El Gobierno colombiano declaró que el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, intenta «distraer la atención» sobre la «nueva dictadura que se instala en el país centroamericano», al calificar a Colombia de «narcoestado». 

«El Gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación frente a la estrategia que ha decidido usar Daniel Ortega, para distraer la atención de una comunidad internacional que rechaza con vehemencia la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano», dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de las declaraciones de Ortega el 16 de diciembre, en una ceremonia de graduación de cadetes de la Policía. 

Bogotá reconoció «los sufrimientos» del país «por cuenta de la guerrilla, los criminales y el narcotráfico», lo que, aseguró, ha motivado que este Gobierno y los pasados se hayan «concentrado en fortalecer el marco jurídico y las instituciones que salvaguardan los principios democráticos». 

Ortega enfatizó además que en Colombia «se violan los derechos humanos [de forma] permanente», pues «han asesinado más de mil [personas], [a] familiares de guerrilleros que firmaron la paz». 

El Gobierno colombiano desconoce los resultados electorales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, que llevaron a la cuarta reelección de Ortega. 

«Frente a los múltiples reclamos internacionales para que se celebren en Nicaragua unas elecciones libres y transparentes, para que se restaure la personería de los partidos políticos opositores y se libere a los candidatos de la oposición encarcelados para lograr el fraude de un simulacro electoral sin competidores (…), la respuesta de Ortega consiste en atacar a Colombia para distraer la atención y la censura internacional sobre su total ilegitimidad», agregó la Cancillería. 

Colombia y otros países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han promovido sanciones contra Ortega y su administración, a la que señalan de violar los derechos humanos de opositores, a quienes Managua acusa de provocar el golpe fallido de 2018. 

Por otro lado, desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), casi 300 excombatientes y más de 1.000 líderes sociales, ambientales y de derechos humanos han sido asesinados, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz (que lleva el conteo). 

(Sputnik)