La promulgación del decreto de «muerte cruzada» en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso a primera hora de la mañana de este 17 de mayo, es capítulo más reciente de la crisis sociopolítica que atraviesa la nación andina desde los tiempos de su predecesor, Lenín Moreno.
Esto motivó a Miguel Ángel Pérez Pirela a reflexionar en su programa Desde Donde Sea sobre las implicaciones de esta decisión, que en su opinión sobrepasan las fronteras ecuatorianas.
«No olvidemos que Lenín Moreno y, sobre todo el actual mandatario, Guillermo Lasso, trataron de propiciar una crisis política en Venezuela», recordó.
De vuelta a Ecuador señaló que al peligroso cóctel de violencia perpetrada por cárteles de la droga, militarización creciente, abusos policiales, criminalización de la protesta ciudadana, encarcelamiento de líderes indígenas, persecución política contra el expresidente Rafael Correa y sus seguidores, se sumaron crecientes denuncias de corrupción sobre Lasso y su círculo más inmediato.
Así las cosas, la Asamblea Nacional bajo el control de las fuerzas opositoras, intentó por cuarta vez la promoción de un juicio político en contra del gobernante y, a diferencia de lo que sucedió en las oportunidades precedentes, esta vez el Parlamento consiguió los votos necesarios para interpelarlo por malversación de fondos públicos.
Contra las cuerdas y en lugar de comparecer nuevamente ante el pleno de los asambleístas, Guillermo Lasso prefirió apelar a lo único que le quedaba: disolver el Legislativo y anunciar a una convocatoria de elecciones generales en los próximos seis meses para completar el resto del período constitucional, que concluye en 2025.
El presentador apuntó que este recurso, aunque jurídicamente válido, merece ser examinado en detalle, pues si bien fue concebido para otorgar una válvula de escape en crisis políticas, también es claro que puede usarse para que el jefe del Ejecutivo eluda su responsabilidad frente a las demandas que, según las leyes ecuatorianas, puede y debe ejercer el Parlamento.
De otro lado, también vale la pena preguntarse dónde está el límite entre la necesaria supervisión de las acciones de gobierno y el uso de ese poder constitucional para socavar la voluntad popular y deponer presidentes, con independencia de su posición en el espectro político o del rechazo que acumulen.
Para cerrar la introducción al candente tema, advirtió que el historial regional deja claramente establecido que los golpes de Estado parlamentarios –cuyas víctimas han sido líderes populares que arribaron al poder con banderas de la izquierda–, no solo son posibles, sino que han derivado en un mecanismo para legitimar atentados contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas y socavar significativamente la democracia.
Lasso se juega la carta de la «muerte cruzada»
A primera hora de la mañana de este miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, promulgó el decreto de «muerte cruzada» que el permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.
La decisión fue anunciada por el mandatario en cadena nacional y como justificación para tal radicalidad alegó que en el país reinaba un estado de conmoción interna que comprometía la gobernabilidad.
«No, no hay conmoción interna ni nada parecido en Ecuador», aseguró el comunicador venezolano, en crítica abierta al alegato del jefe del Estado ecuatoriano.
Comentó asimismo que en su discurso, Lasso subrayó el carácter «constitucional» y «democrático» del decreto, en razón de que, en su decir, será el pueblo ecuatoriano el que decida el rumbo que habrá de seguir el país en los próximos comicios.
En interés de precisar el contexto en el que puede invocarse la «muerte cruzado», explicó que según la Constitución ecuatoriana, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional cuando, en su opinión, el Legislativo «se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional».
También puede apelar a este recurso cuando la Asamblea «de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo» o en caso de «grave crisis política y conmoción interna».
Lasso fundamentó su decisión en supuestas obstrucciones a su gestión por parte del Parlamento –luego las examinaremos en detalle– y en la existencia de un estado de «conmoción interna» que, sin embargo, no se ha expresado en las calles en las recientes jornadas.
Pérez Pirela mencionó que según un ranking general de aprobación de mandatarios suramericanos publicado el pasado 8 de mayo por la cuenta en Twitter @Datoworld, de línea derechista, Lasso solo era respaldado por el 30 % de los votantes, mientras que un sondeo difundido por el Instituto IDEAL –’think tank’ afín al correísmo– le otorga un escaso 13 %.
