En un informe divulgado este viernes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó nuevamente a Venezuela de permitir la operación en su territorio de grupos calificados por Washington como terroristas, a pesar de que el soporte de estos señalamientos son reseñas de la prensa y declaraciones del autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó.
Según el documento, «gran parte de Venezuela no está gobernada, sometida o mal gobernada» e incluso se refiere que el excombatiente de las FARC y firmante de los Acuerdos de Paz de 2016, Seuxis Pausías Hernández, alias «Jesús Santrich» apareció fotografiado en Caracas en mayo de 2020 con seguridad «presuntamente proporcionada» por las autoridades de Venezuela.
En su momento, el Gobierno Bolivariano desmintió la especie y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de usar a Santrich como maniobra de distracción, dada la implicación de su país en la fallida Operación Gedeón, incursión armada comandada por exmarines estadounidenses con la que se pretendió asesinar a altos personeros gubernamentales e instalar un régimen tutelado desde Washington.
En el informe también se cuestiona que Caracas haya respaldado al exdiputado Adel el Zabayar, a quien Estados Unidos impuso cargos por «narcoterrorismo», en función de su supuesta cooperación con las FARC, Hezbollah y Hamás para tráfico de armas y cocaína.
El Zabayar, que es de origen sirio, combatió como voluntario en la guerra de Siria en 2013 en favor de la fracción del presidente Bashar al Assad, tras lo cual volvió a Venezuela. Negó las acusaciones del departamento de Justicia, a las que calificó de políticamente motivadas.
Del mismo modo se alude a la presunta «complicidad» del Ejecutivo «con el ELN y los disidentes de las FARC», con base en declaraciones de Guaidó y de la Asamblea Nacional ofrecidas en 2020.
Para abonar la tesis de Venezuela como Estado fallido, se precisa que el ala extremista de la oposición —referida en el texto como «la oposición democrática» o «el gobierno interino»— alertó que las autoridades habían perdido «el control de las fronteras y el territorio de Venezuela» y se acusó una creciente presencia del ELN en 12 estados del país, citando «medios locales e internacionales».
Frente a una noticia falsa difundida ampliamente en septiembre de 2020, en la que se comunicaba de la muerte de 19 personas en un supuesto enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Frente 10 de las FARC en Apure, el Departamento de Estado sostiene que «los socios de Maduro se han negado a reconocer públicamente tales escaramuzas, prefiriendo culpar a elementos criminales genéricos en lugar de a las disidencias de FARC».
A pesar de todo esto, se sostiene que «las fuerzas de seguridad de Venezuela también se han enfrentado a grupos disidentes de las FARC e incluso asesinaron a un importante comandante del frente en noviembre».
La política de Caracas en este punto ha sido clara: la FANB está desplegada a lo largo de la extensa frontera común con Colombia para identificar y expulsar a grupos irregulares armados procedentes del vecino país —conocidos localmente como Tancol— así como para destruir pistas clandestinas y derribar aeronaves presuntamente destinadas para el tráfico de drogas.
Además, el presidente Nicolás Maduro ha subrayado que su gobierno no respalda ni financia a ningún grupo insurgente de Colombia, independientemente de su signo ideológico, y ha acusado a Bogotá de exportar su extenso conflicto armado, que sobrepasa las siete décadas de existencia.
Paralelamente, en el informe presentado por el Departamento de Estado se mencionan supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado venezolano en contra de opositores, así como acusaciones de terrorismo «sin soporte» a partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales y «líderes sindicales» y a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
En contraste, se refieren de manera positiva acciones presuntamente llevadas a cabo por Guaidó «para abordar las actividades ilegales del régimen de Maduro, relacionadas con el terrorismo y su financiamiento». En particular, se aludió al trabajo desplegado por el ala antidemocrática de la oposición para desplegar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) —que implica una intervención militar—, así como las reuniones del exparlamentario con el mandatario colombiano, Iván Duque.
A este respecto se comenta que «en la Ministerial de Antiterrorismo del Hemisferio Occidental de enero, organizada por Colombia», Juan Guaidó «se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con el presidente colombiano Duque sobre la amenaza regional que plantean el ELN, los disidentes de las FARC y otros actores armados no estatales en Venezuela» y su apoyo a la declaratoria de Hezbollah como organización terrorista.
(LaIguana.TV)
