La ultraderecha insiste en derrocar al gobierno de Luis Arce con variados pretextos, apelando a protestas violentas bajo diversas excusas, que siempre convergen en señalamientos sobre una supuesta falta de libertades por parte de una «dictadura» que no tolera ninguna oposición, expuso Miguel Ángel Pérez Pirela al abordar la situación de Bolivia en su programa Desde donde sea.
“El último capítulo de esta historia inconclusa lo abrió el encarcelamiento del político ultraderechista Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz, quien desde su posición como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz fue uno de los líderes del golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en 2019”. Ahora la prensa hegemónica lo presenta como una especie de mártir”, dijo.
Un golpe continuado desde 2019
Para iniciar el análisis, presentó el Iguanazo, de Iván Lira, indicando que, como siempre, resume la realidad política en una imagen genial. En esta oportunidad aparece un personaje bifronte. El que mira hacia la izquierda tiene una leyenda que dice: “Cuando la derecha controla el gobierno, ejerce la violencia institucional…”; el texto del que mira hacia la derecha agrega: “…Pero, cuando no, se opone a las instituciones por la fuerza”.
Precisó que los coletazos del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Evo Morales en 2019 siguen resonando en Bolivia y ponen en jaque la posibilidad de llevar a uno de sus principales cabecillas ante la justicia. “En realidad, es un golpe continuado que comenzó en 2019 y aún no ha terminado”, expresó.
El apresamiento de Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz el pasado 28 de diciembre, por su presunta participación en las referidas acciones sediciosas, ha desatado una nueva ola de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce.
A contrapelo de lo que ha sucedido en otros países de la región, Bolivia ha dado pasos firmes para que los responsables de las acciones antidemocráticas sean juzgados y condenados, incluyendo Camacho, quien figura como uno de los líderes de la oposición.
Tras su captura en Santa Cruz, el político fue trasladado a un penal de máxima seguridad en La Paz para cumplir prisión preventiva durante cuatro meses. Se le imputaron cargos por terrorismo en el marco del proceso judicial denominado Golpe de Estado I.
Lo que no suele decirse en los medios, es que el político ultraderechista dejó de comparecer cuatro veces a las convocatorias de la Corte para que rindiera declaraciones, luego de que en un video difundido por él mismo en las redes sociales revelara que estaba al tanto del golpe de 2019 y que conspiró con la policía para no frenar a los manifestantes violentos.
Las acciones sediciosas del gobernador cruceño no se limitan a los eventos que expulsaron del poder a Evo Morales, porque, como se recordará, tres meses atrás amparó las protestas violentas con las que se pretendió presionar al Ejecutivo y al Legislativo para adelantar el Censo a 2023, inicialmente previsto en 2022 y retrasado por causa de la pandemia.
En 2022, Camacho fue una de las caras visibles de un paro que se extendió por 36 días en el departamento que gobierna, considerado el motor económico del país andino, hasta que la Cámara Baja del Congreso aprobó un proyecto de ley para el conteo poblacional, que tendrá lugar en 2024.
Camacho y las fuerzas políticas que lo acompañan, justificaron las acciones argumentando que Santa Cruz aporta un importante caudal al PIB boliviano y ha crecido en población, por lo que le corresponden tanto más recursos por situado constitucional como mayor representación parlamentaria.
“Otra excusa de estos golpistas de la extrema derecha, apoyados por Estados Unidos, porque no logran llegar a través del voto. Son nuevos pretextos pero los métodos se repiten. Es lo mismo que han hecho también en Venezuela, con la diferencia de que allá están pagando por sus delitos”, dijo Pérez Pirela.
Tras presentar un reportaje en video, detalló que si se atiende con cuidado a lo reseñado por la agencia española EFE, de línea editorial favorable a Camacho, se concluye que los convocantes a las trancas admitieron que su propuesta carecía de viabilidad técnica, algo que habían señalado los funcionarios del gobierno de Arce desde el primer momento, lo que permite especular que esa no era la razón real de los disturbios.
Sin embargo, Camacho logró vender la idea entre sus seguidores de que sus protestas violentas habían obligado al gobierno a decidir en torno al censo. De ahí que no sorprenda que cuando se apresó al gobernador, la respuesta fue manifestar virulentamente y atacar sedes de instituciones públicas.
Este carácter sedicioso, así como los exhortos del propio Camacho desde la cárcel, han sido convenientemente silenciados en los grandes medios internacionales, que intentan presentarlo como una víctima de la persecución política del gobierno boliviano.
“Usted ve Euronews, DW, CNN y cualquier otro medio de esa naturaleza y este señor extremista con años de especialidad en desestabilización y golpes de Estado, es una víctima. Por eso es que desde LaIguana.TV vamos a seguir diciendo lo que los otros medios no dicen”, aseguró el moderador.
En realidad, se ha intentado extender el caos hacia otros departamentos, convocando protestas antigubernamentales para denunciar una supuesta falta de libertades en el país, a partir de lo que se intenta justificar una pretendida lucha contra «la dictadura».
“Nosotros en Venezuela sabemos mucho de esto. Las guarimbas, que se aplicaron acá, son protestas violentas financiadas por gobiernos extranjeros para causar caos y desestabilizar a los gobiernos progresistas y las están aplicando en otros países”, explicó.
Entretanto, el pasado 9 de enero, Arce advirtió que no tolerará atentados contra la democracia y anunció una marcha nacional el venidero domingo 22, día del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con Camacho en la cárcel, el Comité Cívico de Santa Cruz se erigió como la cabeza de esta nueva arremetida contra la democracia boliviana y no disimula sus objetivos, como se desprende de una convocatoria a Cabildo Abierto Nacional que formulara el 11 de enero.