Al margen de las consideraciones legales y de la evidente caída en la popularidad de Guillermo Lasso, lo cierto es que la disolución del Parlamento le permite gobernar por decreto hasta que se convoquen las elecciones generales anticipadas, como él mismo lo reconoció en su alocución.
El moderador advirtió que es sin perder el tiempo, Lasso comunicó que en correspondencia con las facultades que se le otorgan tras la entrada en vigor de la «muerte cruzada», firmó un decreto para reducir drásticamente los impuestos, que deberá ser refrendado por la Corte Constitucional.
El decreto también se hizo sentir en el seno de las Fuerzas Armadas, que han devenido en un brazo represivo al servicio de la política de seguridad del mandatario para combatir el narcotráfico y la violencia homicida que le es subsidiaria, que en mucho emula iniciativas fracasadas implementadas en países como México o Colombia.
Así, poco después de que el mandatario terminara su alocución, el alto mando militar cerró filas abiertamente con él, en un intento por disipar cualquier duda relacionada con sus lealtades.
El analista resaltó que a pesar de no existir un estado de conmoción interna ni nada parecido, el vocero castrense aludió a eventuales intentos de romper el hilo constitucional a través de la violencia y advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuarían «con firmeza» para defender los derechos del pueblo ecuatoriano.
A su parecer, una primera interpretación posible para este comentario es que pretendía servir como excusa para la militarización del espacio y la prohibición de ingreso de los diputados y empleados del Legislativo, así como para la criminalización anticipada de la protesta social, lo que ha sido una constante desde que Lasso llegó al poder.
De esto se desprende que la intervención también parece estar dirigida hacia los detractores del decreto de «muerte cruzada», que desde tempranas horas de este miércoles se estaban congregando en las inmediaciones de la sede de la Asamblea, pues estaba previsto que Lasso compareciera a las 10:00 am, hora de Quito.
En particular refirió que funcionarios adscritos a la Asamblea Nacional de Ecuador no pudieron ingresar este miércoles al recinto, luego de que el presidente Guillermo Lasso promulgara el decreto de «muerte cruzada», que automáticamente supone el cese de funciones del Parlamento.
De acuerdo con informes de medios apostados en el lugar, la Asamblea Nacional se encontraba militarizada y varios legisladores, así como trabajadores, se encontraban en el exterior del Palacio Legislativo mientras que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional les cierran el paso.
La prensa local aseguró que los uniformados le informaron a quienes pretendían entrar al edificio que «la Asamblea está tomada y se activó la muerte cruzada. No puede ingresar nadie y no [se] puede retirar nada».
Pérez Pirela señaló que aunque tras la promulgación del decreto se notificó formalmente al Congreso «la terminación de pleno derecho de los períodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas», no se ofrecieron explicaciones que sustentaran la prohibición de ingreso de los trabajadores ni la toma del Palacio Legislativo por las fuerzas del orden.
Lo que sí se mencionó que es la «muerte cruzada» supone la terminación anticipada de todos los contratos del personal ocasional de la Asamblea y se advierte que ni ellos ni los ahora exasambleístas tendrán «derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa».
«Amaneció la Asamblea Nacional de Ecuador tomada por las fuerzas del orden que apoyan a Lasso, quien, a su vez, iba a ser destituido por corrupción. Ya vamos entendiendo por dónde viene esto», sintetizó el experto.
Los que hablaron y los que callaron
En otro ángulo de la situación Pérez Pirela estimó pertinente considerar las reacciones que generó el decreto, destacando entre ellas la del expresidente Rafael Correa, quien todavía padece los rigores de la persecución política implementada por Lenín Moreno y continuada por la actual administración.
Muy rápidamente, el exmandatario manifestó que, en su criterio, no hay razones válidas para decretar la «muerte cruzada» –es «ilegal», dijo– y ello más bien parece obedecer a una maniobra desesperada del jefe de Estado para no someterse a la vergüenza de ser destituido por el Congreso.
Según expresara en su cuenta de Twitter, es «obvio que no existe ningún estado de conmoción interna», sino que lo que sucedía es que está en marcha un juicio político contra Lasso «en aplicación de la Constitución».
«En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler», agregó el exmandatario.
En una entrevista concedida a la agencia rusa RT, Correa sostuvo que la «muerte cruzada» no fue decretada en apego a los causales que contempla la Carta Magna ecuatoriana. A pesar de eso consideró que la polémica decisión es «la mejor solución» para la crisis que atraviesa el país andino.
