El tema que convocó este miércoles al comunicador, filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela este miércoles 25 de enero fue el agravamiento de la violencia en Colombia.

A este respecto, puntualizó que se siguen sucediendo masacres y asesinatos de líderes sociales, a lo que se añade la recta final de la campaña presidencial, en la que despunta el candidato Gustavo Petro, quien perdió la elección presidencial de 2018 debido a maniobras de compra de votos perpetradas por el uribismo.

Esta corriente, que tiene en el actual presidente Iván Duque su más reciente representante público, ha demostrado su incapacidad para controlar el territorio y ejercer, en nombre del Estado, el monopolio legítimo de la violencia.

Otro aspecto al que se refirió Pérez Pirela es que en medio de su acorralamiento e impopularidad, el uribismo podría estarse jugando la carga de asesinar a Petro, pues dados los antecedentes, en su opinión, el popular político estaría en peligro de muerte.

Además, enfatizó que Venezuela continúa pagando los platos rotos de la guerra continuada en Colombia, pues soldados venezolanos están desplegados en la extensa frontera común repeliendo los intentos de violación territorial de grupos paramilitares, a los que el Estado colombiano no ha logrado desmovilizar.

Recrudece la guerra entre grupos irregulares armados

Entrando en materia, comentó que Colombia inicia el 2022 sumergida en una ola de violencia causada por enfrentamientos entre grupos irregulares armados –guerrillas y paramilitares– asociados con cárteles del narcotráfico, a lo que se suman masacres y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y atentados terroristas, particularmente en la zona fronteriza con Venezuela.

El comunicador explicó que las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el departamento de Arauca, han dejado más de una treintena de fallecidos y cientos de familias desplazadas.

Para ilustrar los hechos, refirió que la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que un grupo irregular armado asaltó e incendió un transporte de pasajeros que cubría una ruta intermunicipal en Tame, departamento de Arauca.

El organismo detalló que los pasajeros, incluidos algunos menores de edad, fueron obligados a bajarse del vehículo bajo amenazas y sin sus pertenencias, que se incineraron junto a la estructura.

El mismo día de la quema del autobús, se registraron detonaciones de explosivos en una zona de viviendas el municipio Saravena (Arauca), sin que se reportaran víctimas y según reportes de medios locales, una disidencia de las FARC-EP difundió un comunicado a través de las redes sociales en el que se atribuía la autoría del atentado, relató el especialista.

En este orden, mencionó que un cabecilla del grupo habría dicho que estaba dirigido a un blindado del Ejército colombiano que realizaba labores de patrullaje, razón por la cual se le demandó a los transportistas de carga detener el tráfico interdepartamental y se les advirtió que solamente permitirían comunicaciones intermunicipales.

«Esto habla del hecho que el Estado colombiano no tiene beligerancia y no puede ejercer el legítimo ejercicio de la violencia en el territorio que debería controlar», apuntó.

El también director de LaIguana.TV puntualizó que ante este panorama, el pasado 16 de enero Venezuela anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegaría en las poblaciones de El Amparo, Guasdualito y La Victoria, al sur del estado Apure (fronterizo con el departamento de Arauca) para realizar «misiones de aseguramiento y control».

El objetivo de la llamada Operación Vuelvan Caras 2022, explicó el analista, es la expulsión total y definitiva del territorio venezolano de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), según precisó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

Por ello, en virtud del recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza, el 4 de enero, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la elevación del nivel de alerta en los municipios colindantes con el departamento de Arauca, agregó.

Sin embargo, alertó que a pesar de que en los informes oficiales se insiste en que los decesos en esa zona de Colombia se deben fundamentalmente a luchas entre actores armados por el control de rutas del narcotráfico, algunos pobladores aseguran que los primeros días de 2022 se perpetraron una serie de masacres que causaron el desplazamiento forzado de unas 2.000 personas.

Sin restar crédito a estos testimonios, dada la complejidad del conflicto armado en el vecino país, efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia, incluso aquella con tintes terroristas, apuntó el especialista.

El terrorismo vuelve a Colombia recargado

A su parecer, este estado de guerra es la resulta de la decisión de dejar en manos de ejércitos paramilitares el enfrentamiento contra las guerrillas, que a la postre ha derivado en una disputa territorial y de transas ilícitas de la que participan las Fuerzas Armadas regulares, paramilitarismo variopinto y hasta ‘marines’ estadounidenses.

Así, relató, la noche del pasado 19 de enero, se atentó con un carro bomba contra la sede de una organización de derechos humanos en el municipio Saravena del departamento de Arauca, incidente que dejó a una persona muerta y a cinco más heridas.

