“Aplaudo que se castigue a los ladrones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), siempre y cuando sean encontrados culpables en un juicio, pero también debe sancionarse a los ladrones de cuello blanco que, a nombre de un supuesto gobierno interino y de una supuesta lucha contra una supuesta dictadura, se hicieron multimillonarios y, en estos momentos, están en la calle, haciendo campaña para sus primarias, porque además quieren ser presidentes. Si se les deja impunes y solo se castiga a una parte del espectro político, la división del chavismo está a la vista”, advirtió Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.
“Si los desfalcos en PDVSA constituyen, a no dudarlo, un completo escándalo frente al que el Estado venezolano no ha podido actuar con todo el peso de la ley por la complicidad de algunos gobiernos del norte global, no se quedan atrás los despojos a los que fue sometida la República a cuenta del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó –subrayó-. Por eso insisto en que no se da el mejor mensaje si se meten presos a los corruptos del gobierno constitucional y se deja impunes a los corruptos del llamado gobierno interino”.
Indicó que los expolios más emblemáticos perpetrados por Guaidó, sus socios –incluyendo a gobiernos extranjeros– y personeros de distinto cuño dentro de las cúpulas opositoras, han sido expuestos suficientemente ante la opinión pública, incluso por medios de comunicación muy poco sospechosos de ser aliados de Maduro como The Washington Post, The New York Times o BBC.
La lista incluye la entrega de Citgo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la confiscación de 30 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, el intento de apropiación ilegal de Monómeros –frenado por el gobierno de Gustavo Petro– y el uso de fondos públicos que les fueran entregados ilegalmente por las autoridades estadounidenses y de otros países para financiar su pretendido gobierno.
Puntualizó que el último capítulo de este lamentable memorial de agravios contra la riqueza del pueblo venezolano, lo constituyen los activos valorados en más de 3.300 millones de dólares que se comprometieron a recuperar para atender necesidades urgentes de la población en el marco de los acuerdos del diálogo que se desarrolla en México.
Aunque el acuerdo se firmó en noviembre, hasta la fecha la delegación de la Plataforma Unitaria –ligada a Guaidó– no ha sido capaz de dar cuenta de esos recursos ni ofrecer ninguna explicación convincente que justifique el retraso, en virtud de lo cual, las conversaciones con el Gobierno Bolivariano entraron en una nueva pausa desde el pasado mes de febrero.
(LaIguana.TV)