«Vemos a Correa relajado, disfrutando de la primavera europea, pues él vive en Bruselas. Está viendo los toros desde la barrera. Esta es una buena oportunidad para el correísmo, que está peleado con el movimiento indígena y no ha sido capaz de conformar una alianza electoral duradera», comentó en referencia a su entrevista con el medio ruso.
En el mismo sentido se expresó el abogado constitucionalista ecuatoriano Stalin Raza, quien en conversación con la cadena teleSUR aseguró que la medida adoptada por Lasso convertía al país en una «dictadura», porque se había perpetrado «un fraude contra la Constitución», al invocar falsamente los criterios establecidos para decretar la «muerte cruzada».
De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Virgilio Saquicela, respalda la tesis de la inconstitucionalidad del decreto de «muerte cruzada» y advirtió que esta decisión podría ser objeto de un litigio legal.
Sobre esto, el expresidente Correa confirmó a RT que están en curso varias iniciativas para frenar el decreto de «muerte cruzada», que incluso podrían implicar su derogación.
Sin embargo aseguró que con independencia de si estos procesos jurídicos avanzan, su coalición está dispuesta a medirse y derrotar a Guillermo Lasso en las urnas, porque ve en esta coyuntura de elecciones anticipadas una oportunidad para ponerle punto final a un gobierno que deja un legado muy cuestionable.
En continuidad con la recopilación de los testimonios, el también director de LaIguana.TV refirió que otra voz que se escuchó con estruendo fue la del expresidente boliviano Evo Morales, quien criticó el doble estándar que impera entre las derechas regionales, que para evitar ser llevadas ante la justicia, se valen de cualquier recurso.
«Para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lasso cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de ‘conmoción interna’. Hace cinco meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo, que hizo lo mismo pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio», escribió Morales en su cuenta de Twitter.
En un giro irónico, hasta la noche del miércoles, solo el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú expresó apoyos públicos a Lasso.
De manera mucho más discreta se pronunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina. Se limitó a decir que su administración estaría atenta al desarrollo de los acontecimientos y aseguró que no esperaba que la decisión de Lasso generara inestabilidad política o situaciones de violencia.
«López Obrador ha tenido posiciones realmente verticales y ha alzado la voz cuando ha correspondido, como en el caso de la señora Boluarte. Esta vez no ha sido la excepción», destacó el analista.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario, Luis Almagro, muy veloces para convalidar atentados contra la democracia cuando se perpetran contra gobiernos y presidentes de orientación popular-progresista, no se pronunciaron en toda la jornada del miércoles y seguían sin emitir comentarios al cierre de esta investigación.
Quien sí lo hizo fue la Embajada de los Estados Unidos en Quito, que publicó un comunicado en respaldo a la decisión adoptada por Guillermo Lasso.
«El gobierno de los Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador.
Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos compartidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico inclusivo y la protección del medioambiente.
La relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte», reza el escueto documento publicado en su portal web, que contrasta con sus expresiones cuando se destituyó al presidente Pedro Castillo en Perú.
En esa oportunidad, Washington manifestó que rechazaba «categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente [Pedro] Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato».
«Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Pedro Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas del Perú funcionen según la Constitución», se lee en el texto publicado para la ocasión por la Embajada estadounidense en Lima.
«Esto cuando se trataba de un presidente de izquierda, de Pedro Castillo allá en Perú. Como se dice en Venezuela: lo que es bueno para la pava, no parece ser bueno para el pavo», señaló.
En el recorrido de actores comentó que la bancada correísta, la mayor de toda la disuelta Asamblea Nacional, se atribuyó el mérito político de haber puesto al presidente contra las cuerdas, aunque advirtieron que no existen razones para decretar la «muerte cruzada», por lo que se trata de una medida inconstitucional.
No obstante acotó que si bien es cierto que los diputados afines al expresidente Rafael Correa jugaron un rol esencial la aprobación del ‘impeachment’, desde el punto de vista de la calle, la iniciativa la tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), cuyo pronunciamiento era esperado con expectación desde inicios de la jornada de este miércoles.
En horas de la tarde, su líder, Leonidas Iza, leyó un pliego que contenía tres anuncios, a saber: convocatoria a una asamblea general de la Conaie, convocatoria a todos los sectores populares para consolidar un espacio de resistencia contra el neoliberalismo que encarna el Ejecutivo y declaratoria de «vigilia permanente» en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano.