Una vez perpetrado el ataque, dirigentes sociales denunciaron que además de las disputas entre grupos irregulares armados por el control de las rutas de tráfico de armas y estupefacientes, no puede dejarse de lado las fracasadas políticas del gobierno de Iván Duque, que incluyen la militarización de los territorios en conflicto.

Las organizaciones de derechos humanos exhortan al Ejecutivo a abandonar el despliegue de tropas y retomar los diálogos con la guerrilla del ELN y otros actores armados.

Advierten, asimismo, que tras esta negativa del gobierno colombiano a dialogar, podría esconderse una estrategia de mantenimiento de la guerra en la que podrían estar implicados actores extranjeros, dada la proximidad de la zona caliente a la frontera con Venezuela.

Pérez Pirela apuntó que, como en Ucrania, tras esta estrategia de guerra está el interés de Estados Unidos –y con ellos, Colombia– en mantener aceitado el aparato de guerra en el que se fundamenta su economía y que tantos beneficios devenga a sus élites.

Continuando con la enumeración de los más recientes atentados, mencionó que el 21 de enero, la Policía Nacional neutralizó un explosivo que fue colocado en la sede alternativa del partido Comunes en Bogotá, organización se agruparon guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP para incorporarse a la vida política del país, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016.

A este respecto mencionó que la acción terrorista fue interpretada por los afectados como una nueva violación a las garantías de seguridad que debía proveer el Estado para ejercer oposición política, así como un síntoma de la situación real de los derechos humanos en el país.

«Lo que resulta más asombroso es que lejos de buscar una solución a estas masacres, a estos desaparecidos, a estos desplazados internos, a esta larga guerra interna, el gobierno de Iván Duque, es decir, el de Álvaro Uribe, fue culpar a Venezuela», añadió.

La culpa de la violencia en Colombia… es de Venezuela

En su opinión, estas complejas circunstancias inducirían a pensar que el gobierno del presidente Iván Duque –al que le quedan menos de 200 días en el cargo– asumiría la responsabilidad por la nueva escalada de violencia y admitiría, al menos parcialmente, el fracaso de su estrategia de seguridad.

No ha sido el caso, apuntó, pues en entrevista concedida a La Silla Vacía este martes, Juan Camilo Restrepo, comisionado de paz y consejero de Seguridad de Duque, aseguró que el gobernante dejará un legado en materia de seguridad, pese a que las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz hablan en dirección opuesta.

Restrepo fue tan lejos como para culpar exclusivamente a los grupos irregulares armados de estos crímenes y eludió toda responsabilidad del Estado en su comisión, alegando «dificultades» en la implementación de lo pactado en 2016, refirió el filósofo.

Sin embargo, destacó que la postura de este funcionario no es ni con mucho la más escandalosa de todas, pues cuando recrudeció la violencia en el Arauca, la primera reacción de Bogotá fue echar la culpa al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestamente amparar la operación de los grupos irregulares armados en territorio venezolano.

Sobre esto, se permitió citar las palabras que Duque dijera a una radio local: «Lo que ha pasado en Arauca es que hay unos territorios por los que se han estado enfrentando esos grupos. En la frontera con Venezuela han tenido protección y resguardo por parte del régimen de Nicolás Maduro».

Empero, resaltó que esto le valió al gobernante respuestas categóricas desde Venezuela, entre las que destacan las de los ministros de la Defensa e Interior, Justicia y Paz.

Así, comentó que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el mandatario neogranadino era «el peor presidente en la historia de Colombia» y lo acusó de usar a su vecino como excusa para justificar su incapacidad para frenar la violencia estructural que atraviesa a Colombia desde hace décadas.

Por su parte, Remigio Ceballos Ichaso, ministro de Interior, Justicia y Paz, le recordó a Duque que lo sucedido era la resulta de décadas de «inexistente presencia» del Estado colombiano en las poblaciones y municipios fronterizos.

«Esto es un hecho, porque Colombia decidió dejar en manos de paramilitares y ‘marines’ el resguardo de sus fronteras y destinó a sus fuerzas castrenses a otras labores», subrayó.

Desde su punto de vista, en favor de lo dicho por Ceballos Ichaso habla el reciente reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el que se denuncia que grupos armados operan a sus anchas en amplias porciones del territorio colombiano, pese a la militarización por la que apostó la Casa de Nariño.

De regreso a las actuaciones específicas de Bogotá, contó que a pesar de la grave situación, el presidente colombiano se apersonó en el Arauca el 16 de enero, dos semanas después de iniciada la nueva ola de violencia y solo para presidir un Consejo de Seguridad en el que se analizaría la situación.

