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Ya empieza a hacerse costumbre la práctica de ir a Catia, Quinta Crespo, Petare, entre otros, para poder adquirir los productos de la cesta básica que no se encuentran con regularidad en los supermercados y grandes abastos del país.

 

Y es que al visitar los lugares antes mencionados, se observa la presencia en gran cantidad de rubros como el arroz, el azúcar, la predilecta harina de maíz precocida para las arepas, espaguetis, papel y toallas sanitarias, jabón y un sinfín de alimentos y productos necesarios para el vivir bien del pueblo.

 

Pero lo que más llama la atención o causa inquietud en quienes acuden a comprar, es que mucho de lo vendido pertenece a los productos que se incluyen en las bolsas y cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), tomando en cuenta que los mismos están bajo regulación, en cuanto a precios y distribución por parte del Estado venezolano.

 

Denuncia constante

 

¿De dónde sacan los productos los bachaqueros para poder revenderlos a un precio elevado? Esa es una duda que no tiene una respuesta oficial aún. Algunas personas que satanizan a los “colectivos organizados” opinan que es con la ayuda de estos, por tener la capacidad o el acceso de adquirirlos sin mucho esfuerzo pero esta no es una realidad comprobada.

 

Aunado a esto, diversas son las opiniones y anécdotas a la hora de preguntar el porqué se ha mantenido e incluso aceptado esta situación, ya que, para quienes compran, lo primero que expresan es la necesidad de alimentarse; también, de tratar enfermedades y patologías padecidas, puesto que entre lo vendido se encuentran medicinas que no se consiguen con regularidad en las farmacias del país o sus precios son exorbitantes.

 

Rechazo a acusaciones

 

Si bien se han hecho comunes las acusaciones hechas a los colectivos, diversas organizaciones de este tipo se han pronunciado en contra de lo que consideran un ataque bien planificado por parte de quienes buscan hacerle daño al proceso revolucionario que se lleva adelante en el país, justamente con la estigmatización de los mismos.

 

Tal es el caso del Colectivo de Trabajo Social Bottini Marín, que hace unas semanas emitieron un comunicado donde justamente rechazaban e identificaban a quienes, según ellos, son los verdaderos responsables de toda la situación planteada.

 

Para ellos, la escasez de medicinas, el desabastecimiento y reventa de alimentos, la demora de la distribución de productos de primera necesidad, entre otros cientos de problemas, corresponde a mafias organizadas que operan dentro de distintos organismos de seguridad del Estado asegurando, por su parte, que los mismos son bandas de expolicías corruptos que se autodenominan “colectivos”.

 

Asimismo, con esto pretenden ensuciar su nombre y el trabajo revolucionario que han venido haciendo durante todos estos años que lleva la revolución bolivariana. Además, rechazan y se oponen rotundamente a estas prácticas estafadoras “vengan de donde vengan”, asegurando que “los colectivos revolucionarios estamos apegados a ideales de justicia, equidad y principios éticos”.

 

Combatir la ilegalidad

 

El pueblo venezolano se ha visto atacado en los últimos años por intereses imperiales extranjeros que mediante sanciones, cercos y bloqueos económicos, han impedido que ingresen al país cientos de rubros necesarios para mantener una calidad de vida apropiada.

 

También, el fenómeno ilegal antes planteado, sumado a la corrupción y falta de valores éticos por parte de algunos grupos y organizaciones que hacen vida en el país, agravan diariamente la estabilidad emocional, económica, política y social de una población que ha tenido que ver cómo estas situaciones merman la posibilidad de vivir dignamente.

 

Necesario es entonces que se tomen urgentemente las medidas necesarias para frenar estos hechos que parecen empezar a “naturalizarse” dentro de la sociedad venezolana.

 

(CCS)

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