El Gobierno de Argentina dispuso la prohibición este viernes de contratar personal para entidades y jurisdicciones del sector público, una medida que había sido anticipada hace una semana por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país.  

La decisión fue oficializada a través del decreto 426/2022, y establece que las instituciones del Estado «no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza»

La prohibición alcanza a distintas modalidades de designación y contratación aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra Batakis, señala en sus consideraciones que «resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal».

La medida fue implementada junto a otras disposiciones que buscan recuperar el equilibrio fiscal en Argentina, reducir la inflación y contener el valor del dólar, en medio de una preocupante crisis económica que se aceleró con la renuncia del ministro de Economía anterior, Martín Guzmán. 

Estas acciones llegan en un momento de protestas de diferentes sectores sociales. Organizaciones barriales y políticas de izquierda en Argentina se han estado movilizando en Buenos Aires y otras provincias «por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza»

Mientras el Gobierno de Fernández cumple con el acuerdo por la deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la alta inflación, que ya supera el 60 % anual, más la suba del dólar ‘blue’ o ilegal (se vende a 238 pesos mientras el oficial está contenido en 129 pesos), repercute en el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y desempleados.

Los niveles récord de inflación y devaluación, con una pobreza que ronda el 50 %, opacan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que ronda el 5,0 % y que demuestra la tendencia de recuperación económica post pandemia. Otro indicador positivo, pero insuficiente, es la caída de la tasa de desempleo de un 13 % a un 7,0 %.  

(RT)

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