El pasado jueves 11 de noviembre, el Consejo de Europa decidió prorrogar hasta el 14 de noviembre de 2022 las sanciones que unilateralmente impuso contra 55 funcionarios venezolanos en distintas fechas y se ordenó actualizar los motivos tras las restricciones.
En una resolución publicada el viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea, órgano oficial del Consejo, las «medidas restrictivas» se aplicaron «considerando la crisis política, económica, social y humanitaria en que se encontraba Venezuela y las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos».
Dentro de las razones expuestas para justificar las acciones del grupo se leen frases que dan cuenta del desconocimiento de Bruselas a los poderes públicos de Venezuela, pues se alude a Juan Guaidó como «presidente» y se asegura que la Asamblea Nacional no fue electa «democráticamente».
Según se indica en el documento, la decisión se tomó con base en lo estipulado en el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea y «vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad», Josep Borrell, quien ha mantenido una posición de rechazo a las autoridades venezolanas.
Así, a pesar de autorizar el envío de una misión de observación electoral para los comicios del próximo domingo, Borrell avanzó opiniones injerencistas sobre el papel de los observadores que fueron ampliamente censurados en Venezuela.
Las altisonantes declaraciones que ameritaron la intervención de otros funcionarios europeos antes de que el ‘impasse’ fuera dado por superado en Caracas y la misión arribara a finales de octubre a hacer su trabajo.
La jefa de la misión, Isabel Santos, aseguró este martes a teleSUR que sus labores se habían desarrollado sin incidencias y en conformidad con el memorándum de entendimiento suscrito con el Consejo Nacional Electoral.
(LaIguana.TV)