Duque no visitó las poblaciones fronterizas, donde se registran los mayores índices de violencia, sino que acudió a la capital departamental junto a su ministro de Defensa, Diego Molano y el Alto Mando Militar. Y si bien se informó que 6.800 soldados estaban desplegados en la zona para garantizar la seguridad de los araucanos y enfrentar al ELN, a pocos kilómetros de la capital araucana, el grupo insurgente patrullaba las calles de un poblado en el que no se avistó a ningún miembro de la fuerza pública, relató.

El analista venezolano puntualizó que aunque las fotografías y videos dejaron en ridículo al presidente colombiano, la respuesta oficial fue una agresiva campaña en las redes sociales con el ministro Molano a la cabeza, en la que se difundieron piezas audiovisuales de las acciones de la Policía y el Ejército en Arauca con la etiqueta #ELNSoloPaLaFoto.

Por si ello no bastara, en paralelo, el funcionario pretendió desviar la atención de su fracaso público en Arauca, al asegurar que los «cabecillas cobardes» del ELN «operan desde Venezuela y Cuba, no en Colombia», indicó.

El nuevo episodio de culpabilización a Venezuela de la violencia en Colombia, obligó a una respuesta oficial, en la que se calificó el señalamiento como una «obsesión» del presidente Iván Duque con la que se pretende ocultar la crisis humanitaria que padece su país.

«La obsesión compulsiva sobre Venezuela que padece el capo que se ha enquistado en el Palacio de Nariño solo pretende ocultar las masacres, los desplazados y la tragedia humanitaria que se vive en Colombia, un narcoestado hecho a la medida del señor Duque», citó Pérez Pirela lo publicado por el canciller Félix Plascencia en Twitter sobre este asunto.

Resaltó también que en el marco de la misma operación mediática de desvío de atención Duque cargó contra el diálogo en Venezuela y enfatizó que nunca respaldaría conversaciones entre el gobierno y las oposiciones mientras el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder.

Más precisamente, en una visita oficial a Ecuador, Duque sostuvo que «volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder, no tiene sentido».

Empero, indicó que el gobernante se vio impelido a matizar su comentario, porque previamente el gobierno estadounidense había manifestado su interés en que se retomaran la mesa de negociaciones en México, bajo las premisas de que el presidente Maduro debe dejar el poder, debe instalarse un gobierno de transición, deben convocarse «elecciones libres» y ponerse en marcha un «plan de reconstrucción».

En todo caso, apuntó que el canciller Plascencia respondió duramente a Duque por sus comentarios: «No es de extrañar que un político de su calaña, incapaz de respetar lo pactado en los Acuerdos de Paz en Colombia, se exprese de esa forma sobre los enormes esfuerzos que todas las partes involucradas han venido haciendo a favor de promover el consenso entre las y los venezolanos», apuntó.

El manejo del conflicto interno por parte de Colombia fue cuestionado en una escala todavía mayor por el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien señaló directamente a las autoridades colombianas de fungir de «peón» de la OTAN para proyectarse en América Latina, reseñó el filósofo.

«Ahí tienen la presencia en Brasil de la OTAN, la presencia en Colombia y las bases militares en el Caribe. Venezuela está rodeada. Es precisamente lo que está tratando de hacer la OTAN en países como Rumanía o Ucrania y es lo que no quiere calarse Rusia», reflexionó.

Para cerrar este punto, destacó que el tratamiento de Colombia del atentado con un carro bomba en Arauca no fue diferente a lo ya visto en ocasiones previas, pues el ministro Molano nuevamente apeló al manido recurso de culpabilizar a Venezuela por lo sucedido y de inmediato recibió una respuesta enfática del otro lado de la frontera.

Concretamente, en Twitter, Padrino López respondió con ironía a lo señalado por su par neogranadino y calificó sus declaraciones como cháchara sin sentido.

Masacres y asesinatos de líderes sociales: cifras rojas que no paran de crecer

El especialista mencionó que pese a los esfuerzos de los personeros del gobierno colombiano por responsabilizar a Caracas de la más reciente deriva de su prolongado conflicto armado, hay una realidad fáctica que no puede ser ocultada: las masacres y los asesinatos de líderes sociales continúan en aumento.

El pasado 23 de enero la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) denunció que «el 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales a lo largo del país», puntualizó.

Em detalle, la organización dijo en un comunicado que estima necesario alertar a la comunidad internacional que Colombia «vive una degradación de violencia», que podría intensificarse por el advenimiento de la campaña electoral para las elecciones generales que se realizarán el próximo 29 de mayo.

