“Los últimos 40 años de la historia política venezolana han estado signados, en mayor o menor medida, por el flagelo de la corrupción. Si bien es claro que al menos en el último lustro se han adelantado importantes esfuerzos para investigar, imputar y sancionar a los responsables, la recurrencia de las tramas en instituciones como Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacen pensar que en el seno del Estado venezolano se desplegó una estructura propia de la mafia, capaz de sobrevivir a destituciones, enjuiciamientos y encarcelamientos, aún de alto perfil”, sostuvo Miguel Ángel Pérez Pirela, en otro tramo de su amplia revisión del tema de la corrupción, en el que abordó el aspecto histórico de este “mal de vieja data que sigue desangrando al país”.
Para ilustrar el enfoque, presentó otro Iguanazo, pieza de opinión gráfica de Iván Lira, en la que dos personajes encorbatados y obesos sonríen mientras conversan. Dicen que “a los corruptos nos deberían reconocer que hemos aprendido a hacer mucho con poco”.
“Quisiéramos decir que la corrupción es una práctica recientemente instalada en la cultura política nacional y que, por ello, empezó a combatirse de inmediato, pero lamentablemente, no es así –expresó el moderador-. El historial de corruptelas, robo de activos e impunidad es de larga data y definitivamente no empezó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, como pretenden decir ahora opinadores y políticos opositores para sacar réditos de la Operación Especial Anticorrupción, aunque no sean las voces más calificadas para hablar del tema”.
Durante los años de la llamada Cuarta República también salieron de las arcas públicas escandalosas cantidades de dinero. Nadie fue apresado, se asumió que los recursos simplemente se habían esfumado e inclusive el Estado asumió la deuda de los bancos privados, como fuera recordado recientemente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
En la misma línea, otros portavoces del gobierno, empezando por Maduro, han subrayado en sus más recientes intervenciones públicas que la Revolución Bolivariana surgió, entre otras cosas, como una respuesta a esa clase de ilícitos, que a finales de la década de 1980 ya habían hartado al grueso de la población venezolana.
“Por eso es que es muy triste que se repitan los mismos errores”, acotó Pérez Pirela.
A este respecto han insistido en la necesidad de investigar y sancionar a los culpables de delitos contra la cosa pública, «caiga quien caiga y esté donde esté», al tiempo que han tomado distancia de los que han optado por echar mano del erario e incluso de aquellos que están sometidos a procesos judiciales por ese motivo sobre los que todavía no pesa una sentencia.
Sin embargo, a pesar de que en el presente el Estado venezolano ha investigado tramas de corrupción harto complejas, y ha encarcelado y enjuiciado a muchos de los presuntos responsables independientemente de su posición, es evidente que aún no logra desmantelar las condiciones que posibilitan la constitución de mafias de alto calibre en instituciones clave como el Poder Judicial o PDVSA.
De este modo, aunque al menos desde 2014 se han emprendido esfuerzos serios por sanear la industria petrolera y otros estamentos, no han cesado de revelarse nuevos casos, que incluso alcanzaron la esfera de la narcopolítica, con la implicación de dos diputadas y una alcaldesa en el tráfico de drogas a inicios de 2022, como muestra esta compilación de Venezolana de Televisión publicada a inicios de la presente semana.
Los megacasos de Ramírez
De todo esto, las tramas de más alto nivel son las que involucran al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. De acuerdo con la exposición que realizara el Ministerio Público antes de solicitar su extradición ante el gobierno italiano, el exfuncionario estaría implicado en al menos nueve mega casos de corrupción que supusieron pérdidas milmillonarias para la República.
Las revelaciones más recientes de los desfalcos a PDVSA mientras era administrada por Ramírez se produjeron en septiembre de 2022, cuando fue capturado el exvicepresidente de Finanzas de la compañía, Víctor Aular.
Aular decidió confesar los hechos y abundó en detalles del tinglado que había establecido el exministro para apoderarse de los recursos de la República, en contubernio con algunos familiares y amigos cercanos.
