El ex dueño de la panadería Mansion’s Bakery (ubicada en la esquina Cuartel Viejo de la avenida Baralt), Emilio Dos Santos, catalogó como “delincuentes” al nuevo personal que ingresó a trabajar en el recinto, luego de que el Estado oficializara su cierre por incumplimiento de la Ley de Precios Justos.
“Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora tienen a unos malandros atendiendo la panadería”, dijo.
En tal sentido, acusó al superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, de haber entrado arbitrariamente al local, amenazándolo con cerrarlo, sin la posibilidad de poder refutarle. En la revisión realizada el pasado martes 14 de marzo por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Contreras ordenó la entrega del local comercial a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la zona.
“La gente de los edificios cercanos está conmigo”, dijo Dos Santos. “Lo único que le pedimos al Estado es que le devuelvan todas las panaderías a sus dueños”, agregó.
Sin embargo, vale resaltar que esta panadería había sido denunciada anteriormente por acaparamiento, especulación e insalubridad. “Aquí vendían un cachito en 3.800 bolívares, ayer se vendieron en 1.500 bolívares con las mismas condiciones (…) Ahora abrimos de acuerdo con la provisión que tenemos; será única y exclusivamente distribuido a través de los CLAP”, aseveró Ramira Dávila, miembro del CLAP Arturo Michelena y del equipo interventor de la ahora panadería comunitaria La Minka.
Durante la ocupación del local la semana pasada, se pudo constatar además que el agua con la que hacían el café era empozada, había insectos caminando sin freno y tenían infinidad de sacos de harina, pero igual limitaban la producción de los panes de precio regulado.
(LaIguana.TV)