En una manifestación en demanda de la libertad de Camacho, Rómulo Calvo, líder de la organización, prometió «acciones contundentes» contra la administración masista, a la que se refirió como «tiranía» y «dictadura», epítetos comúnmente utilizados por dirigentes derechistas para denotar a gobiernos y líderes progresistas.
Al mismo tiempo, el Comité ha instruido a sus partidarios para que bloqueen las carreteras departamentales, con el propósito de evitar el traslado de alimentos a otras regiones de la geografía boliviana.
En 2019, la derecha cruceña se cobijó en la figura del Cabildo Abierto para justificar el derrocamiento de Evo Morales, alegando que esa instancia lo había decidido, cuando en realidad, como admitieron posteriormente, las acciones se ejecutaron en contubernio con el Ejército y la policía.
Estas amenazas no han hecho retroceder a las autoridades bolivianas. El pasado sábado, el Ministerio de Gobierno solicitó una ampliación de las investigaciones contra Camacho por el caso Golpe de Estado I.
En concreto, se pidió al Ministerio Público que incluyera en sus pesquisas las pruebas de que el político ultraderechista realizó pagos a funcionarios castrenses y miembros de grupos violentos antes, durante y después del golpe de Estado de noviembre 2019.
Eduardo del Castillo, titular de la cartera de Gobierno, precisó ante los medios que con ello se pretendía que la fiscalía añadiera los delitos de cohecho y seducción de tropas al proceso judicial que se le sigue al gobernador cruceño.
En ese mismo marco, en lugar de respaldar los esfuerzos de Bolivia por sancionar ejemplarmente a quienes atentaron contra la democracia y rompieron el hilo constitucional, el gobierno de los Estados Unidos manifestó su «preocupación» por el apresamiento de Camacho y la manera como se conducen las investigaciones.
“Cuando Estados Unidos dice que está preocupado, luego vienen los golpes de Estado, las invasiones y los bombardeos”, comentó Pérez Pirela.
La cancillería boliviana respondió con firmeza a estos pronunciamientos injerencistas y destacó que ningún funcionario del servicio exterior de Bolivia escribe tuits para expresar «preocupación» por las graves violaciones a los derechos humanos que padece la población afrodescendiente en ese país, a pesar de que son públicas y notorias.
Autoridades se mantienen firmes
Ni los chantajes del Comité Cívico de Santa Cruz ni las amenazas veladas de Washington impidieron que la Fiscalía ampliara los delitos por los que investiga a Camacho y le sumara imputaciones por cohecho activo y seducción de tropa.
La respuesta de la derecha cruceña fue la esperada: convocar a nuevas movilizaciones y desafiar abiertamente al gobierno de Arce, que no parece dar muestras de ceder ante las presiones de estos sectores extremistas.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso. En la audiencia de apelación, la que la defensa de Camacho pretende conseguir el levantamiento de la medida de prisión preventiva por cuatro meses que pesa sobre su cabeza y su traslado a la ciudad de Santa Cruz.
No obstante, dados los antecedentes, es poco probable que la tentativa resulte exitosa, particularmente porque Camacho ignoró cuatro citaciones judiciales en las que solamente se le solicitó rendir declaraciones –no estaba planteada su detención– y retrasó el avance de la causa, que inició a finales de 2020.
En sus alegaciones, la acusación también destacó que desde su posición de gobernador, el político podía interferir con las investigaciones, algo perfectamente posible, dada su escasa disposición para cooperar con las autoridades y para asumir la responsabilidad en las protestas violentas de 2019 que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales.
Sigue proceso contra Áñez
En paralelo a esta causa también está en marcha la denominada Golpe de Estado II, con la que se pretende sancionar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a otros miembros de su equipo por su aparente responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas poco después del golpe de Estado.
A este respecto se conoció que este 18 de enero, Áñez se negó a participar en un juicio público por la masacre de Senkata (El Alto), en la que 11 personas fueron asesinadas por fuerzas represivas, medio centenar más recibió heridas y centenas fueron detenidas irregularmente.
Mientras que su defensa calificó la comparecencia como «circo» y sostuvo que no estaba apegada al Estado de derecho, fiscales de la ciudad de El Alto pidieron que se incluyeran en la imputación contra la autoproclamada exmandataria los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
“La dictadorzuela de Bolivia ya está en la cárcel y Dina Boluarte, la de Perú, tendrá el mismo destino”, pronosticó el moderador.
Áñez ha intentado, sin éxito, recibir medidas cautelares por parte de la CIDH y, como Camacho, insiste en presentarse como una víctima de la persecución política del gobierno de su país, aunque existen pruebas fehacientes de su participación en eventos ajenos al orden democrático y claramente violadores de los derechos humanos.
Los planes de EEUU en marcha
Al cierre del análisis, insistió en que, tal como está ocurriendo con el caso peruano, el tratamiento de los acontecimientos de Bolivia pone en evidencia el doble rasero con que la “comunidad internacional” juzga el tema de derechos humanos, según si el gobierno en ejercicio es de derecha o de izquierda.
“El gobierno boliviano es acusado de perseguir a opositores, cuando en realidad intenta que la justicia sancione a los responsables de quebrar el hilo constitucional y causar decenas de muertes en 2019, en un golpe de Estado contra un presidente electo limpiamente en las urnas”, aseveró.
La conclusión general (tras revisar los acontecimientos de Perú, Bolivia y Brasil) es que “los planes de Estados Unidos para 2023 son de desestabilización, de puñaladas, de zarpazos contra las democracias nuestroamericanas como manera de asegurar el control del continente, mientras libra su guerra proxy en Ucrania contra Rusia. Así lo declararon funcionarios estadounidenses durante 2022 y ahora, claramente, lo están aplicando”, recalcó Pérez Pirela.
(LaIguana.TV)
