Este martes 18 de enero el abogado Luis Ramos Reyes, quien forma parte de los 24 “magistrados” que fueron nombrados ilegalmente por el militante ultraderechista Juan Guaidó mientras presidía la Asamblea Nacional (AN), informó que él y el referido grupo actualmente preparan una demanda contra el denominado “gobierno interino” por incumplimiento de pago.

En entrevista con la periodista Maibort Petit, el jurista señaló que no han recibido ni un céntimo por sus honorarios, a pesar de que fueron incluidos en el presupuesto del año 2020 (cuando se creó la Ley del Estatuto para la Transición) y en el presupuesto del año 2021. Indicó que dicha querella se extenderá también al Gobierno de los Estados Unidos.

“Nos hemos visto en la necesidad de accionar judicialmente contra nuestro gobierno legítimo, contra el gobierno de los Estados Unidos. Por una parte, está el presupuesto de los magistrados y del tribunal, y, por la otra parte, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros no ha desenvuelto estos recursos. Siendo responsable de esto el presidente Juan Guaidó, así como sus embajadores, porque ellos tienen que actuar urgentemente para que se ejecute el cumplimiento del presupuesto”, destacó Ramos Reyes.

Según el abogado, la mora en el pago no solo los afecta a ellos, sino también a sus familias. “Son muchos eventos que dejamos de participar en la defensa de la democracia y de Venezuela por carecer de los recursos. No se nos ha pagado hasta la fecha”, recalcó.

El jurista aseveró que hasta ahora el equipo de Guaidó no les ha informado sobre las razones de la falta de pago. El Gobierno de los Estados Unidos tampoco les habría aclarado el motivo por el que se han retenido los recursos correspondientes a los presuntos “magistrados en el exilio».

“El gobierno legítimo no únicamente está obligado a agotar y a hacer todo para el cumplimiento de la obligación del presupuesto con el tribunal, sino que, además, debe decir si existiera un obstáculo de cualquier naturaleza que pueda poner el gobierno de los Estados Unidos”, manifestó Ramos Reyes.

“A pesar de que es un dinero de la República de Venezuela, producto de la corrupción que se ha incautado al régimen, tendría la obligación nuestro gobierno legítimo de exigirle al gobierno de los Estados Unidos cuál sería el motivo, y subsanarlo sí existe”, agregó.

“Están allí los recursos y deben estar allí. Somos nosotros, los magistrados de este tribunal, quienes hacemos todo el piso jurídico de la República y, a los actos, el único poder constitucional que queda en Venezuela como lo es la Asamblea Nacional de 2015. Esta situación repercute y hace mucho daño no únicamente a los magistrados. Por encima de nosotros, le hace mucho daño al país porque nos limita el ejercicio de la función”, concluyó.

(LaIguana.TV)

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