Iza también exigió el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto de «muerte cruzada» promulgado por Lasso, pidió a las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos de la población y rechazó la injerencia de la embajada de los Estados Unidos en los asuntos internos del país.
Estas declaraciones, apuntó el analista, resultan «fundamentales» para comprender el tablero político ecuatoriano, porque si bien el correísmo y el movimiento indígena adversan a Lasso, están en enfrentados entre sí.
En su comparecencia ante la prensa, Leonidas Iza describió un panorama socioeconómico sombrío, caracterizado por grandes masas en condición de desempleo, subempleo o trabajo precarizado, pobreza extendida, violencia creciente, corrupción, exclusión en salud y educación, y migración en ascenso.
En su decir, en dos años de gestión, el gobierno de Guillermo Lasso sumió a Ecuador en la peor crisis económica de la historia reciente y ocasionó la segunda oleada migratoria más importante de los últimos 25 años, pues en el último año, cientos de miles de ciudadanos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida.
El comunicador informó que adicionalmente, Iza presentó algunas denuncias y advertencias sobre las que vale la pena detenerse. Según el dirigente indígena, Lasso habría tratado de comprar votos en el Congreso para evitar el enjuiciamiento, pero no tuvo éxito en la apuesta.
En opinión de la Conaie, el presidente ecuatoriano solo apeló al recurso de «muerte cruzada» para evitar su destitución en un contexto donde su popularidad está muy mermada. Por ello, aseguró Iza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional perpetró «un autogolpe de Estado».
Sostuvo asimismo que aprovechando el margen que le da gobernar sin contrapesos durante seis meses, Guillermo Lasso estaría planeando imponer su paquete legislativo neoliberal, que además contraviene lo consagrado en la Carta Magna.
Los resquemores de la Conaie sobre el amplio margen de maniobra del que dispondrá Lasso no parecen ser comentarios politiqueros sin fundamento.
Para fundamentar esta apreciación, Pérez Piela mencionó que Andrés Arauz, excandidato presidencial y una de las figuras claves del correísmo, advirtió a la agencia rusa Sputnik que si bien es cierto que la Corte Constitucional debe revisar y refrendar los decretos presidenciales mientras se eligen nuevas autoridades, su intervención va a la superficie y no tiene capacidad real para frenarlos, pues hay maneras de potabilizarlos.
«Se vuelve una especie de filtro, pero uno muy leve, ya que lo único que se tiene que evaluar [de esos potenciales decretos] es que si son en materia económica, si son de carácter urgente y si son inconstitucionales o no en sí mismos. Y la verdad es que en materia económica hay suficiente amplitud para que puedan interpretarse en el sentido constitucional», detalló Arauz.
A los pocos minutos de concluida la conferencia de prensa de la Conaie tuvo lugar otra, pero en la sede del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, al que le corresponde llevar adelante los comicios generales adelantados para completar el período constitucional en curso, que concluye en 2025.
A este respecto relató que la presidenta del CNE de Ecuador, Diana Atamaint, precisó que el ente debe presentar un calendario electoral a lo sumo siete días después de la promulgación del decreto de «muerte cruzada» y fijar una fecha para los comicios en un lapso que no supere los 90 días.
Adicionalmente avanzó que la segunda vuelta «es una mera posibilidad», por lo que de momento, se concentrarán en definir los plazos y el marco jurídico que regirá el inédito proceso electoral y en conseguir los recursos necesarios para organizarlo en el lapso fijado por la ley.
«Mientras que pase todo eso que tiene que pasar, Lasso va a contar con plenos poderes. Esa es la verdad», advirtió el analista.
De su parte, la presidenta del CNE ecuatoriano puntualizó que en caso de ser necesario el balotaje, el CNE garantizará que se disponga de tiempo suficiente para cumplir con los requisitos previstos, que incluyen la realización de debates públicos entre los dos candidatos y la campaña electoral.
En declaraciones ofrecidas este jueves a la cadena local Teleamazonas, Atamaint, aseguró que el organismo se prepara para convocar a elecciones el próximo 20 de agosto y, de ser necesario el balotaje, se realizará el 15 de octubre.
