Luego de que la oposición se organizara para rechazar la reforma eléctrica, la Cámara de Diputados logró aprobar la propuesta de modificación a la ley minera para fortalecer el dominio mexicano del litio, pero ¿qué otras nacionalizaciones ha vivido México?

El artículo 27 de la constitución mexicana establece que la nación ostenta el dominio directo de todos los recursos naturales de su suelo continental, los zócalos submarinos de sus islas.

«De todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria», subraya el marco constitucional, entre otros detalles.

Las modificaciones a la ley minera establecen en su artículo 1 que la aplicación del marco legal corresponde al ejecutivo federal mediante la Secretaría de Economía, además de crear un órgano público descentralizado para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio.

«Se adiciona un artículo 5 bis para establecer que se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia, serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio», especificó la Cámara de Diputados.

«El litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México, las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta ley», abundó.

Este episodio recuerda algunos de los procesos de nacionalización que ha experimentado el país.

La expropiación petrolera

Lázaro Cárdenas gobernó México entre 1936 y 1940, en el proceso histórico de la transición del país de la guerra civil que supuso la Revolución mexicana a la institucionalización tanto de las demandas sociales expresadas en la revuelta como de los procesos de gobernanza.

Antes de 1938, año de la consolidación de la expropiación petrolera, en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que desde el año siguiente demandó reivindicaciones económicas rechazadas por las empresas petroleras extranjeras asentadas en México.

«Entre ellas, la semana laboral de cuarenta horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, jubilaciones», recuerda la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un artículo de divulgación.

En mayo de 1937 el sindicato informó que estallaría una huelga si las empresas no satisfacían sus demandas laborales, ante lo cual la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) identificó que las empresas contaban con la solvencia económica suficiente para atender los reclamos obreros.

El 18 de marzo de 1938, Cárdenas decretó la expropiación del petróleo mexicano, entonces explotado por 17 compañías del extranjero, para declarar el hidrocarburo propiedad de la nación y sus habitantes.

«El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles» de las empresas involucradas, además de sus filiales y subsidiarias, añade la CNDH.

Este episodio histórico es narrado por el comediante de TikTok @tíocardef y por el novelista mexicano Gerardo De la Torre en su libro Hijos del águila, editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Esta medida, además, se vincula a la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), recinto de estudios superiores fundado también por Lázaro Cárdenas con miras a desarrollar la industria y la ingeniería nacionales.

Nacionalización de la industria eléctrica

«En el caso de la industria eléctrica, la adquisición de los bienes de las empresas privadas eléctricas no se hizo por medio de una expropiación, como fue el caso de los bienes de las compañías petroleras extranjeras, sino por medio de la compra de las acciones», recuerda el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Ovalle.

La conclusión en adquirir acciones de Mexican Light and Power Company Ltd. e Impulsora de Empresas Eléctrica, subsidiaria mexicana de la American and Foreign Power Co., fue anunciada por el entonces presidente Adolfo López Mateos el 1 de septiembre de 1960, durante su informe anual presentado ante el Congreso de la Unión.

López Mateos impulsó un ajuste al artículo 27 de la constitución para nacionalizar la industria eléctrica mediante la reserva al Estado mexicano para su generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento.

«En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines», abundaba el ajuste constitucional.

Además, en febrero de 1983, cuando Miguel De la Madrid era presidente de México, se modificó el artículo 28 constitucional para atribuir la electricidad dentro de las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva y en las áreas consideradas estratégicas para la economía.

El fallido control de los recursos nucleares

Durante años científicos, trabajadores nucleares, técnicos especializados y políticos nacionalistas buscaron consolidar la independencia mexicana en materia de manejo de sus minerales radiactivos, aspiración que se desplomó en diciembre de 1984, con la aprobación de una nueva ley nuclear durante el sexenio de Miguel De la Madrid.

La posición nacionalista buscaba mantener en funcionamiento el órgano descentralizado del gobierno federal Uranio Mexicano (Uramex), creado el 27 de enero de 1979.

La ley nuclear del 84 determinaba el cierre de la empresa de Estado para la explotación del uranio mexicano con miras a sustituir el petróleo como fuente de energía sin necesidad de recurrir a Estados Unidos o a capitales extranjeros, recuerda un artículo de Arturo Bonilla recuperado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

«Esta empresa era el último, pero a su vez más importante, peldaño en la trayectoria de crear una industria nuclear estatal, la cual comenzó con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear y continuó con la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares», recuerda el autor.

«Ahora, con la nueva ley dicho camino quedó cerrado, pues pese a las modificaciones que se introdujeron al proyecto en ella subsiste la puerta abierta para que los minerales radiactivos no sean manejados de acuerdo a los intereses nacionales», abunda.

La industria ferroviaria

El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales de México, que dejó pendiente el pago de deuda con intereses acumulados.

Unos días después, el 30 de junio, el mandatario ordenó la creación del Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México y el 1 de mayo de 1938 entregó la empresa a los trabajadores para su administración.

Hacia 2014 México contaba con 26.727 kilómetros de vías férreas, en su mayoría concesionados.

Nacionalización de la banca

Como uno de sus últimos actos de gobierno, el presidente José López Portillo nacionalizó la banca mexicana el 1 de septiembre de 1982.

Esta decision se fundamentó en la estrategia económica del sexenio y asesorías presidenciales afines al modelo expropiatorio, identifica el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y funcionario del Banco de México (Banxico) Eduardo Turrent Díaz en un artículo publicado en 2011.

Con la medida, el mandatario buscaba hacer frente a la crisis económica más grave que atravesó el país desde la Gran Depresión de 1929, estima el investigador Francisco Ibarra Palafox, de acuerdo con un artículo alojado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

«Un día antes los bancos fueron tomados por el ejército, mientras el gobierno promovía un apoyo masivo a la nacionalización», apunta el texto.

Así, instalaciones, edificios, mobiliario, equipo, activos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, oficinas, inversiones, acciones, participaciones en otras empresas y valores de propiedad de la banca privada fueron expropiados por causas de utilidad pública mediante indemnización y bajo criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«La nacionalización no sólo constituía una de las afectaciones bancarias más importantes del mundo, sino además era el último y más drástico recurso del presidencialismo mexicano para detener la crisis. Con ella concluyó el periodo expansionista y desarrollista del Estado mexicano, sería la última de las grandes expropiaciones», estima Ibarra Palafox.

(Sputnik)