Congresistas de partidos de oposición en Colombia denunciaron este miércoles un proyecto de ley propuesto por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y aprobado la víspera por el Senado, y manifestaron que es anticonstitucional, criminaliza la protesta social y confiere licencia para matar bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana.

A juicio de la senadora Aída Avella (Unión Patriótica), la norma es anticonstitucional y transgrede el principio de que Colombia es un Estado social de derecho.

Agregó que también redefine el concepto de proporcionalidad en aras de dar licencia para matar, con lo cual coloca la propiedad privada por encima de la vida humana.

Avella denunció que la norma modifica las leyes vigentes para que “la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza pública”.

Al intervenir este martes ante el Pleno del Senado, la legisladora se opuso a lo que consideró “afrenta contra la movilización social, contra los jóvenes, contra los derechos humanos y contra la vida”. Además, cuestionó que tres ministros del Gobierno de Iván Duque presentaran un proyecto que viola la primera frase de  la Carta Magna.

Otro representante, Iván Cepeda (Polo Democrático), expresó que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares… Es una licencia para matar, una nueva aberración de corte fascista del Gobierno”.

Durante esta jornada también trascendió que cerca de una veintena de congresistas enviaron una misiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “constate el incumplimiento del Gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.

Asimismo, enviaron otra comunicación a los congresistas estadounidenses Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez, para “que se tenga en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia”.

En entrevista a medios locales, Cepeda anunció este miércoles que interpondrá junto a otros congresistas una demanda ante la Corte Constitucional, pues consideran que esta ley de seguridad ciudadana crea condiciones para vulnerar los derechos humanos.

El proyecto por dentro

Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, la normativa busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.

De acuerdo con Iván Cepeda, con este proyecto se puede judicializar a una persona que intente, en medio de una movilización, detener un exceso de fuerza por parte de un ente. A juicio suyo, este y otros aspectos apuntan a que se deterioren ciertas libertades públicas.

Entre otras modificaciones, el proyecto propone mayores castigos para resolver el problema de la inseguridad. Por ejemplo, aumenta de 50 a 58 años y tres meses la pena por homicidio agravado, cometido contra un servidor o exservidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembro de una organización política o religiosa.

Según su texto, aquellos que dañen infraestructura destinada a la seguridad pública o el transporte, recibirían sanciones entre los cuatro y 12 años. En el caso de que porten máscaras o elementos para ocultar su rostro, se podría aumentar la cárcel con la mitad o dos terceras partes del castigo original.

En el caso de la legítima defensa, se quitaría la responsabilidad penal a quien agreda a otro con el supuesto fin de proteger su integridad. Ello se aplicaría incluso para proteger la propiedad privada ante un ingreso violento a la misma, incluyendo a autos.

En estos momentos, la Comisión de Conciliación del Senado hace adaptaciones finales al proyecto de ley antes de enviarlo al presidente Iván Duque para su promulgación.

Sectores de oposición llaman la atención sobre el hecho de que la norma se presente tras las masivas protestas del Paro Nacional, entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año.

La semana pasada, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo público que verificó 46 muertes durante el Paro Nacional, en 28 de las cuales los perpetradores fueron integrantes de la fuerza pública y en al menos diez estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

De manera reiterada, el Gobierno de Colombia eludió la responsabilidad de ofrecer garantías para la protesta pacífica, como demandaban los sectores movilizados durante el Paro Nacional.

(teleSUR)

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