El Ministerio Público de Venezuela detuvo a 32 personas involucradas en el tráfico de combustible, informó el fiscal general de esta nación sudamericana, Tarek William Saab. 

«Hemos recibido 710 denuncias a través del número 0800 FISCA 00, se han realizado 145 procedimientos y hay ya 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra estas mafias», expresó Saab en una rueda de prensa en Caracas. 

La Fiscalía activó una línea telefónica para recibir información y denuncias sobre el tráfico de combustible, luego de que el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual, pidió al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, trabajar para «acabar con las mafias nauseabundas de la distribución de la gasolina». 

Saab detalló que algunos de los ciudadanos fueron detenidos por exigir el pago en dólares para permitir surtir gasolina en las estaciones de servicios. 

Por su parte, el Gobierno anunció el pasado 18 de enero el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la mafia del contrabando de combustible hacia Colombia. 

En ese entonces, El Aissami informó que en el depósito ilegal utilizado para almacenar el combustible fueron hallados 100.000 litros de gasolina en unos tanques improvisados, así como equipos utilizados para el trasiego, mangueras y motobombas. 

La administración de Maduro denunció que el bloqueo de Estados Unidos a la empresa estatal PDVSA ocasionó efectos perjudiciales en la producción de gasolina. 

Las sanciones de Estados Unidos impiden a Pdvsa no solo comprar gasolina, sino también aditivos, repuestos y contratar servicios para el mantenimiento de sus refinerías. 

Material estratégico 

Por otra parte, Saab detalló que el Ministerio Público mantiene una lucha contra el tráfico de material estratégico. 

«En los últimos días hemos propinado importantes golpes a las mafias que trafican con material estratégico, y el 14 de enero fueron detenidos tres ciudadanos que negociaban ilegalmente en el estado Barinas [oeste] 40.000 kilogramos de cobre», indicó. 

El fiscal manifestó que el robo de ese material afecta a los servicios públicos, tales como: electricidad, telefonía, agua, entre otros. 

Saab también informó que el Ministerio Público investigó a 287 fiscales, de los cuales 249 han sido judicializados, 158 han sido imputados, 27 han sido condenados, 14 se encuentran privados de libertad y 18 tienen orden de aprehensión, por actos de corrupción. 

(Sputnik) 

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