«El país espera volver a la normalidad y tranquilidad. En eso la función electoral está totalmente consciente y apelamos a que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador», dijo, en referencia a la incertidumbre que parece reinar entre la población.
Aunque la ruta electoral es un camino posible, no es, sin embargo, el único disponible. En ese orden, el comunicador recordó que Esteban Torres, quien ejercía como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional antes de su disolución y otros seis asambleístas ajenos al correísmo y al movimiento indígena, interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para exigir su pronunciamiento en relación con la legalidad del decreto de muerte cruzada.
Torres señaló que este recurso tiene causales específicas que justifican su promulgación «y ninguna de esas causales es precisamente evitar la votación de un juicio político constitucional, legal».
«Esto tendrá que decidirlo la Corte, quien deberá decidir qué pasa al final. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones», consideró el exparlamentario.
Aunque es un grupo pequeño, tampoco parece ser la única voz disidente, porque otros exasambleístas que comparten su disconformidad con el decreto interpusieron una demanda separada ante la Corte Constitucional por el mismo motivo.
De acuerdo con un reporte de teleSUR desde el terreno, la máxima instancia jurídica ecuatoriana admitió ambos requerimientos, designó jueces y aseguró que se pronunciará.
Pero la resonancia del decreto no se limitó a las organizaciones políticas y sociales, sino que también ha tenido expresión en la prensa, donde grandes medios asumieron que habrá elecciones adelantadas e incluso empezaron a barajar posibles candidatos, a pesar de que hay disputas jurídicas en curso.
Guillermo Lasso, ¿víctima de un Parlamento hostil?
En interés de ahondar en el contexto que rodeó la promulgación del decreto de Lasso, Pérez Pirela reiteró que Lasso trató de justificar su pertinencia alegando que desde que inició su mandato, el Legislativo ha torpedeado sistemáticamente casi todas sus iniciativas gubernamentales, lo que en rigor sí constituye uno de los causales para apelar a la «muerte cruzada».
El gobernante acusó a los asambleístas de pretender derrocarlo por cualquier vía y, en su decir, cuando todas se agotaron, forjaron un caso en su contra para promover su enjuiciamiento político, con la mira puesta en su destitución.
Además, aunque no lo expresó directamente, deslizó que habría una especie de contubernio entre la mayoría opositora en el Parlamento y las organizaciones indígenas que han convocado y liderado manifestaciones antigubernamentales, a las que tildó de «violentas».
«Guillermo Lasso quiere presentarse como una víctima del Poder Legislativo que acaba de destituir», sintetizó el especialista, quien consideró que este no es un punto menor y escuchado sin contexto, da la impresión de que se trata de un presidente al que sus adversarios políticos no han dejado gobernar en paz ni un solo día, pues su agenda, como se encargó de subrayar, se basa en «la desestabilización» y, en consecuencia, en el desconocimiento de la voluntad popular que le otorgó el mandato.
Esta situación no es nada infrecuente en la región. Como se recordará, el último episodio de esta lamentable historia fue la destitución de Pedro Castillo en Perú, pero no es ni ha sido el único y tampoco los golpes de Estado son la única vía para torpedear un gobierno.
A modo ilustrativo refirió que el Congreso colombiano se ha constituido en una verdadera piedra de tranca para la reforma fiscal y la reforma de salud que intenta poner en marcha el presidente Gustavo Petro. Los proyectos que radicó han sufrido importantes modificaciones que incluso le obligaron a un cambio de gabinete y el debate sigue trabado.
Lo mismo le ha sucedido a Andrés Manuel López Obrador con importantes iniciativas como la reforma energética, la ley para regular el negocio del litio y la modificación del sistema electoral. Pese a los reveses, AMLO ha demostrado su persistencia y ahora intenta una reforma en el Poder Judicial, que de ser exitosa, otorgaría a los mexicanos la posibilidad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema.
En Venezuela, la Asamblea Nacional electa para el período 2016-2021 intentó deponer al presidente Nicolás Maduro por diversos medios. No solo boicotearon su gestión, sino que con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos derechistas, impulsaron un pretendido gobierno paralelo que le ha causado innumerables daños a la nación.
También están los golpes de Estado parlamentarios contra Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, donde no solo se desplazó a presidentes legítimamente electos, sino que esas naciones experimentaron importantes retrocesos democráticos y sociales tras la interrupción del hilo constitucional a través de mecanismos jurídicos.
