Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York acusó este martes a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente estadounidense, Donald Trump, de «tergiversar repetidamente el valor de sus activos», amén de incurrir en prácticas «fraudulentas o engañosas», recoge The New York Times.
La oficina de la fiscal James detectó declaraciones engañosas sobre el valor de «al menos seis propiedades» del exmandatario, así como de la llamada «marca Trump», que incluyen sus clubes de golf en el condados de Westchester, en la ciudad de Nueva York y en Escocia, así como el edificio emplazado en el número 40 de Wall Street en Manhattan y el ático de Trump en la Torre Trump.
En su presentación, la funcionaria aseguró que las cifras presentadas ante su despacho aparecían «generalmente infladas como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto del señor Trump era más alto de lo que hubiera parecido».
El Times destaca que este pronunciamiento de la fiscalía contra el último expresidente estadounidense, es una respuesta a sus esfuerzos «para impedir que la señora James interrogue bajo juramento a él y a dos de sus hijos adultos», como parte de la investigación que se adelanta en contra de la Organización Trump, si bien aún no está del todo claro si esto derivará en una demanda civil.
James precisó que entre los datos inflados que aparentemente habría presentado Trump destacan cuotas de afiliación a su club de golf en Westchester de 150.000 dólares que nunca fueron cobradas, mansiones que existían solo en el papel e incluso 20.000 pies cuadrados inexistentes en su triplex de la Torre Trump.
«Hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos», reza un comunicado suscrito por la fiscal general de Nueva York.
Por su lado, The New York Times apunta que «es inusual que surjan acusaciones tan específicas y serias en documentos judiciales, presentados menos de una hora antes de la fecha límite de la medianoche para responder al esfuerzo de Trump por evitar ser interrogado, en lugar de una queja formal».
Además, la Fiscalía descartó que la divulgación de detalles comprometiera el desarrollo de la investigación y adelantó que se están pesquisando otros aspectos no compartidos con el público.
Frente a estas revelaciones, este miércoles, una portavoz de la Organización Trump tildó las acusaciones de James como infundadas y políticamente motivadas, amparándose en el hecho de que la funcionaria pertenece al Partido Demócrata y que prometió investigar a Trump apenas se postuló para el cargo que hoy ostenta.
«Tres años después, ahora se enfrenta a la cruda realidad de que no tiene ningún caso», aseguró la vocera, en un intento para desmerecer lo dicho por la Fiscalía del estado.
El medio estadounidense aclara que en virtud de que la investigación que avanza Letitia James contra Trump es de carácter civil, su oficina solamente puede demandar al expresidente y a su empresa, pero no imputarle cargos penales.
Empero, esto no significa que Donald Trump esté a salvo de ser procesado judicialmente, pues en paralelo, la fiscalía de distrito de Manhattan avanza otra investigación sobre los mismos hechos, de la que también participa la oficina de la señora James.
Así las cosas, The New York Times recuerda que «a principios de diciembre, la señora James emitió una citación para el señor Trump, así como también para Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, con la que buscaba interrogarlos como parte de su investigación civil».
Precisa, asimismo, que en octubre de 2020, su despacho citó a Eric Trump, otro de los vástagos del político. En esa ocasión, frente al cuestionario de «más de 500 preguntas» presentadas por la Fiscalía, el acusado «invocó su derecho» a «no incriminarse a sí mismo» consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La respuesta de los abogados de Trump ante las citaciones de diciembre fue presentar una demanda federal con la que se pretende detener la investigación civil de James «y prohibir que su oficina participe en la investigación penal del fiscal de distrito», sobre la base de presuntas violaciones a los derechos constitucionales del expresidente cimentados en los cuestionamientos públicos de la funcionaria contra él.
Adicionalmente, los representantes legales de la familia Trump demandaron directamente en el estado de Nueva York para impedir la concreción de las citaciones, pero eso solo derivó en que Letitia James expusiera públicamente detalles del caso.
Más allá de los cuestionamientos públicos de Trump, la fiscal James sostuvo que su oficina recabó evidencia que apunta hacia la participación de la Organización Trump en un esquema de fraude, pero que necesitaban entrevistarlo directamente a él para determinar quién había sido responsable de «las numerosas incorrecciones y omisiones hechas por él o en su nombre», así como si tales fallos habían sido intencionales.
Este miércoles, Alan S. Futerfas, representante legal de Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, leyó un comunicado en el que señalaba a la Fiscalía de no abordar en su presentación los argumentos principales expuestos por la familia Trump para impedir los interrogatorios.
En el documento se alega que «en 160 páginas de información legal, la Oficina del Fiscal General omite deliberadamente abordar las repetidas amenazas de la señora James de atacar a la familia Trump y sus afirmaciones sobre su investigación criminal, todo lo cual es la esencia de nuestra moción para anular las citaciones o suspenderlas».
Para El Times, las acusaciones de la fiscalía pudieran resultar «difíciles de probar», puesto que «las valoraciones de las propiedades a menudo son subjetivas, y es probable que los abogados de Trump noten que sus prestamistas y aseguradoras (instituciones financieras sofisticadas que obtuvieron ganancias de su relación con los Trump) no confiaron en las estimaciones de la compañía».
James inició la investigación de las prácticas comerciales de Trump en 2019. En función de lo recabado a partir de las declaraciones financieras y los registros anuales de activos y pasivos entregados a empresas aseguradoras, su oficina cree que el expresidente podría haber inflado el valor de sus propiedades para acceder más fácilmente a préstamos bancarios, beneficiarse económicamente y rebajar sus impuestos.
Sin embargo, aunque tales indicios podrían parecer sólidos en primera instancia, es muy posible que los abogados de Trump tengan éxito en invocar descargos de responsabilidad, pues las referidas declaraciones no fueron auditadas ni autenticadas antes de su consignación, incluso a pesar de que la oficina de James aseguró que él «participó personalmente en la revisión y aprobación de los estados financieros antes de su emisión».
Para complementar sus alegatos, la Fiscalía del estado de Nueva York enfatizó que Donald Trump presentó dos declaraciones de impuestos engañosas, en las que exageró el valor de la tierra de algunas de sus propiedades, por la vía de la inclusión de construcciones inexistentes, que le granjearon importantes deducciones tributarias.
Estas acusaciones se cimentaron en las declaraciones que ofreció a los fiscales Allen H. Weisselberg, director financiero de la Organización Trump durante largos años, relacionadas con la sobrevaluación de propiedades.
La oficina de James sostiene que Weisselberg admitió que había mentido a las aseguradoras, cuando les afirmó que los avalúos habían sido realizados por tasadores profesionales, cuando en realidad «las valoraciones fueron preparadas por el personal de la Organización Trump».
Al margen de esta investigación, la fiscalía de distrito de Manhattan acusó en julio de 2021 a Weisselberg y a la Organización Trump «de ejecutar durante 15 años un plan para repartir beneficios de lujo extraoficiales a ciertos ejecutivos», refiere El Times. El juicio está programado para finales de 2022.
