Se trata de 21 integrantes del Ejército Nacional que confesaron su responsabilidad en ese número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Los hechos por los que fueron imputados los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sucedieron entre los años 2002 y 2008 en El Catatumbo y la Costa Caribe.

La JEP señaló a 26 militares de crímenes de guerra y de lesa humanidad y 21 de ellos, más un civil, aceptaron el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros.

Entre los miembros del Ejército hay un general, que hasta ahora es el oficial de más alto rango en confesar los crímenes, así lo explicó la magistrada Catalina Díaz:

 

Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30, presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes”, según transmitió al tribunal de justicia transicional. Los imputados restantes, que no reconocieron su responsabilidad, irán a juicio.

La JEP no impone penas privativas de la libertad si hay reconocimiento de la autoría de crímenes, pero en caso contrario los responsables pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

¿Qué sigue para las víctimas?

Ahora, la JEP ordenó comenzar un proceso restaurativo con las víctimas para que sean llevadas a una audiencia publica de reconocimiento de verdad.

Para ello, enviará la aceptación de responsabilidad de estas 22 personas a las víctimas y al Ministerio Público para que emitan sus observaciones y se inicien nuevas audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, tras las cuales la JEP emitirá las primeras sentencias, que son reparativas con las víctimas y no necesariamente implican una restricción de la libertad en prisión.

Alianzas con paramilitares

La JEP encontró en los dos autos -de al menos seis que se esperan- del caso 03 “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.

Además, “la JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’”, insistió hoy este tribunal “ad hoc” surgido para juzgar crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las dos partes en el conflicto.

¿Qué militares aceptaron falsos positivos?

El primer auto, sobre las desapariciones forzadas en El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, el primero en ser emitido el pasado 6 de julio, imputaba a diez militares y un civil por su “participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión”.

Los 11 imputados, entre ellos el general Paulino Coronado y 4 coroneles además de los otros suboficiales y oficiales, han reconocido plenamente su responsabilidad por escrito”, explicó hoy la magistrada de esta instancia judicial creada por el acuerdo de paz en una rueda de prensa.

Para los acusados que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.

Sin embargo, en el segundo auto, en el que se imputaba a 2 coroneles y 13 militares de otros rangos del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, noreste) por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, ninguno de los dos altos mandos aceptó los cargos.

“Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)”, donde pueden enfrentarse a una sentencia hasta de 20 años de cárcel, anunció Díaz.

(pulzo.com)

 

 

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