En función de lo antes dicho, Pérez Pirela advirtió que no parece casual que Guillermo Lasso se haya presentado a sí mismo como una víctima de un Legislativo hostil y comprometido con su derrocamiento, aunque en los casos precitados los gobiernos que fueron expulsados del poder o a los que se intentó deponer sin éxito –es el caso de Maduro– se alinean a la izquierda del espectro político.
Como se observó en su intervención, omitió deliberadamente las razones que llevaron al rechazo de las propuestas gubernamentales y acusó aéreamente a sus adversarios de trabajar para su salida del poder a través de mecanismos paraconstitucionales.
Sin embargo, cuando se examina el asunto con más detalle, se llega a la conclusión de que la Asamblea Nacional descartó sus propuestas porque atentan contra los derechos del pueblo ecuatoriano y otorgan groseras ventajas a los empresarios locales y extranjeros; en suma, se inscriben dentro del neoliberalismo que Ecuador rechazó con fuerza hace más de dos décadas y al que no parece estar dispuesto a volver.
Por ello, consideró, aunque es claro que la oposición ha utilizado en su favor el antipopular programa de gestión de Lasso, mal podría decirse que su caso es similar a la persecución que han experimentado algunos mandatarios de izquierda en América Latina por parte del Legislativo e incluso, por gobiernos extranjeros.
El detonante: el juicio político contra Lasso
La argumentación precedente sirvió al presentador para concluir sin mayor esfuerzo que el decreto de «muerte cruzada» fue la manera que encontró Guillermo Lasso para zafarse del juicio político al que estaba siendo sometido en la Asamblea Nacional.
A ese respecto recordó que tras varios intentos fallidos en el contexto de las duramente reprimidas movilizaciones indígenas de 2022 y de las políticas de seguridad anunciadas por el gobernante para enfrentar la violencia perpetrada por grupos delictivos dedicados al narcotráfico, la iniciativa cuajó finalmente el pasado 9 de mayo con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.
Antes de conocerse el fallo, el presidente ecuatoriano había asegurado que de aprobarse el ‘impeachment’, acudiría al Parlamento a enfrentar los señalamientos.
Pérez Pirela explicó que según el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente por delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Recordó asimismo que Lasso estaba siendo investigado por una comisión parlamentaria desde inicios de enero de este año por su aparente implicación en un caso de peculado doloso en empresas públicas bautizado por los medios de comunicación como «El Gran Padrino».
Sobre este tema puntualizó que el pasado 1º de de marzo, la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción presentó un informe en el que se recomendó el enjuiciamiento político del gobernante.
En el documento se apuntó que el Ejecutivo no actuó oportunamente para impedir la comisión de delitos como cohecho, peculado y concusión, en el marco de una trama de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, así como en la estatal Petroecuador.
Los señalamientos, que fueron divulgados por el medio local La Posta a inicios del pasado enero, motivaron el inicio de una investigación en la Fiscalía.
De acuerdo con las pesquisas, el cuñado de Lasso, Danilo Carrera Drouet, figura como el principal sindicado en la presunta red de corrupción, porque aunque no ostenta ningún cargo en la administración, tendría el control de las precitadas empresas públicas y, a cambio de coimas, decidiría a qué compañías se le otorgan contratos con el Estado.
Siempre en apego a esta versión, indicó que Carrera y otro ciudadano identificado como Rubén Cherres, habrían influido en la designación de funcionarios en puestos clave dentro del gobierno. Cherres, quien sería un «operador de confianza» del cuñado del mandatario ecuatoriano, también tendría nexos con la mafia albanesa, que regenta uno de los cárteles de la droga en el país andino.
El 2 de abril, Rubén Cherres fue encontrado muerto en un inmueble junto a otras tres personas. Según la Policía Nacional ecuatoriana, en la escena había signos de violencia y los cuerpos presentaban heridas de bala y rastros de tortura.
La Fiscalía de Ecuador emitió una orden de captura en su contra el 21 de enero, pero había logrado evadir a las autoridades ocultándose en una vivienda localizada en la provincia de Santa Elena, en el occidente del país.
De su parte, Carrera, quien tiene 84 años y es uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, fue llamado a declarar el pasado 19 de abril, pero fue liberado de inmediato. No se le impuso ni una orden de aprehensión ni se le prohibió abandonar el país.
