En este capítulo de Entre Líneas nos vamos junto a la periodista Naile Manjarrés a la génesis, a lo elemental, a los Derechos Humanos. A esos aspectos que no quedaron incluidos en la oferta de paraísos y panaceas que la propaganda fortísima de medios de oposición locales e internacionales, con el apoyo de referentes opositores, descargaron contra la juventud venezolana durante más de 5 años para que se sintiera forzada a emigrar.
Derecho a la no discriminación
Esta discriminación fue acentuada y mayormente reconocida en 2020 en plena crisis por la aparición de la pandemia de COVID-19, cuando a Venezuela le tocó recibir en bandada a los venezolanos que huían de políticas de salud en otros países que los excluían. Venezuela incluso recibió a ciudadanos de otros países que huían de la indiferencia estatal.
Este derecho es violentado bien sea por origen étnico, por como hablan, por género, por edad, por poder adquisitivo, por salud, por preferencias políticas y además se suma el linchamiento mediático que revictimiza a cada venezolano que “decidió” tomar un nuevo rumbo o intentar hacer vida en países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile o Brasil.
Sobre esto resaltamos hechos recientes de carácter surreal: en una reunión virtual de la OEA, la también vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que su país «no se había beneficiado» del perfil de venezolanos que emigraron a Norteamérica y Europa.
Según Ramírez, Colombia recibió a los venezolanos «menos pudientes y calificados» y con eso pretende justificar que su país no acogerá más migrantes (como si no vinieran expulsándolos sin ningún tipo de reparos desde la aparición de la COVID-19).
La canciller colombiana, además, apeló al chantaje: recordó que el llamado Estatuto de Protección Temporal (ETPV), aprobado en Colombia en 2021 para buscar la regularización durante 10 años de los venezolanos en ese país, se había puesto en marcha si estos contribuyen al desarrollo del país. Sí y solo sí.
Siguiendo el hilo discursivo del presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró indignada que alguien (la comunidad internacional) no les respondió como habían acordado, pues los recursos que ha recibido Colombia para el apoyo de los migrantes no alcanza a ser un 20 % del valor registrado en las mesas de donantes, por tanto no hay excedentes de los cuales beneficiarse.
Hay que tener presente que en medio de todos los operativos que se hicieron para propiciar e instalar en el imaginario colectivo una crisis humanitaria en Venezuela, 40 países ofrecieron cerca de 2.500 millones de euros en 2021 para apoyar financieramente a la población que migrara a Colombia en busca de salvación. Lo cual también hay que decirlo: evidencia el desconocimiento de la realidad estructural (no circunstancial ni coyuntural) de ese país, pero por cabeza ajena no se aprende.
Otro punto a tomar en cuenta, es que no son los venezolanos los que afectan al país, solo ponen en evidencia la opulencia ficticia de una nación como Colombia: con un PIB en contracción permanente, un desempleo y una inflación disparadas, el asesinato de dirigentes sociales, la violación y represión en masa de estudiantes, la parapolítica, la precaria educación pública, la poca aprobación de la sociedad ante sus partidos políticos, y pare de contar.
Aun así, Colombia no es el único agresor en potencia contra el migrante venezolano, esto se replica a Perú, Ecuador, Chile y Brasil, como hemos visto en centenares de sucesos desgarradores los últimos años y que suman la violación de otros derechos, como el derecho a asilo sin coacción ni condicionamientos, a la dignidad, a la protección a la familia y la niñez, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso y el derecho al libre tránsito.
(LaIguana.TV)