De acuerdo con las pesquisas, los implicados consiguieron hacerse, nada más y nada menos que con casi 4.500 millones de dólares, a costa de contratos irregulares basados en operaciones en divisas a espaldas del Banco Central de Venezuela.
Casos emblemáticos de Pdvsa
La investigación incluyó un recuento de los casos más importantes de corrupción detectados hasta ahora en PDVSA.
Inició este segmento con otro Iguanazo, en el que aparece un individuo de cabello blanco con antifaz y un pañuelo rojo cubriendo parte de su rostro que huye con un gran saco que tiene el rótulo PDVSA del que se desprenden algunos dólares. La leyenda reza: “Rafael Ramírez, robo robito”.
“La trama de los 4.500 millones de dólares revelada el pasado septiembre no es, ni por mucho, del peor caso de corrupción dentro de PDVSA en el que figura en primera plana el nombre de Rafael Ramírez. La lista que sigue no es exhaustiva, aunque contiene algunos de los casos que peor daño le han causado al pueblo venezolano”, dijo Pérez Pirela al comenzar a enumerarlos.
El barco fantasma comprado a PetroSaudí
La adquisición fraudulenta de un barco-taladro a PetroSaudi Saturn por la que las autoridades venezolanas solicitan al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue expuesta en detalle en un trabajo de investigación publicado por La Tabla el 17 de diciembre de 2017.
Entonces, se hizo referencia a la compra del «barco taladro Songa Saturn», que debía encargarse de la perforación gasífera en la costa oriental Caribe y en su día fuera presentado por el exministro como «de última generación», en unas declaraciones que se recogieron en una nota de prensa institucional fechada el 24 de septiembre de 2010.
Sin embargo, el buque en realidad fue construido en 1983 y refaccionado en 2006 y 2009, por lo que la afirmación de que se trataba de un equipo de ‘última generación’ era absolutamente insostenible.
La operación fraudulenta de Ramírez no se limitó a la adquisición de un equipo obsoleto a precio de uno nuevo, sino que aseguró que la alianza entre PetroSaudi y PDVSA en ese proyecto del barco taladro, formaba parte de la estrategia para la conformación de una empresa mixta entre Arabia Saudí y Venezuela.
En ningún caso esto podría haberse concretado, puesto que la petrolera saudí es propiedad de un particular asentado en Londres y no del Estado saudita.
Como apuntara Víctor Hugo Majano, editor del portal de datos abiertos La Tabla en en una entrevista concedida en 2020 al periodista Clodovaldo Hernández, el entonces ministro se embarcó en el negocio al corriente de que sería lesivo para el país en términos operativos y financieros.
Este caso no acabó allí, pues en el mes de agosto de 2015, la estatal petrolera venezolana inició un arbitraje comercial en la ciudad de París, con el propósito de «resarcir los daños sufridos por el deficiente desempeño de la unidad de perforación contratada para los yacimientos gasíferos del estado Sucre».
Investigaciones posteriores han determinado que Venezuela pagó una cantidad muy superior al precio de mercado por un barco que estaba prácticamente inutilizado, a lo que se suma que canceló importes milmillonarios en muelles extranjeros donde el barco permaneció atracado.
Por otro lado, en claro daño a los intereses nacionales, en el contrato suscrito en 2009 entre PDVSA y PetroSaudi se establecía que en caso de litigio, habría de ser la estatal venezolana la que debía cancelar lo que restara y solo después tendría acceso al arbitraje.
El fallo de la Alta Corte de Inglaterra de octubre de 2016 favoreció a nuestro país. En él se declaraba que las acciones emprendidas por PetroSaudi para ejecutar garantías y obtener pagos a partir de la prohibición del acceso a dinero en disputa, eran «fraudulentas» y «nulas».
Sin embargo, PetroSaudi introdujo una demanda en la Corte de Apelaciones de Londres y en enero de 2017, la empresa logró que se obligara a PDVSA a cancelarle 129 millones de dólares demandados en septiembre de 2016.
