La jueza Sara Cockerill, quien lleva el caso de las 31 toneladas de oro de Venezuela retenidas en el Banco de Inglaterra, anunció este lunes que tomará una decisión «cuanto antes», si bien aseguró que el fallo se producirá solo después del verano, por lo que no podrá ser antes de octubre, reseña EFE.
Según Cockerill, la razón de esta demora obedece a otros compromisos y anunció que la sentencia podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.
Tras más de dos años de litigios en diversas instancias, la justicia británica se debate ahora entre otorgar la administración al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, que cuenta con embajadores designados en Londres y Caracas que son reconocidos por las partes, o al autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó, respaldado verbalmente por la administración de Boris Johnson.
La diatriba del recién concluido juicio de cuatro días recayó sobre la admisión de Inglaterra de los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en los que se anularon las designaciones que hiciera Guaidó de miembros de una «junta directiva ad hoc» para el Banco Central de Venezuela, instancia habilitada legalmente para gestionar los dineros venezolanos en el extranjero.
De acuerdo con el reporte de la agencia española «el letrado de la junta presidida por Calixto Ortega, Richard Lissack, defendió la independencia del TSJ, mientras que Andrew Fulton, por parte de la de Guaidó, instó a ignorar sus dictámenes con el argumento de que es una institución ligada a Maduro.
Lissak enfatizó que se trata de un caso de «una enorme gravedad» que tendrá repercusiones y sentará precedente en el derecho británico, razón por la cual demandó a Cockerill «cautela» en sus pronunciamientos y le pidió que evitara hacer caso de las «generalizaciones» y «habladurías» de los agentes de Guaidó sobre la situación política en Venezuela.
En su decir, no es «un juicio sobre el gobierno de Maduro», porque lo que está en cuestión es cuál junta directiva del BCV puede girar instrucciones al Banco de Inglaterra para disponer de esos recursos –que equivalen a unos 1.600 millones de euros– y la de Guaidó carece de poder real y «no responde ante nadie».
Asimismo, el letrado insistió en que si se le otorga el control del oro a ese grupo político, tendrán la puerta abierta «para hacer lo que quieran» en entera impunidad.
Por su lado, Fulton presentó a sus representados como gente «seria y responsable» que no sería capaz de huir con el valioso metal. «Fueron designados por Guaidó para velar por los activos hasta que haya nuevas elecciones», arguyó.
Con respecto a los testigos, Lissack presentó al presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega y al exjuez Francisco Carrasquero, quienes presentaron alegaciones en favor de la independencia de poderes, al tiempo que el representante del Estado venezolano subrayó la dilatada trayectoria profesional de ambos, lo que contrastó con la ausencia de credenciales de los designados por Guaidó, quienes tampoco están familiarizados con la administración pública, pues residen desde hace largo tiempo fuera del país.
Fulton replicó a estos argumentos señalando que sus clientes deben reunirse virtualmente y no en Venezuela, por el supuesto peligro de ser detenidos por las autoridades. También cargó contra Ortega y Carrasquero por «seguir un guion».
EFE recuerda que «además de la gestión de esos activos, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un litigio planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro».
(LaIguana.TV)
