La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció este viernes la creación de oficinas delegadas en municipios fronterizos con Colombia para salvaguardar la libertad de circulación y la integridad de los pobladores que hacen vida en esas regiones, informó el organismo en una nota de prensa suscrita por el defensor Alfredo Ruiz.

Según se refiere en el texto, Ruiz indicó una de estas defensorías delegadas funciona en el municipio Guajira, donde la mayor parte de los habitantes son indígenas de las etnias wayú, añú y japreira, cuyos territorios ancestrales se ubican en los dos países.

El defensor venezolano aseguró que la iniciativa también está en marcha en el municipio Bolívar donde se localiza la ciudad de San Antonio, cercana a las poblaciones colombianas de Villa del Rosario, Juan Frío y Cúcuta, y reconocido foco movimientos migratorios y comerciales transfronterizos.

El funcionario argumentó que «la libre movilidad de personas entre ambas naciones no es solo por motivos económicos, sino que es un espacio binacional donde habitan personas y familias con doble nacionalidad, un espacio de encuentro y tránsito permanente que algunas lo atraviesan por razones de salud, es decir para hacerse un tratamiento en Venezuela o en Colombia, otras porque estudian en suelo local o simplemente se trasladan a esta zona por cuestiones laborales, familiares o de turismo».

EFE reseña que el pasado martes, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, advirtió que en su visita al recién reabierto Puente Internacional Simón Bolívar detectó violaciones a los derechos humanos de niños.

«Estamos monitoreando en tiempo real, a través de las siete regionales de la Defensoría del Pueblo que comparten línea de frontera con Venezuela, todo lo que tiene ver con las diferentes vulneraciones de los derechos humanos que involucran directamente a los menores de edad», dijo Camargo a la agencia española.

En su decir, en Colombia hay 1.200 menores de nacionalidad venezolana que están «bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar y en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos».

Aunque no precisó en qué momento se produjeron esos ingresos ni qué acciones tomará el Estado colombiano para restituirles los derechos, sí enfatizó que era necesario «encontrar una salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de paso o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente, verificando previamente que se cumplan las condiciones apropiadas en términos de derechos de los niños».

(LaIguana.TV)

 

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