La estatal petrolera debía proporcionar una carta de crédito ‘standby’ (SBLC) para asegurar el pago y el SBLC estaba con un banco portugués y se rige por la ley inglesa y «PetroSaudi ejerció ‘sus derechos’ bajo SBLC y exigió los 129,8 millones de dólares», usando una carta de crédito del Novo Banco y el Estado venezolano perdió esa misma cantidad.
En 2020, el gobierno de Malasia adelantó acciones para que PetroSaudi International accediera a más de 340 millones de dólares de su subsidiaria venezolana que reposan en un banco del Reino Unido, bajo el alegato de que «provienen de actividades ilegales».
De acuerdo con informes de medios malayos, la trama de corrupción en este caso involucra al exprimer ministro de Malasia Najib Razak, a Rafael Ramírez, a estrellas del jet-set hollywoodense como Kim Kardashian y Leonardo Di Caprio, así como al expresidente estadounidense Barack Obama.
Pese a que algunos de los casos como el del lavado de activos en el desaparecido Banco de Andorra han sido investigados en tribunales europeos y no hay mayores dudas de la implicación de Ramírez en ellos, Roma se ha negado a cumplir con la demanda de Caracas bajo alegaciones cuestionables como la «inseguridad jurídica».
Del mismo modo, no deja de llamar la atención que a pesar de las 27 tramas de corrupción documentadas por la justicia venezolana en PDVSA –Rafael Ramírez estaría estaría implicado directamente en un tercio de ellas–, el gobierno estadounidense no lo ha puesto en ninguna lista negra ni avanza causa judicial alguna en su contra.
Diego Salazar Carreño
El nombre de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, aparece vinculado con sobornos y lavado de activos dentro de PDVSA, que salieron a relucir dentro y fuera del país, por su relación con el así llamado caso de la Banca Privada d’Andorra.
Según información ofrecida en enero de 2018 por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, solamente entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, la organización criminal liderada por Salazar habría blanqueado capitales por un monto superior a los 1.347 millones de euros.
Entonces, Saab precisó que solo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, esta organización criminal habría blanqueado una cantidad superior a los 1.347 millones euros.
Diego Salazar mantenía un estilo de vida ostentoso que no se esforzaba por ocultar. En Venezuela, se comprobó que adquirió inmuebles y vehículos de alto costo y que solía obsequiar relojes de lujo a sus socios y cómplices.
También está comprobado que dio una propina de 90.000 euros al mayordomo de un hotel parisino y que contrató al menos a cuatro exreinas de belleza para que formaran parte de su equipo de asistentes en la firma InverDT, formalmente constituida para brindar asesorías empresariales.
En 2017, Salazar fue detenido en Venezuela junto a uno de sus cómplices, José Enrique Luongo. Ambos fueron imputados por corrupción pasiva y tras nuevos hallazgos revelados en 2021, se les añadieron cargos por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público logró incautar 36 inmuebles residenciales, 11 inmuebles empresariales ubicados en una edificación de alto perfil de Caracas, cuatro locales comerciales, ocho vehículos y tres motocicletas.
Además, la instancia acusadora reportó la incautación de 102 obras de arte de alto valor, entre ellas algunas invaluables, así como la inclusión de 99 vehículos pertenecientes a Salazar y a su entorno en el Sistema Integrado de Información Policial.
En un trabajo periodístico de La Tabla que siguió a la detención de Salazar, se indica que el grupo liderado por él tendría participación en unas 50 compañías registradas en distintos países europeos y del Caribe, así como en los Estados Unidos.
Adicionalmente pesquisas avanzadas por el diario El País en España, refieren que PDVSA canceló 30,6 millones de dólares a Eudomario Carruyo, quien ejerciera como director financiero de la empresa entre 2005 y 2011.
De acuerdo con la investigación realizada por la justicia española, Carruyo recibió el dinero a través de la Banca Privada d’Andorra por medio de transacciones realizadas por el exviceministro de Energía y Petróleo Nervis Villalobos (solicitado por el Ministerio Público de Venezuela), Salazar y Luis Carlos de León, un exabogado de la compañía petrolera.