Para redondear este asunto del juicio político rememoró que el 30 de marzo, con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional consideró ha lugar el enjuiciamiento político de Guillermo Lasso «por el presunto delito de peculado» y comenzó la cuenta regresiva para el banquero, quien finalmente se presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el pasado martes.
La extensa sesión, que se prolongó hasta bien entrada la noche, fue suspendida temporalmente hasta las 10:00 am del 17 de mayo. No hubo segunda vez. Con el alba y claramente acorralado, Lasso se jugó la carta de la muerte cruzada y destituyó a ese Legislativo que lo estaba investigando.
¿Qué viene para Ecuador?
Tras el prolijo recorrido por la actualidad sociopolítica ecuatoriana, Miguel Ángel Pérez Pirela estimó pertinente presentar algunos posibles escenarios que podrían concretarse en los meses que están por venir.
Así las cosas comentó que en relación con la eventual participación del actual mandatario, Guillermo Lasso, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que no pesa sobre él ninguna medida que le impida presentar su candidatura. Previamente, su abogado dijo a los medios que el presidente «probablemente» participará en los comicios porque «es el candidato natural».
Si se hacen cuentas en función de la baja popularidad registrada en los sondeos y de las circunstancias en las que Lasso decidió decretar la «muerte cruzada», el panorama electoral no luce alentador para él.
En solo dos años de gestión, su administración acusa desgastes importantes y exhibe fracasos estruendosos en temas clave para la narrativa derechista como la seguridad.
Sobre lo primero, valoró que no puede olvidarse que diputados derechistas apoyaron el juicio político en su contra y sobre lo segundo, la política de «mano dura» no se ha traducido en una disminución de los índices de violencia en el país sino en todo lo contrario.
Horas antes de hacerse público el decreto –que según la prensa local estaba en preparación desde que se aprobó el ‘impeachment’–, se reportó un atentado contra un alcalde, que dejó un muerto y cinco heridos.
La Policía Nacional de Ecuador informó que la mañana de este lunes se registró un atentado en contra de Luis Chonillo, alcalde del cantón Durán, en la provincia de Guayas, que dejó un muerto y cinco heridos.
En declaraciones a los medios, el ministro del Interior Juan Zapata, precisó que el incidente cobró la vida de un cabo identificado como Jorge Tama, «quien era parte del equipo de seguridad del alcalde».
De acuerdo con la versión de la Policía, el ataque se perpetró contra el vehículo en el que viajaba Chonillo hacia la sede del Ayuntamiento para instalar la primera sesión del Concejo Municipal. Él no recibió ninguna herida.
Chonillo, recordó, fue electo alcalde de Durán en los comicios seccionales de Ecuador celebrados el pasado 5 de febrero, con 51.210 votos a favor (36,08 % de los sufragios), según los resultados oficiales del CNE.
Este infortunado evento le permitió apuntar en dos direcciones: la violencia contra personalidades públicas está escalando en Ecuador, lo que nunca es un buen signo; de otro, aunque estos graves hechos están en el tapete, no han sido razón para que Lasso decrete el estado de conmoción.
Si se atiende al lugar donde sucedieron los hechos, se encuentra que la provincia de Guayas –de donde es oriundo el mandatario y que hasta las recientes elecciones municipales era un feudo de la derecha– exhibe los peores índices de violencia homicida en el país.
La respuesta del Ejecutivo ha sido la militarización y el desarrollo de operativos en los lugares donde presuntamente operan las organizaciones delincuenciales, incluyendo las cárceles.
Para ello, a finales de abril de 2022, Lasso ordenó el despliegue por 90 días de 4.000 policías y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, que comparten frontera con Colombia.
La medida, que no se ha desmontado del todo y se ha prorrogado varias veces con algunas modificaciones, ha traído consigo detenciones arbitrarias, requisas sin orden judicial y otras violaciones a los derechos humanos, no ha exhibido los resultados esperados.
El pasado 12 de abril, guardias de seguridad encontraron a seis reclusos muertos en el pabellón cinco de la Penitenciaría del Litoral, en el complejo carcelario de Guayaquil, Ecuador.
De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, la reyerta se produjo entre miembros del grupo criminal Las Águilas, uno de los que se disputa el control de los recintos carcelarios en el país andino.
Informes semejantes copan la prensa ecuatoriana a diario y la gestión gubernamental es valorada negativamente por este fracaso, que a la sazón constituye uno de los pilares del programa de gobierno presentado por el mandatario.
