nuestra plata y nadie los toca», cuestionó.  

En esta ocasión, con base en datos difundidos por la pseudojunta directiva del Banco Central de Venezuela, McEvoy precisó que el exdiputado se autocanceló más de 1,9 millones de dólares procedentes de fondos del Estado venezolano, relató el comunicador. 

El investigador refirió que según lo publicado por The Canary, solamente este año se han erogado «2,6 millones de dólares a la falsa ‘presidencia'» provenientes de dineros venezolanos confiscados por Estados Unidos y manejados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). 

Pero eso no es todo. El economista opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro Francisco Rodríguez indicó que entre enero de 2019 y septiembre de 2021, el así llamado gobierno interino ha gastado 121,9 millones de dólares con cargo al Fondo para la Liberación de Venezuela. 

Además del dinero otorgado a la falsa presidencia, se adjudicaron fondos a la pseudo cancillería –Julio Borges–, a presuntas ayudas humanitarias y también para otorgar bonos al personal sanitario.  

En decir del economista, lo más grave es que se destinaron fondos públicos para financiar a militantes de la oposición, lo que constituye un delito, destacó el analista.  

Pese al desangre de las arcas públicas descrito previamente, el experto comentó que el grupo solicitó el viernes «ayuda humanitaria», usando como pretexto la ausencia de insumos médicos y fármacos en los centros de salud.  

Más precisamente, fue Luis Somaza, quien hace las veces de «director de despacho» de Guaidó, el que advirtió en Twitter que «cientos de venezolanos están en riesgo de perder la vida» por la crisis hospitalaria, a pesar de que su sector político ha solicitado, impulsado y respaldado la imposición de medidas coercitivas unilaterales.   

Asimismo, en lo que el filósofo venezolano calificó de «descaro», el exparlamentario exhortó al reinicio de las conversaciones entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria, dejando entrever que ese sería el mecanismo a través del cual podría ingresar la ayuda humanitaria.  

Guerra a muerte entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui por la gobernación de Miranda 

Los enfrentamientos a lo interno de la oposición, más dividida que nunca y pagando las consecuencias de su sostenida política abstencionista, fue el siguiente tema abordado por Pérez Pirela en sus reflexiones en la edición 380 de su programa Desde Donde Sea.  

Entre estas trifulcas, a su juicio, la más emblemática es la que desde hace meses mantienen los políticos opositores Carlos Ocariz (respaldado por Guaidó) y David Uzcátegui (de la organización Fuerza Vecinal), pues ambos se atribuyen las preferencias del electorado en el estado Miranda y sostienen que ganarían frente al actual gobernador y candidato a la reelección, Héctor Rodríguez.  

En el último altercado, comentó, Uzcátegui tildó a Ocariz de «mentiroso» y lo acusó de «abandonar» a los mirandinos hace cuatro años, cuando el ala extremista de la oposición decidió no participar en los comicios de ese año.  

Previamente, Ocariz había tachado a su rival de oportunista y «ambicioso», pues pretendía ser gobernador habiendo ejercido solamente como concejal. También lo fustigó por presuntamente dejarlo plantado en reuniones previamente acordadas y por negarse a respaldar su candidatura. 

El caso no es ni por mucho único, aseguró el analista, puesto que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro está hiperfragmentada y se expone a un grave debacle electoral, debido a la dispersión de votos.  

CNE investiga a transgresores de la campaña electoral sin importar el bando 

Continuando con los temas electorales, Pérez Pirela informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que abrirá investigaciones administrativas a cuatro candidatos por violar el reglamento de campaña definido para las megaelecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.  

Precisó que los investigados serán David Uzcátegui, candidato a la gobernación de Miranda, por usar niños en sus cuñas; Luis Eduardo Martínez, que aspira a la gobernación de Aragua, por emplear símbolos regionales y Héctor Rodríguez, actual gobernador de Miranda y candidato a la reelección, por mezclar su gestión con actos proselitistas de campaña.  

Además, el CNE especificó que se abrirá una investigación administrativa sobre la persona de Gustavo Duque, actual alcalde y candidato a la reelección en el municipio Chacao (Miranda), por el presunto uso de fondos públicos para financiar su campaña.  

Elliot Abrams admite que EEUU ha cometido errores para expulsar del poder a Maduro 

En inciso, aludió a las recientes declaraciones de Elliot Abrams, ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, quien recomendó al gobierno estadounidense y a otros países que respalden las conversaciones que sostienen las oposiciones agrupadas en la Plataforma Unitaria con el gobierno de Venezuela.  

En un artículo publicado en el portal cfr.org, el exfuncionario admitió que producto de diferencias internas, la administración Trump cometió un error al criticar y mantenerse «al margen» del diálogo que entablaron las partes en Noruega durante 2019, pues ello «debilitó la oportunidad» para que el grupo que apoyan –el de Guaidó– alcanzara sus objetivos, comentó el experto.  

A continuación, indicó que en el texto, Abrams advirtió que «el hecho de que Estados Unidos no participe en las negociaciones o no las apoye de alguna manera socava a la oposición, porque reduce el incentivo del régimen para negociar compromisos reales».  

Asimismo, precisó que este agente político reconoció el fracaso de la agresiva política de sanciones emprendida por Washington para «desalojar» del poder al presidente Nicolás Maduro. En su opinión esto se debe a que las «sanciones económicas amplias que no afecten directamente a las élites gobernantes, no cambiarán su conducta». 

La advertencia de Diosdado en torno a la misión de observación de la UE 

Antes de concluir la emisión, Pérez Pirela recuperó las declaraciones que formulara el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que pidió tener cuidado con la misión de la Unión Europea (UE) que se encuentra en el país, pues denunció que no está en esta nación para hacer observación electoral de los comicios del 21 de noviembre.  

«Tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a Venezuela a hacer observación de ningún tipo, ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia andan tratando de meter la nariz donde no deben meterla», dijo Cabello durante un acto de campaña electoral en el estado Anzoátegui. 

A modo de cierre, mencionó que Cabello enfatizó que «las comisiones de observaciones no son jueces, no son árbitros, vienen a ver, y ojalá aprendan a hacer elecciones. (…) Son los mismos que están gritando desde Europa que las elecciones en Nicaragua no fue elección». 

(LaIguana.TV)