Para desviar la atención, Carruyo usó la cuenta de una empresa de su propiedad registrada en Panamá que, a su vez, servía para facturar presuntos servicios prestados a Pdvsa por su firma venezolana.
Las operaciones se justificaron ante el Estado por medio del pago de honorarios por supuestos «trabajos de asesoría» prestados a los exdirectivos de la petrolera venezolana, que habrían sido cerrados mediante «contratos orales».
La justicia de España imputó en 2018 a Villalobos, Carruyo y Salazar por lavado de activos.
En Venezuela, el caso no está resuelto, porque aún quedan por capturar varios implicados, entre ellos Villalobos, Carruyo y el propio Rafael Ramírez Carreño, sobre quien pesa una orden de extradición por su implicación en estas y otras tramas de corrupción, de las cuales la más costosa para el país fue la compra del «buque fantasma» a PetroSaudi.
Jonnathan Marín, exalcalde de Guanta
La red de corrupción encabezada por el exalcalde de Guanta (Anzoátegui), Jonnathan Marín, derivó en el desfalco de más de 38.000 millones de dólares por medio de la adjudicación dolosa de más de 40.000 contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En 2017, Marín huyó del país hacia Colombia a través del estado Zulia, gracias a la complicidad de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y un comerciante y en 2020, la Contraloría General de la República lo inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cargos públicos y solicitó a las autoridades que iniciaran acciones penales en su contra.
Mientras ejercía el cargo, Marín exhibía sin recato un estilo de vida ostentoso y consumista que incluía el uso regular de aviones y yates, injustificable a partir de sus ingresos como funcionario, y se vanagloriaba de haber contratado a artistas y deportistas por sumas millonarias en divisas.
También se ha comprobado suficientemente que logró desarrollar una alianza entre el poder económico y el institucional del que formaban parte redes de comercios, medios de comunicación y funcionarios clave en distintas instancias de la burocracia.
Los tentáculos de este grupo alcanzaron a la Faja Petrolífera del Orinoco, en donde se registraron operaciones fraudulentas entre 2010 y 2016, por las que las autoridades han detenido a distintos contratistas, funcionarios y hasta miembros de la farándula, cuya relación con el exburgomaestre ha quedado suficientemente establecida.
Además, en su delación pública de septiembre de 2022, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, aseguró que Marín formaba parte de un equipo que en 2016 impulsaba la precandidatura presidencial de Ramírez en el seno del chavismo y tenía planes de hacer negocios particulares con la industria petrolera ecuatoriana.
Según lo apuntado en un informe de La Tabla aparecido en 2017, «Marin y su familia y su entorno más cercano podrían estar relacionados y tener intereses en una veintena de compañías en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana», que les habrían servido para lavar el dinero sustraído.
A finales de 2022, Marín se entregó a las autoridades estadounidenses y accedió a declararse culpable en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por un cargo menor de lavado de activos, a cambio de ofrecer supuesta información de acciones de corrupción presuntamente cometida por altos funcionarios venezolanos.
Reflexión para el debate
“Todo lo expuesto permite concluir que los últimos 40 años de la historia política venezolana han estado signados, en mayor o menor medida, por el flagelo de la corrupción, con énfasis en la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios”, dijo Pérez Pirela.
“Y si bien es claro que al menos en los últimos cinco años se han adelantado importantes esfuerzos para investigar, imputar y sancionar a los responsables, la recurrencia de las tramas en instituciones como PDVSA hacen pensar que en el seno del Estado venezolano se desplegó una estructura propia de la mafia, capaz de sobrevivir a destituciones, enjuiciamientos y encarcelamientos, aún de alto perfil –añadió-. Estas no son buenas noticias, porque, aunque es innegable que es necesario poner fin a toda impunidad, esta estrategia muestra sus insuficiencias y pone al gobierno Bolivariano frente a un gran desafío que parece no admitir más dilaciones: frenar la dilapidación de los hoy escasos recursos públicos y transformar por completo el Estado, aunque ello implique decisiones difíciles e incluso, dolorosas”.
(LaIguana.TV)
