“Si no se aplican las leyes, si no hay justicia se concretarán los planes desestabilizadores de Estados Unidos para toda América Latina”, advirtió Miguel Ángel Pérez Pirela, tras analizar los recientes acontecimientos de Perú, Bolivia y Brasil.
En su programa Desde donde sea, el filósofo y comunicador político ponderó positivamente el esfuerzo que han hecho las autoridades bolivianas y brasileñas por sancionar a quienes han atentado contra la institucionalidad democrática, mientras en Venezuela los autores de graves atentados contra la institucionalidad han permanecido sin castigo.
Sobre el caso de Brasil hizo apenas un breve comentario, pero destacó que la disposición a responder oportunamente con la aplicación de la ley es una muestra de que el Estado brasileño avanza en la vía correcta para conjurar la amenaza de desestabilización orquestada desde el norte.
Los hechos
Recientemente, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia, al tiempo que le demandaban al Ejército que depusiera al recién instalado Luiz Inácio Lula da Silva, lo que a juicio del presentador de programa es otra prueba de que el plan de desestabilización abarca toda la región.
“Superficialmente, el evento parece una copia de lo que hace un par de años hicieran los partidarios de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, una mirada más atenta deja ver que Bolsonaro dejó más que turbas enceguecidas e incapaces de admitir la derrota: dejó agentes en posiciones clave –expuso-. Esto se hizo evidente con la flaca actuación de los cuerpos de seguridad –abundaron las imágenes en las que se ve a policías permitir el ingreso de los manifestantes a las instalaciones– y la cooperación de las autoridades capitalinas en el asalto, al menos por omisión”.
Destacó que, a diferencia del destino que enfrentaron Pedro Castillo y Evo Morales, la acción de los extremistas fue repudiada al unísono por países y bloques de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.
Al mismo tiempo, las instituciones brasileñas hicieron frente común con Lula para enfrentar lo que calificaron como el peor atentado a la democracia desde el fin de la dictadura militar en 1985.
Además, casi de inmediato, el Tribunal Supremo suspendió de sus funciones por tres meses al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, un aliado cercano de Bolsonaro y en los días sucesivos se comunicó del apresamiento de decenas de involucrados, muchos de ellos residenciados fuera de la capital.
Sin estridencias, Lula anunció algunas remociones, incluyendo a los directivos de la televisión pública –esto por la cobertura que hicieron del asalto– así como la de miembros del equipo de seguridad del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
A inicios de esta semana, la Fiscalía comunicó que había imputado formalmente a 39 personas por su aparente responsabilidad en la toma violenta de las instalaciones del Senado en Brasilia.
Aunque es claro que la justicia brasileña está en la obligación de procesar e imputar a quienes participaron de la invasión a los predios de los poderes públicos y que incluso ha detenido al secretario de seguridad de Brasilia (ausente para el momento de los hechos), la extensión de estas acciones evidencia que los perpetradores directos no son los únicos que deberían ser sancionados.
Flota en el ambiente la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos expulse o extradite al expresidente Jair Bolsonaro, quien viajó a Florida un día antes de la toma de posesión de Lula, pero esta posibilidad todavía es incierta.
Coincidencialmente o no, mientras el intento de golpe tenía lugar, Bolsonaro fue ingresado en una clínica por molestias abdominales derivadas, según dijo, de un apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato. “Está tratando de hacerse la víctima cobardemente, luego de ordenar la arremetida contra los poderes públicos brasileños”, expresó Pérez Pirela.
El expresidente tardó en pronunciarse, pero cuando lo hizo rechazó en Twitter cualquier ruptura al hilo constitucional, si bien defendió el derecho de sus seguidores a manifestarse pacíficamente y comparó estos eventos con las protestas que protagonizaron detractores de su gobierno, aunque claramente no cabía tal equiparación.
“De momento, pareciera que el poder político brasileño no está dispuesto a acompañar aventuras golpistas, pero nunca se sabe. La duda también alcanza a la capacidad de sanción de la justicia, porque esas mismas instituciones que hoy se muestran dispuestas a sancionar a quienes atentaron contra la democracia, encarcelaron injustamente a Lula y convalidaron la destitución irregular de Dilma Rousseff”, alertó el moderador.
Pérez Pirela finalizó el programa con una reflexión conclusiva para este caso y los de Perú y Bolivia: “Si no hay justicia, los extremistas pagados por Estados Unidos continuarán apuñalando a las democracias nuestroamericanas. En Venezuela tenemos un caso digno de análisis porque siguen libres los autores de graves atentados, incluyendo intentos de magnicidio, golpes de Estado, invasiones y sabotajes eléctricos. La forma de frenar estas intentonas es aplicar la justicia, sin miedo a las consecuencias políticas, sin cálculos políticos”.
(LaIguana.TV)
