El Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima admitió a trámite un ‘habeas corpus’ que fue presentado en favor de Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo.

El recurso fue presentado por el ciudadano Víctor Manuel Vallejo Vásquez en contra del juez Raúl Justiniano Romero, quien ordenó la detención preliminar de Paredes, reseñó La República.

Vallejo alega que contra Paredes se habría vulnerado el derecho a la libertad individual, el debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y el derecho a la salud.

El objetivo de la medida es que la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, cumpla arresto domiciliario en lugar de detención preliminar en un reclusorio, debido a que contrajo covid-19.

Recientemente, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima rechazó un ‘habeas corpus’ similar, que fue presentado por el ciudadano Julio Jove Vilca, con el cual buscaba revertir la detención preliminar de Paredes.

La detención y el caso

La cuñada del mandatario, investigada por cargos de organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos, se entregó el miércoles 10 de agosto a la Fiscalía de la Nación, un día después de que fuera allanado el Palacio de Gobierno en su búsqueda, lugar donde no fue encontrada.

Además de ella, también fueron detenidos el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, y los hermanos y empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana.

Paredes es señalada de haber formado parte de una conspiración para direccionar millonarias licitaciones públicas a favor de las empresas de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.

Esta investigación también avanza contra Castillo, porque supuestamente, según detractores del Gobierno, esas maniobras habrían contado con la aprobación del propio mandatario.

Castillo también presentó un ‘habeas corpus’ recientemente, con el objetivo de evitar futuras intervenciones, como allanamientos, en el Palacio de Gobierno, luego del ocurrido el 9 de agosto.

El recurso fue presentado en contra de los funcionarios que ordenaron y participaron en el allanamiento, concretamente el juez Justiniano Romero, que autorizó la diligencia; así como el fiscal Hans Aguirre, miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, y el coronel Harvey Colchado, del Equipo Especial de la Policía, quienes encabezaron el operativo.

El propósito es que se declare la nulidad parcial de la resolución que autorizó el allanamiento y, además, que se ordene a los demandados que se abstengan de volver a cometer «el acto lesivo denunciado».

(RT)

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