Con base en las consideraciones precedentes, el comunicador aseguró que no era sorprendente que CREO, la fuerza política que llevó a Lasso a la presidencia, haya recibido un contundente rechazo en las elecciones locales que se celebraron el pasado mes de febrero, donde tanto el correísmo como las agrupaciones políticas indígenas, particularmente Pachakutik, se impusieron sin problemas en buena parte del país.
Así las cosas, indicó. aunque hay cuestionamientos fundamentados sobre la constitucionalidad y legalidad del decreto de «muerte cruzada», el escenario electoral, lejos de convenirle al presidente, le conviene a su oposición, como rápidamente advirtieran Rafael Correa y sus seguidores.
Sin embargo, el analista se permitió añadió un matiz a este escenario aparentemente favorable para las izquierdas y proyectos populares en Ecuador: Guillermo Lasso logró ser presidente por la división entre el correísmo y el indigenismo, cuya difícil relación se ha transformado en un muro para avanzar en un proyecto nacional que logre armonizar dos ramas del mismo árbol.
Sin restar méritos al correísmo, que en los últimos años ha tenido que sobrevivir como movimiento en medio de persecuciones judiciales basadas en acusaciones fraudulentas y feroces campañas mediáticas, desde tiempos de Lenín Moreno la Conaie ha logrado hacerse con el liderazgo de la mayor parte de las protestas y reclamos sociales.
Sin embargo, sí puede endilgarse al movimiento Pachakutik, brazo electoral de la Conaie, el triunfo de Lasso en 2021, cuando se impuso a Andrés Arauz, candidato del correísmo por poco más de 400.000 votos. En contraste, el voto nulo que promovieron los indigenistas sumó más de 1,7 millones. De no haberse producido esta división, las fuerzas derechistas habrían sufrido una derrota categórica, señaló el presentador.
«La división entre el correísmo y la Conaie llevó a Lasso, un banquero neoliberal, a la presidencia», puntualizó el especialista, quien estimó que cada una de las formaciones puede, a no dudarlo, reclamar para sí méritos políticos indudables, pero la situación que está por venir les debería obligar a reconsiderar su antagonismo histórico, pues disponen de una oportunidad privilegiada para desplazar a Lasso del poder a través del voto popular y trabajar activamente para los comicios de 2025.
Pérez Pirela señaló que Leonidas Iza no es Yaku Pérez, cuyo dudoso historial con la causa indígena y el progresismo salió a la luz en los últimos comicios presidenciales, pero también es cierto que representa a un colectivo, antes que a su propia individualidad y no ha dado muestras de estar interesado en acercarse al correísmo, ni siquiera en una coyuntura tan compleja como la actual.
Por su lado, el correísmo tiene como hacer valer que es la primera fuerza electoral del país, donde se impuso en 9 de las 23 provincias, incluyendo Guayas y Pichincha, donde se concentra la mayor cantidad de población. Otro tanto sucedió a nivel local. Conquistó 50 alcaldías de 221, incluyendo Quito y Guayaquil. En esta última ciudad, la derecha era hegemónica desde hace 30 años.
No obstante, advirtió, ni el expresidente Rafael Correa, ni ninguno de los operadores locales del correísmo parecen estar dispuestos a entablar conversaciones para formar una alianza anti-derechista con Pachakutik o la Conaie, aunque en nuestra opinión, sería lo que más convendría.
Por otro lado, aunque es cierto que la popularidad del mandatario no está en su punto más alto, dispondrá de tres meses para gobernar sin prácticamente ningún contrapeso, lo que le podría dar la oportunidad no solo de aprobar decretos económicos neoliberales, sino de anunciar medidas efectistas para ganar apoyos, sin que ninguna instancia pueda ponerle coto.
«Este es el peligro de Lasso, esta es la jugada de Lasso», reiteró.
Sea en agosto u octubre, un triunfo de Lasso supondría una derrota estratégica para todo el movimiento progresista ecuatoriano, pues su legitimación en las urnas le daría la oportunidad de atacarles y perseguirles con todavía más ahínco.
«Recordemos que tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso tienen seis años persiguiendo al correísmo. Correa vive en Bélgica, pero la mayor parte del correísmo está sufriendo la persecución en Ecuador», dijo para concluir.
(LaIguana.TV)
