California demandó al gobierno del presidente Donald Trump el miércoles para detener la construcción de un muro en la frontera con México, bajo el argumento de que el gobierno federal excedió su autoridad al eximirse de estudios ambientales y otros requerimientos de ley.
Al preguntarle sobre la demanda, el secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que él espera que el muro se construya pese a las impugnaciones legales. El muro fronterizo fue una de las principales propuestas de Trump durante su campaña.
“El gobierno de Estados Unidos tiene el control de esa frontera y la responsabilidad de protegerla”, dijo Sessions a los medios de comunicación en una plataforma de aterrizaje donde mencionó un récord de la Guardia Costera en incautaciones de cocaína.
La demanda de California se entabló mientras constructoras privadas se preparan para construir ocho prototipos para el muro en San Diego.
El gobierno “ha omitido nuevamente las leyes que no le gustan para resucitar su promesa de campaña de construir un muro en nuestra frontera sur”, dijo Xavier Becerra, procurador estatal de California, mientras discutía el caso en una conferencia de prensa en un parque estatal donde la cerca se extiende hacia el Océano Pacífico para separar el territorio de Estados Unidos del de México.
En una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional, el gobernador del estado Jerry Brown, señaló que la construcción podría “causar daños en un importante y bien utilizado corredor comercial”.
La demanda interpuesta por Becerra tiene fundamentos similares a otras dos querellas presentadas por grupos ambientalistas que argumentan que el gobierno federal excedió su autoridad para acelerar la construcción del muro.
Su querella aborda específicamente un tramo de 24 kilómetros (15 millas) en San Diego, donde el gobierno federal construirá los prototipos, y 4,8 kilómetros (3 millas) en Calexico, California.
Los asesores de Becerra creen que una victoria en la demanda podría ser válida para toda la frontera, que se expande por casi 3.200 kilómetros (2.000 millas) a lo largo de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Una ley de 2005 dio al secretario de Seguridad Nacional los poderes para eximirse de decenas de leyes sobre barreras fronterizas, incluyendo la Ley de Política Ambiental y la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
El gobierno del presidente Trump ha emitido dos dispensas desde agosto, ambas en California. El gobierno del ex presidente George W. Bush se exentó por cinco ocasiones en 2008.
Las impugnaciones legales a las barreras en las fronteras han fracasado en años anteriores debido a preocupaciones sobre seguridad nacional. El Servicio de Investigación del Congreso señaló en un reporte de este año dirigido a legisladores que no veía ningún impedimento legal sobre el muro propuesto por Trump si se consideraba apropiado para el control de la frontera.
La demanda de Becerra, así como la interpuesta por el Sierra Club, Defenders of Wildlife (Defensores de la Vida Silvestre) y el Animal Legal Defense Fund (Fondo para la Defensa Jurídica de los Animales), sostiene que la autoridad del gobierno para exentarse de las leyes expiró en 2008, cuando fue necesario obtener un requisito del Congreso para erigir cercas en cerca de un tercio de la frontera.
El Center for Biological Diversity (Centro para la Diversidad Biológica) sostiene en su demanda que la ley de 2005 “no puede ser razonablemente interpretada para eximir el cumplimiento de las leyes a perpetuidad”.
Timothy Patterson, viceprocurador estatal de California, dijo que prevé que las tres demandas se consoliden ante un juez federal, posiblemente Gonzalo Curiel, puesto que a él le asignaron la primera querella.
Trump criticó en repetidas ocasiones a Curiel durante su campaña por la forma en la que manejó las demandas en contra de la ahora extinta Universidad Trump, e insinuó que el juez fue parcial debido a su ascendencia mexicana.
La demanda de Becerra es la última de una serie de acciones jurídicas que ha entablado contra el gobierno federal. Recientemente interpuso una demanda contra la decisión de Trump de poner fin en seis meses al programa que protege de la deportación a jóvenes migrantes. También se ha enfrentado a la Agencia de Protección Ambiental por regulaciones.
Durante su visita a San Diego, Sessions dirigió la atención hacia las incautaciones de la Guardia Costera de más de 227 toneladas de cocaína durante el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre.
Además, reiteró la oposición a la legalización de la marihuana para su uso recreacional, tres meses antes de que las ventas de la yerba comiencen en California.
Sessions dijo que una ley federal que prohíbe la marihuana sigue aplicándose.
“Sigo sin hacerme a la idea de que el país va a estar mejor si se vende en cada esquina”, añadió.
(AP)