En síntesis, apuntó, además de acusar al gobierno de Iván Duque de aplicar «una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia», Pares enfatizó que los líderes sociales corren grave peligro.

Desde su punto de vista, la realidad da la razón a esta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, pues al 20 de enero, se registraban 10 masacres en 2022, la última de ellas perpetrada en el municipio Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, en la que se asesinó a tres personas de una misma familia.

En este caso, como en tantos otros, el gobierno hizo caso omiso de las alertas que emitiera la Defensoría del Pueblo acerca de los movimientos de distintos grupos armados en la zona, aseguró.

Además, destacó que expertos consideran que la administración de Iván Duque asumió una estrategia de guerra basada en el envío de tropas adicionales a las regiones azotadas por la violencia, lejos de amainarla, la han agravado.

De hecho, tras divulgarse esta noticia, representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, exigieron al Ejecutivo la elaboración y puesta en marcha de un proyecto orientado a garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos.

«La Alta Comisionada Bachelet se centra más en Venezuela que en esta guerra de masacres, falsos positivos y le pide a los responsables un proyecto. Qué hipocresía», fustigó.

Según Indepaz en apenas 20 días de enero, nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados, incluyendo un líder ambientalista de 14 años perteneciente al pueblo indígena nasa, crimen atribuido a disidencias de las FARC-EP.

Para Pérez Pirela, en esta situación bélica, las comunidades más vulnerables están a merced de la violencia y por eso demandan al Estado colombiano la revisión de su política de seguridad, la implementación de los Acuerdos de Paz y una respuesta integral que permita integrar efectivamente a estos grupos humanos.

A su juicio, también es de suma gravedad que la peligrosa ola expansiva de la violencia en Colombia, ha empezado a cobrarse la vida de ciudadanos venezolanos no implicados con las actividades de grupos irregulares armados, como sucediera en la primera masacre computada este año, acaecida el pasado 4 de enero en el departamento de Valle del Cauca.

Continuando con las reacciones que ha suscitado esta nueva fase del conflicto armado en Colombia, el comunicador mencionó que a mediados de enero, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que si en ese país permanecían los niveles actuales de violencia, la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 fracasaría definitivamente.

Explicó, asimismo que los comentarios de Guterres se amparan la escandalosa cifra de activistas, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 asesinados, a lo que se suman masacres y miles de desplazados.

Así las cosas, la llegada de 2022 no ha supuesto ningún cambio significativo en esta materia. Este lunes, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reportó que la violencia desatada en el Arauca causó el desplazamiento forzado de 455 familias y condenó a más de 1.500 personas a requerir de asistencia humanitaria, apuntó.

«Todo esto que les estoy diciendo es absolutamente acallado por la prensa mundial y por los principales gobiernos del mundo», enfatizó.

De vuelta a los datos publicados por la OCHA, destacó que el conflicto no está restringido al departamento de Arauca. Expertos internacionales computaron el desplazamiento masivo de 84 personas en Norte de Santander.

A la fecha, precisó, en esa entidad neogranadina se ha contabilizado el desplazamiento de más de 585 personas, entre las que se incluyen 146 en condición de refugiados o migrantes desplazados y 132 indígenas.

El panorama del año anterior tampoco resulta alentador, puesto que organizaciones de derechos humanos computaron 92 masacres en las que arrebató la vida a 326 personas. Además, se reportó que 198 activistas y 42 firmantes del Acuerdo de Paz, indicó antes de analizar el inicio de la campaña presidencial.

Comenzó la carrera para elegir al sucesor de Duque

Pérez Pirela advierte que esta carrera por la presidencia en Colombia, enciende las alarmas frente a un eventual magnicidio del senador izquierdista, Gustavo Petro, por parte de las fuerzas del uribismo.

En cualquier caso, pese al clima de violencia imperante, la inminencia de las elecciones generales, en las que los colombianos elegirán tanto al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño como a los representantes y senadores al Congreso de la República, ha puesto en marcha la precampaña presidencial.

De momento, se han identificado tres coaliciones principales –Pacto Histórico (izquierda), Centro Esperanza (centro), Equipo por Colombia (derecha-centroderecha)–, cada una con varios precandidatos, además del candidato del uribismo, que ha hecho tienda aparte, detalló.

Refiriendo los resultados de distintas encuestas, puntualizó que el senador Gustavo Petro, líder de Colombia Humana y precandidato del Pacto Histórico figura como el gran favorito en las encuestas, que apuntan a que esta vez conseguirá lo que le fuera arrebatado en 2018, con la dudosa victoria del actual presidente.

