La propuesta de reforma tributaria que presentará el gobierno del Pacto Histórico en Colombia incluirá un impuesto a las bebidas azucaradas que «fue desestimado» en las  administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que de concretarse, permitirá financiar el gasto público en materia sanitaria y «desincentivar el consumo de los productos híper procesados», reseña La Tabla.

Empero, la iniciativa, que sin dudas redundaría en beneficios para la salud de los colombianos, no las tiene todas consigo. El portal venezolano refiere que Katherine Miranda, representante a la Cámara de Representantes y senadora electa por la coalición que respalda a Gustavo Petro, denunció la existencia de poderosos lobbies de empresas de jugos pasteurizados y refrescos que han ofrecido sobornos a congresistas de hasta 50.000 dólares para que voten en contra de la ley. 

Según los datos recabados por esta fuente especializada en datos abiertos, la denuncia no es nueva. En 2016, el ministro de Salud del gobierno de Santos, Alejandro Gaviria, indicó que durante las votaciones de la iniciativa legislativa –que no logró salir adelante– «al menos 90 lobbistas acudieron a las instancias parlamentarias para oponerse y hundir el proyecto».

Miranda asegura que parlamentarios justifican su oposición a la iniciativa con base en estudios que refutan la eficacia de pechar bebidas altamente procesadas, aunque las investigaciones no existan o hayan sido financiadas por las empresas objeto de escrutinio y «medios de comunicación afines».

Según la parlamentaria, «reputados economistas, incluyendo exministros de Hacienda, cuestionan el impuesto sin aclarar que tienen consultorías con empresas como Coca-Cola».

La llegada de Carolina Corcho al ministerio de Salud el próximo 7 de agosto, podría lograr que la propuesta se reactive e incluso que pueda ser aprobada en el Congreso, donde el Pacto Histórico dispondrá de mayoría a partir de este 20 de junio.

Además del impuesto, se planea añadir a los productos alimenticios altamente procesados una etiqueta de advertencia a los ciudadanos sobre los riesgos para la salud que entraña el consumo habitual de esas mercancías, como ya se hace en Chile, en México y en Argentina. 

Por otro lado, a pesar del auspicioso panorama, La Tabla advierte que «no se puede desestimar la influencia político-económico de las corporaciones de bebidas azucaradas, entre ellos, el gigante Postobón (grupo Ardila Lülle también dueño de ingenios Incauca y Providencia)», devenido en «el principal  opositor al impuesto».

No obstante, la pesquisa del portal venezolano arrojó un dato todavía más inquietante: investigaciones de 2019 dejaron al descubierto que Carlos Ardila Lülle, dueño del conglomerado, cancelaba una especie de «impuesto de guerra» al Bloque Héroes de Granada, parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, una información que fue refrendada por varios jefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso. 

La necesidad de gravar los alimentos ultraprocesados

La Tabla destaca que imponer tributos a bebidas y alimentos altamente procesados «ya ha probado ser un éxito en otras regiones», al punto de que la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una alternativa adecuada «para mejorar la salud de los consumidores expuestos al desarrollo de enfermedades como la diabetes y la obesidad».

En su más reciente informe, la Organización Panamericana de la Salud advierte que «se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Este número se ha triplicado en la Región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040 (…). La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos».

Con respecto a la obesidad, las cifras no son más alentadoras. En 2017, el organismo estimó que unos 360 millones de personas en las Américas –58 % de la población– viven con sobrepeso, al tiempo que la obesidad afecta a cerca de otros 140 millones (23 %). 

Como explicación para este fenómeno se apunta que «el crecimiento económico, el aumento de la urbanización y los ingresos medios de las personas y la integración de la región en los mercados internacionales han reducido el consumo de preparaciones tradicionales y aumentado el consumo de productos ultra procesados, un problema que afecta con mayor fuerza a las zonas y países que son importadores netos de alimentos».

De lo anterior se desprende que existe suficiente evidencia científica para respaldar que el consumo de alimentos híper procesados es causa de enfermedades crónicas no transmisibles, que se traducen en altas cargas para el sistema de salud y reducen años de vida, especialmente entre las personas con menos ingresos.

(LaIguana.TV)

 

 

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