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El Gobierno de Colombia ordenó el despliegue de cerca de 12 mil militares en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para supuestamente garantizar la seguridad de la población ante la presunta guerra declarada entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

 

Así lo informó este lunes el vicepresidente colombiano, Oscar Naranjo, quien detalló que como parte del operativo se estableció un corredor humanitario, caravanas de seguridad al transporte, y protección policial y militar en las áreas urbanas de los municipios.

 

Naranjo explicó que el objetivo de este despliegue es “rescatar la confianza de los ciudadanos” al brindar una “señal inequívoca de que no se va a permitir que los delincuentes mortifiquen y victimicen a los habitantes”.

 

De acuerdo con la administración colombiana, el ELN y el EPL son “bandas criminales”, que iniciaron hace más de un mes los combates en el Catatumbo y han provocado, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, el desplazamiento de 2 mil 819 personas y que otras 144 mil sufran “graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad”.

 

Dicho problema se ha agravado por el “paro armado” decretado el pasado 15 de abril por el EPL, mediante el cual se ha restringido el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

 

Ante esta situación, el vicepresidente informó que este lunes arribó a la localidad de Ocaña una “delegación amplia del Gobierno nacional” que espera, junto a la administración departamental y la población de la zona, poner “todo lo que esté” al alcance “para dar certeza y tranquilidad a los miles de habitantes de esta región”.

 

Naranjo aseguró que no van a “desfallecer en el avance” obtenido para “pagar el saldo social” que tiene Colombia con el Catatumbo, una de las regiones más pobres y abandonadas del país. Asimismo, indicó que el Gobierno no renunciará “al ejercicio de la aplicación de la ley” y que la fuerza pública tendrá “control territorial integral” para garantizar la seguridad a las comunidades.

 

“El Gobierno tiene una decisión y posición que es firme y serena: estamos diciendo que por peligrosos que sean esos delincuentes, por desafiantes y provocadores que sean con la población, los vamos a someter a la ley”, añadió.

 

Pese a estas declaraciones del vicepresidente, habitantes de la zona aseguraron que la situación no ha mejorado en la región y el comercio sigue cerrado por miedo a represalias de los guerrilleros.

 

“Las personas más pobres, que viven de lo que ganan en el día a día, se están quedando sin comida porque no tienen cómo ni dónde comprar”, aseguró uno de los pobladores.

 

En este sentido, advirtieron que si el Gobierno nacional no les escucha y atiende sus necesidades, se verían obligados a abandonar sus comunidades.

 

(LaIguana.TV)