Tras conocerse que la Fiscalía argentina solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la supuesta comisión de delitos de corrupción, miles de personas se volcaron a las calles de Buenos Aires para manifestar su apoyo a la dos veces exmandataria, que denuncia haber sido objeto de un caso de persecución judicial.

Sin embargo, el intendente de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, opositor al gobernante Frente de Todos y ligado al expresidente derechista Mauricio Macri, ordenó a la Policía contener a los manifestantes que se apostaron en las proximidades de la vivienda de Fernández, aunque finalmente fueron objeto de represión, como constatan videos tomados desde el sitio.

Periodistas locales reportaron que muy cerca se desarrollaba otra concentración, protagonizada por detractores de la lideresa peronista, pero a contrapelo de lo que sucedió con quienes la respaldan, estas personas no fueron confrontadas ni maltratadas por las fuerzas del orden.

La televisión local capturó disparos de bombas lacrimógenas contra la multitud que acudió al emblemático barrio La Recoleta para acompañar a Fernández y rechazar la pretensión de la Fiscalía con consignas, aunque su presencia no supusiera una amenaza para el orden público.

De su parte, Rodríguez Larreta, en su condición de jefe del gobierno porteño, dio prácticamente por descontada la culpabilidad de Fernández y la instó a no engendrar «más violencia» y a contribuir «a mantener la paz social». Asimismo, subrayó que el deber de la Policía de la ciudad era trabajar «siempre para cuidar a los vecinos de la ciudad y para evitar enfrentamientos entre los argentinos».

El Ejecutivo encabezado por el presidente Alberto Fernández condenó «la persecución judicial y mediática» contra Fernández de Kirchner.

«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno», reza parte del comunicado.

En el documentó también se expresa la solidaridad para con la vicepresidenta, frente a esta «persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fáctico».

(LaIguana.TV)

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