El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la condena al Estado colombiano por el caso de las interceptaciones ilegales, también conocido como chuzadas, que realizó el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y en el que fue afectada la senadora electa Piedad Córdoba.

De acuerdo con una nota publicada este jueves por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–, y difundida por Córdoba en su cuenta de la red social Twitter, «el pasado 19 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó la decisión que confirmó la sentencia de primera instancia de un juez de Bogotá».

La referida sentencia «condenó a la nación por el daño ocasionado a la exsenadora y su familia consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre, como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en su contra».

Además, resaltó que para este tribunal fue claro que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hacía requerimientos al DAS sobre las interceptaciones a Córdoba y «exigía mantenerlos informados respecto a este blanco político de gran interés para el Gobierno Nacional», por lo que directivos del ente recopilaban, analizaban y enviaban información al Gobierno, sin un fundamento legal.

«Entre los años 2005 y 2008 desde el extinto DAS en el marco de las operaciones ilegales Amazonas y Onix, y por orden de la Presidencia de la República, se realizaron labores de inteligencia, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, registros de celular, reporte de datos financieros» de Córdoba, recordó el colectivo.

Asimismo, precisó que «de acuerdo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, todos estos hechos probados con las condenas y los testimonios rendidos en los procesos penales, dieron cuenta de que los funcionarios del DAS no actuaron por razones personales, sino en ejercicio de sus labores públicas».

El Colectivo de Abogados enfatizó que «para la Sala es evidente que el Dapre y el DAS son efectivamente responsables de la vulneración de los derechos de Piedad Córdoba y su familia, por lo que además de ordenarle a estas entidades la reparación integral de las víctimas, confirmó que Víctor Manuel Muñoz Rodríguez como director del Dapre o quien haga sus veces, deberá realizar un acto de desagravio en el que ofrezca disculpas públicas por los daños» ocasionados.

Finalmente, expresó que este fallo demuestra que la labor de Córdoba como dirigente política y social «se ha desarrollado en el marco de la legalidad y por los canales democráticos».

Suspensión de actividades de campaña presidencial

Este hecho ocurre luego que Córdoba anunció que aceptaba la solicitud realizada por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, para que suspendiera sus actividades dentro de la campaña política, de cara a la segunda vuelta del próximo 29 de mayo.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Córdoba difundió un comunicado para expresar su posición «sobre la solicitud de Gustavo Petro y los recientes ataques mediáticos en mi contra y también contra la campaña presidencial».

Petro pidió el miércoles a Córdoba que suspendiera sus actividades dentro de la campaña presidencial «hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen».

Posteriormente, la senadora electa respondió que «acepto la solicitud de suspensión de mis actividades dentro de la campaña presidencial. Nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral».

Córdoba ratificó que se mantiene como parte del Pacto Histórico, al reiterar que es la «opción para sacar al país de la profunda crisis actual», e instó a la población a apoyar las fórmula presidencial integrada por Petro y Francia Márquez.

(teleSUR)

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