Perú se abrió otro capítulo de su casi permanente crisis política y apenas tres horas bastaron para que resultara detenido el entonces presidente, Pedro Castillo y se juramentara la hasta ahora vicepresidenta, Dina Buloarte, como nueva mandataria. El análisis es del filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela en Desde Donde Sea.
En vísperas de la tercera moción de vacancia –destitución– de Castillo promovida por el Congreso en razón de una supuesta incapacidad moral, inesperadamente, el mandatario disolvió el gobierno, incluyendo el Parlamento, y anunció la instalación de un «gobierno de excepción», comentó.
Detalló que, en una alocución, el gobernante dictó la disolución temporal del Legislativo y la instalación de un gobierno de emergencia. Además, anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses» y declaró la «reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)»
Según dijo el ahora expresidente, tomó estas resoluciones en atención a los reclamos de la ciudadanía, al tiempo que destacó que su declaratoria de Estado de excepción –incluyendo la instalación de un toque de queda– estaría orientada a restablecer el Estado de derecho y la democracia, sintetizó.
En su opinión, o bien Castillo sobrestimó sus apoyos dentro del gobierno y las instituciones peruanas o bien actuó motivado por evitar su destitución en el Congreso, porque casi de inmediato se produjo una estampida de altos cargos, que calificaron su actuación como un «autogolpe de Estado».
Para ilustrar, mencionó que el comandante general del Ejército peruano, Walter Córdova Alemán, dimitió a su cargo en una carta expedida al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.
En la misiva se lee: «Mediante el presente, solicito mi cese en el cargo de comandante general del Ejército del Perú, por motivos estrictamente personales, y con ello, mi pase a la situación militar de retiro de conformidad a lo establecido en la ley N° 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas».
A esto se sumaron las renuncias de los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Educación.
Asimismo, en un comunicado, las Fuerzas Armadas acusaron veladamente a Castillo de invocar erróneamente el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que le da prerrogativas al presidente de disolver el Congreso siempre que el Poder Legislativo haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
«Por donde usted lo vea, no sabemos en qué se basó Castillo para hacer lo que hizo. La única manera de saberlo es ver cómo fue que le puso su destitución en bandeja de plata a un Congreso que goza del 80 % de rechazo», reiteró, antes de enfatizar que, en estos casos, el pronunciamiento de estos estamentos es siempre fundamental en estos.
En concreto, el sector castrense difundió un comunicado donde se indica que «cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», en lo que el especialista valoró como un acto de insubordinación al presidente de la República.
(LaIguana.TV)