Este liderazgo, que se extiende más allá de las fronteras colombianas, ha provocado enconadas relaciones entre sus adversarios. Así, recordó, el pasado 2 de diciembre, desde el centro político se propuso selección de un «candidato único» que le hiciera frente a Petro y al eventual contendor del uribismo.

A la cabeza de esta iniciativa, en la que participaron seis precandidatos, estuvo la exsenadora, excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien propuso que la recién creada alianza asumiera el nombre de Centro Esperanza.

En la coyuntura, el pasado 18 de enero, Betancourt anunció que competirá nuevamente por la presidencia de su país, aunque esto no implica la eliminación del proceso electoral a lo interno de su coalición, en la que el también exaspirante presidencial Sergio Fajardo parece llevar ventaja, se explayó el especialista.

No obstante, el panorama de la candidatura presidencial en la derecha y centroderecha es todavía más nebuloso, pues el delfín del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, ya anunció que no se adscribirá al Equipo Colombia, lo que le obligará a impulsar una candidatura en solitario o suscribir alianzas que en este momento lucen poco claras.

Por ese motivo, otros candidatos derechistas como el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, han enfilado sus cañones contra Petro –cuya postulación se da por descontada– apelando al manoseado recurso de vaticinar que su victoria implicaría la transformación de Colombia en otra Venezuela, analizó el comunicador.

En este orden, recupero lo que dijera Peñalosa en una entrevista concedida a Semana sobre el tema: «Tenemos que hacer conciencia de votar bien para no correr la misma suerte de Venezuela. En Equipo por Colombia no somos genios, pero sí tenemos claro que tenemos que defender las instituciones colombianas. El próximo gobierno tiene que dar más seguridad, crear condiciones para la inversión que generen empleo y mejores ingresos».

Para enfatizar su punto, rescató que el político colombiano aseguró que «lo único que pasó en Venezuela –¡lo único!– es que el país votó mal y se jodió», en alusión a la victoria electoral del comandante Hugo Chávez en 1998.

Para más –y a modo de pretendida descalificación–, el político derechista sostuvo que Petro «en el pasado expresó (…) simpatías a favor del gobierno venezolano de Chávez y su sucesor» y ha prometido que «desmantelará muchas instituciones públicas y privadas» en las que supuestamente se asienta la democracia colombiana, lo cual no es más que el síntoma del «ahí viene el lobo» del que echan mano todas las derechas.

En continuación con la presentación de los eventos asociados a la campaña electoral, refirió que este martes 25 de enero los precandidatos presidenciales Gustavo Petro, Camilo Romero, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Francia Márquez, Juan Manuel Galán, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga, Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria participaron en el primer debate virtual, de cara a las elecciones del 13 de marzo en las que las coaliciones elegirán a sus postulados definitivos.

A este respecto, precisó que en el encuentro, los aspirantes presentaron sus pareceres en torno a la controvertida reforma tributaria aprobada en la saliente gestión y avanzaron las estrategias que planean implementar para combatir el narcotráfico y la corrupción, así como lo que harán para disminuir las confrontaciones entre grupos irregulares, masacres y desplazamientos forzados derivados del conflicto armado.

Para concluir sus disertaciones sobre este punto, contó que a pesar de que la reunión contó con la presencia de 10 precandidatos presidenciales, la candidata Francia Márquez, representante de grupos afrocolombianos, denunció que hay aspirantes a la primera magistratura que no tienen acceso apropiado a los medios de comunicación.

Según Márquez, esta situación alcanza también a los aspirantes a curules de paz en el Congreso, que precisamente están localizados en las zonas donde la violencia ha escalado y donde se corren más riesgos de fraude electoral.

Comentarios al cierre

A modo de cierre, Pérez Pirela enfatizó que esta precampaña electoral está signada por la decadencia del uribismo y su correlato en el incremento de la violencia en el marco del prolongado conflicto bélico en el país vecino, del que Venezuela es víctima silente, frente al silencio cómplice de los grandes aparatos mediáticos, gobiernos del mundo y la llamada comunidad internacional.

Así, Venezuela debe lidiar ahora con paramilitares, con disidencias, con guerrillas, con narcotráfico, desplazados y otros flagelos de la guerra que le ha sido exportada desde Colombia, lo que induce a preguntarse si acaso esa guerra no estalló ya en el territorio venezolano.

Antes de dar por terminada la edición, invitó a la audiencia a conectarse mañana a las 7:00 pm para una nueva edición del jueves de filosofía, en la que conversará con el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel sobre su obra Estética Descolonial.

(LaIguana.TV)

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