En una confesión-delación publicada el pasado jueves en sus redes sociales, el dirigente de la ultraderecha venezolana Leopoldo López implicó al exdiputado Julio Borges en el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019, lo que motivó la emisión de una nueva orden de captura contra Borges.

En su intervención, López asumió su responsabilidad con la «vía policial-militar», que en su decir, implicó «conversaciones» con «representantes» de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

«Allí hubo conversaciones que se dieron en mi casa durante tres semanas. Altos funcionarios de la dictadura se reunieron conmigo en mi casa y se planificó una acción que tenía como intención hacer un llamado a la protesta militar-policial, que saliera la gente y que a las 12 del mediodía iba a salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se venía trabajando», relató.

De esto último, el político responsabilizó a Borges, su antiguo copartidario, quien habría actuado –siempre según su versión– en mancuerna con el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otras personas de su entorno, unos movimientos de los que habría estado al tanto el gobierno de los Estados Unidos, encabezado en aquel momento por Donald Trump.

«Julio Borges se reunió con Framy Rojas por encargo de Maikel Moreno en Bogotá. Incluso compartió con autoridades norteamericanas lo que era la sentencia que iba a salir. Todo eso estaba planteado», aseveró.

A esto sumó que no tenía «ningún vínculo» con el empresario Raúl Gorrín –a quien tachó de «delincuente» y «enemigo» en su proyecto de derrocar al Gobierno Bolivariano– y contrastó su posición con la de Julio Borges.

«No tengo ninguna relación con ese señor. No puede decir lo mismo el señor Julio Borges y otros personajes, que tienen una relación directa», enfatizó, si bien no mencionó quiénes serían los otros involucrados en la trama.

López, quien está evadido de la justicia venezolana tras encabezar la intentona golpista de 2019, también cargó contra Borges por socavar el pretendido «gobierno interino» de Juan Guaidó desde la posición de «canciller» que ejerció, desde la que manejó «una nómina grande de personas».

«Hablaba con países, hablaba con cancilleres, hablaba con parlamentos, menospreciando la figura que él mismo estaba representando», acusó.

Antes de anunciar la nueva orden de captura contra Borges, el fiscal general, Tarek William Saab, catalogó las declaraciones de López como «delación-confesión tragicómica», que causaría hilaridad de no ser por todas las implicaciones que entrañó «ese intento armado de bañar de sangre este país, de intentar asesinar al Jefe de Estado y altas autoridades civiles y militares».

«Estamos hablando de alguien que dice con todo el desparpajo que iba a matar, que iba, con policías y militares, a asesinar a venezolanos y venezolanas (…). Efectivamente fueron en horas de la madrugada de ese 30 de abril en la Plaza Altamira para instalarse con armamento y llamaron a un golpe de Estado. Ellos lo denominaron, de manera infame, Operación Libertad», subrayó.

Saab puntualizó que por este caso han sido procesadas 93 personas, siete de las cuales ya recibieron sentencia por admitir los hechos, 19 más están privadas de libertad en proceso de juicio, cinco más recibieron medidas cautelares mientras avanza su proceso judicial y las 38 restantes están evadidos de la justicia.

En particular, el exdiputado Borges tiene otras dos órdenes de captura en razón de su presunta participación en la retención ilegal del oro de la República depositado en el Banco de Inglaterra y por su aparente responsabilidad en la planeación y financiamiento de un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades del Estado venezolano perpetrado el 4 de agosto de 2018.

(LaIguana.TV)