El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó este viernes acerca de la deportación de 35 de los 39 venezolanos que fueron retenidos por la Guardia Costera de ese país, tras un incidente en el que un buque de patrullaje abrió fuego contra una embarcación en la que se desplazaban unos 40 migrantes venezolanos, ocasionando la muerte de un bebé de nueve meses, reseñaron medios locales.

Según la vocería de la cartera de Seguridad Nacional, antes de la deportación –que fue justificada bajo el argumento de que estas personas pretendían ingresar ilegalmente a territorio trinitense–, el grupo fue «revisado por las autoridades competentes» y por representantes de la Embajada de Venezuela, quienes se cercioraron de que entre ellos no hubiera «víctimas de trata de personas».

Autoridades de la nación caribeña aseveraron que estas acciones se realizaron en cooperación con las autoridades de Venezuela, si bien al momento de publicación de esta nota no se había divulgado ningún pronunciamiento oficial.

Tras estar en el ojo del huracán por abrir fuego contra la embarcación venezolana, causar la muerte de un infante y herir a la madre de la víctima, el Ministerio de Seguridad aseveró a los medios que la Guardia Costera se cercioró de que «todos sus esfuerzos estuvieran en consonancia con los más altos estándares de conducta profesional, de acuerdo con la política del gobierno y las leyes de Trinidad y Tobago».

El portal trinitense Loop reseñó que «en un comunicado del 6 de febrero, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dijo que abrió fuego contra los motores de la embarcación después de intentar interceptarlo cerca de la costa sur de Trinidad», porque «la embarcación supuestamente intentó embestir uno de sus barcos que se había desplegado para ayudar con la interceptación», una versión que ha sido cuestionada por el saldo fatal que arrojó y la diferencia de calado entre las embarcaciones.

En todo caso, tras el lamentable incidente, organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unicef se han sumado a Venezuela y han solicitado a Puerto España que investigue exhaustivamente lo sucedido.

(LaIguana.TV)

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