La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, difundió un escrito de veinte puntos en el que niega haber direccionado obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su gestión y la del exmandatario Néstor Kirchner, tras haberse dirigido por última vez al tribunal que la procesó junto a otras 12 personas.

«Lo prometido: las veinte mentiras de la Causa Vialidad», adelantó Fernández a través de sus redes sociales, un día después de intervenir por última vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la ciudad de Buenos Aires. En su alocución, Fernández volvió a asegurar que ninguna de las acusaciones en su contra fue probada y que «la sentencia estaba escrita» desde antes del juicio.

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Tras pronunciar su tercer y último alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de la ciudad de Buenos Aires, que informó que el veredicto se dará a conocer el 6 de diciembre, Fernández respondió por escrito a las acusaciones que la fiscalía formuló en su contra durante el debate oral.

Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández rechazó que durante su Gobierno se asignaran fondos para obras viales de manera ilegal y arbitraria.

«Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución», consideró.

En la lista de «mentiras» sobre el juicio, Fernández incluye varias relativas a que las asignaciones de obra pública en Santa Cruz se hicieron «de manera ilegal y arbitraria». Por el contrario, remarcó que «ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición».

La expresidenta, señalada por supuestamente conceder al empresario Lázaro Báez 51 proyectos de obra pública, aseguró que «desde la Presidencia de la nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto indicándose cómo debían efectuar su tarea».

En cuarto lugar en la lista de mentiras, Fernández apuntó contra la acusación de que «los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa a los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso». Además de recordar que legisladores de la oposición votaron a favor de los proyectos, la vicepresidenta señaló que la Fiscalía «jamás solicitó que se convocara a algún exlegislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto».

La «mentira 9» de la lista afirma que Néstor Kirchner y Cristina Fernández ordenaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad aumentar «ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez», empresario de la construcción señalado como el beneficiado por las irregularidades.

«Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular», contrapone la vicepresidenta.

Fernández también desmintió que el Gobierno argentino impidiera, durante los gobiernos de Kirchner y Fernández (2003-2015), que el Congreso accediera a la información sobre el destino de las partidas presupuestarias. «Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de Kirchner y Fernández se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas», contrasta.

La relación entre los Kirchner y Lázaro Báez

Varias de las mentiras que Fernández atribuye a la Fiscalía tienen que ver con la relación personal que presuntamente existía entre los Kirchner y Lázaro Báez.

«Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado», enfatiza Fernández.

Fernández también desmiente que las relaciones comerciales entre Báez y el matrimonio Kirchner fueran «actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz». Para la vicepresidenta, la propia Justicia argentina ya había determinado años atrás que las relaciones «no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal».

Como ya defendiera de palabra ante los jueces del tribunal, Fernández también destacó que nunca llegó a reunirse con Lázaro Báez, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales Diego Luciano y Sergio Morla, que plantearon durante el juicio que la exjefa de Estado viajó el 30 de noviembre de 2015 a Santa Cruz para reunirse con el empresario.

Durante el juicio «la fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas», manifestó en otro apartado.

La mentira número 19 de la lista refiere a que «en todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios». Según Fernández, la Fiscalía no pidió ninguna pericia que demostrara la existencia de los sobreprecios y, cuando la defensa solicitó una, «fue limitada por el Tribunal a solo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores».

«La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la ingeniera Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios», añade la acusada.

La última mentira de la causa señalada por Fernández es la afirmación de que las obras a cargo de Lázaro Báez «se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron», a pesar de que el empresario cobró los pagos en tiempo y forma.

En su defensa, la también presidenta del Senado aseguró que el Poder Ejecutivo «no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015».

Al final de su exculpación, la vicepresidenta insistió en que la fiscalía «jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación», y que el análisis se realizó al final «a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores».

Según Fernández, los documentos, testimonios y pericias presentadas en el caso demostraron que las demoras «se encontraban debidamente justificadas», que «no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia» y que los pagos efectuados se correspondieron «con trabajos efectivamente ejecutados».

Como último punto, la expresidenta lamentó que los proyectos viales fueran abandonados durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que siguió a su administración, lo que causó un perjuicio al Estado.

Los jueces del tribunal n.º 2 emitirá su sentencia el martes 6 de diciembre, aunque los fundamentos se darán a conocer más adelante.

El veredicto debe ser dictado la misma jornada en que finalizan las últimas palabras de los 13 procesados en el expediente.

La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Ésta es la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual se lleva adelante desde el 21 de mayo de 2019.

(Sputnik)

 

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